El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, este miércoles, a su llegada al Congreso.El Estado, de nocheARCADI ESPADA
El último domingo, pasadas las diez de la noche, el coronel Diego Pérez de los Cobos recibió la llamada de la directora de la Guardia Civil. Un rato antes le habían telefoneado dos generales. La directora le dijo que iba a destituirlo y le explicó por qué: Pérez de los Cobos no le había informado de que la unidad de la Guardia Civil (en funciones de policía judicial) que investigaba la responsabilidad del Gobierno (de su delegado en Madrid, concretamente) en la propagación de la pandemia, había enviado parte de sus diligencias al juez.
En realidad, lo que la directora quería decirle era 1/ que no le había informado de que el contenido de las investigaciones era incriminatorio y 2/ que cómo había permitido que lo fuera. Pero no es necesario interpretar lo que quiso decirle la directora. Basta con fijarse en lo que le dijo.
Un domingo, de noche, un coronel de la Guardia Civil era destituido por cumplir escrupulosamente con su deber. No es que Pérez de los Cobos no tuviera ninguna obligación de conocer el curso y el contenido de las diligencias. Es que tenía la obligación de desconocerlas. Por lo tanto, lo que realmente interesa de esta historia es que la directora se atreviera a decirle al coronel que lo cesaba por cumplir con su obligación. E interesa, más allá de que la directora deba comparecer ante un juez para determinar si cometió el desagradable delito de prevaricación, por reflejar hasta qué punto ha llegado la degradación del Estado de Derecho en España.
Es el impudor, la desenvoltura, la exhibición de impunidad de una alta funcionaria del Estado lo primero que merece subrayarse de este caso singularísimo y terminal. Y aún más lo merece, obviamente, cuando se repara en lo obvio. Al igual que los dos generales que llamaron previamente, también la directora actuaba por encargo de. En este caso, del ministro del Interior.
No es descabellado que el ministro hubiera recibido también el mismo domingo, un rato antes, alguna llamada de su superior jerárquico recriminándole 1/ que no le había informado de que el contenido de las investigaciones era incriminatorio y 2/ que cómo había permitido que lo fuera. Su reacción, con nocturnidad e histerismo, tiene mucho que ver con esa probabilidad.
El reflejo de la fragilidad del Estado de Derecho que supone este caso es múltiple. Y alcanza también, por cierto, al general Pablo Salas. La facilidad con la que el ministro Marlaska ha encontrado en él al sustituto de Pérez de los Cobos es inquietante. Supongo, no estoy muy al corriente, que el lema Todo por la Patria aún estampa el dintel de la fachada de los cuarteles de la Guardia Civil. Si es así, el general Salas habría de recordar que la abstracción
Patria simboliza muchas cosas concretas. Y una de ellas, la limpieza ética y política.
Una patria que no respeta la democracia no es una patria, es una mierda. Por esto Cataluña es hoy un lugar de mierda, incluso para muchos nacionalistas. El general Salas debe saber -y en caso de ignorancia puede preguntárselo al propio De los Cobos- a través de qué método putrefacto ha ascendido en el escalafón. Una destitución de tal naturaleza solo puede interpretarse, además, como un aviso a navegantes. Salas es el aviso y no el navegante, y cierta vergüenza patriótica debería darle.
La fracción intelectual (algo hay que llamarles) de los déspotas ha intentado justificar al Gobierno centrándose en la calidad técnica del informe de la Guardia Civil. Huelga decir que la presunta mala calidad del informe solo compete al capitán responsable y en absoluto a De los Cobos que, repitámoslo, tenía la obligación de no conocer.
La prensa socialdemócrata tuvo este miércoles la desfachatez de escribir en su portada que el informe está plagado de "especulaciones y medias verdades". Es cierto. Y cabe esperar que el juez lo tenga en cuenta. Pero lo que cabe esperar, sobre todo, es que ello sea el anuncio de un benéfico cambio de orientación ético y técnico de esa prensa.
Una de las informaciones sobre la destitución, por ejemplo, la firmaba un sujeto que en el pasado escribió decenas de informaciones alimentadas con las "especulaciones y medias verdades" de informes policiales, que él daba siempre como hechos probados. La diferencia es que esos informes aludían a lo que llamaban entonces, con sucio cintillo, "Los escándalos que afectan al PP".
Fueron esos informes, repetidos durante años, y colocados uno encima de otro, los que permitieron que una atufante morcilla de sangre, obra de un magistrado y no de un policía, propiciara la ilegítima designación de sanchez como presidente del
gob. Las medias verdades propician mentiras enteras monstruosas.
Diego Pérez de los Cobos es un veterano servidor del Estado. Desconozco su biografía, más allá del currículum oficial, con la excepción del papel que jugó en el intento de golpe en Cataluña. Y sé que allí salvó al Estado dos veces.
La primera el 1 de octubre. La policía a su mando comunicó aquel día a los nacionalistas cuál sería el precio de su insurrección. Y lo hizo utilizando una diezmillonésima parte -lo he calculado- de la fuerza legítima del Estado. Solo se le escapó una bala de goma que acabó con un ojo. Triste. Pero pedagógico: la revolución cuesta un ojo de la cara, les enseñó.
La segunda vez fue en el juicio. Si los miembros del Tribunal Supremo pudieron condenar a los sediciosos no fue, principalmente, por el deslavazado trabajo de la Fiscalía, ni mucho menos por el trabajo becario, puramente enrojecedor, de una Rosa María Seoane, pasante del Gobierno. Fue Pérez de los Cobos, testigo de la acusación, el único capaz de construir un relato coherente e implacable sobre la actuación del Gobierno de la Generalidad, tan próxima en su coordinación y sus fines, a la de una organización criminal.
Puede que la conducta del coronel fuera la que se espera de un mero patriota. Pero eso me es indiferente. En la sala noble del Supremo aparecía simplemente como un hombre que había trabajado con dureza, durante muchas horas, para tratar de comprender qué es lo que había pasado en Cataluña aquel octubre y poder contarlo de una manera clara, ordenada e infalseable.
Por lo que no extraña que de inmediato se convirtiera en uno de los principales objetivos de los enemigos del Estado que hoy forman la mayoría parlamentaria de sanchez. Y que son, al fin, los que han acabado con él. Mucho, mucho antes del 8 de marzo menstrual extendieron el virus, que apenas esperaba la ocasión de una infección oportunista.