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Mensajepor Invitado » Mié 13 Jun, 2018 11:38 pm

zasca a vox


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Mensajepor Lastra » Jue 14 Jun, 2018 10:12 am

Lastra escribió:http://cadenaser.com/emisora/2018/06/12/radio_mallorca/1528785117_074408.html
Sexta condena por corrupción para el
expresidente Matas


El Supremo confirma la pena de 3 años y 8 meses de cárcel del que fuera ministro del Gobierno de Aznar

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2/06/2018 - 12:06 h. CEST

El Supremo ha confirmado la pena de de 3 años y 8 meses de cárcel para el expresidente de Baleares, Jaume Matas, en la sentencia firme dictada por el Tribunal Supremo por el caso Nóos. El que fuera ministro del Gobierno de José María Aznar fue condenado por la Audiencia de Baleares a tres años y ocho meses de cárcel y la Fiscalía pidió elevar la pena a un año más en la vista por los recursos que tuvo lugar en el alto tribunal el pasado mes de marzo.

TRIBUNAL SUPREMO

El Supremo rebaja a 5 años y 10 meses la condena de Urdangarin, que tendrá que ir a prisión.

Con esta nueva condena Matas suma su sexta sentencia por un asunto de corrupción. La primera por una pieza del caso Palma Arena le llevó a cumplir nueve meses en la cárcel de Segovia por tráfico de influencias. Posteriormente fue sentenciado en firme al pago de casi 50.000 euros después de que un jurado popular le declarase culpable de un delito de cohecho tras conseguir que un empresario hotelero contratase a su mujer con un sueldo de 3.000 euros al mes por no hacer nada. El dictamen fue ratificado por el Supremo.

En 2017 llegaron las siguientes dos condenas, a penas de inhabilitación por la contratación de los arquitectos del velódromo Palma Arena y por encargar el diseño de un proyecto de palacio de la Ópera al arquitecto Santiago Calatrava, por el que también fue sentenciado a pagar un millón y medio de euros de responsabilidad civil. Un mes después aceptó una pena de inhabilitación y la devolución de 35.000 euros por otorgar un contrato de patrocinio a la empresa de publicidad de cabecera del partido a nivel regional.

Más información
• Jaume Matas, condenado a tres años y ocho meses de cárcel por prevaricación y fraude
• La infanta, absuelta y Urdangarin, condenado a 6 años y 3 meses de cárcel

El expresidente tiene todavía pendiente un juicio en el que la fiscalía reclama para él cuatro meses y medio de cárcel y 16 años de inhabilitación por la presunta manipulación del concurso público para adjudicar las obras de construcción del hospital de referencia de Son Espases en Palma. En este asunto está siendo procesado por delitos de prevaricación, fraude, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.


Pasa para dentro, a la cárcel

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Mensajepor Lastra » Jue 14 Jun, 2018 10:23 am

http://cadenaser.com/emisora/2018/06/13 ... 53799.html
Iñaki Urdangarin tiene cinco días para ingresar en prisión


•La Audiencia de Palma da también cinco días al socio de Urdangarin, Diego Torres, para ser encarcelado
•Jaume Matas no comparece en la Audiencia de Palma. Ha ingresado voluntariamente en la cárcel de Aranjuez


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Iñaki Urdangarin tiene cinco días para ingresar en prisión. La Audiencia Provincial de Palma le ha otorgado de plazo hasta el lunes para que elija una cárcel del territorio nacional e ingrese para cumplir con la condena de cinco años y diez meses de cárcel que dictó el Tribunal Supremo por el caso Nóos. Las juezas no le han retirado el pasaporte, por lo que podrá estar en Suiza hasta el lunes.



Más información
• Los números por los que Iñaki Urdangarin irá a la cárcel
• Las dos cárceles que estudia Interior para el ingreso de Urdangarin
• La sentencia firme de Nóos, en diez frases
• Urdangarin podría tener permisos penitenciarios dentro de un año y medio




El marido de la infanta Cristina ha entrado en la Audiencia a las 12:15 horas. Ha llegado dos horas después de haber aterrizado en Palma procedente de Ginebra y presumiblemente, durante ese tiempo, ha estado reunido con su abogado, Mario Pascual Vives. Ha bajado de un monovolumen de color gris, con pantalón claro y chaqueta. Ha estado apenas cinco minutos en el interior del palacio judicial donde ha recogido el mandamiento y ha abandonado el edificio judicial entre gritos de "chorizo y ladrón" de las decenas de ciudadanos que atraídos por la curiosidad esperaban a las puertas de la Audiencia.

Urdangarin puede elegir prisión

Urdangarin puede marcharse a Ginebra y volver antes del lunes para ingresar en la cárcel española que elija. La ley le permite elegir cualquier prisión de España, aunque la dirección del centro está facultada para cambiarle de prisión si considera que la elegida no es segura.

De forma paralela, el marido de la infanta puede intentar esquivar la prisión solicitando un indulto al Gobierno. Eso no quiere decir que se suspenda su entrada en la cárcel, ya que sería una decisión que competería a las juezas de la Audiencia. Además puede plantear un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, pero con una pena superior a cinco años, como es su caso, queda descartada la suspensión.

El mismo plazo para Diego Torres

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El exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, a la salida de la Audiencia de Palma, donde el tribunal del caso Nóos le ha comunicado que tiene cinco días para ingresar en prisión para cumplir la condena de 5 años y 8 meses. / Ballesteros (EFE)

El plazo de cinco días es el mismo que tiene el que fuera su socio Diego Torres. Ha llegado a la Audiencia al filo de las 9:00. Ha estado diez minutos en el interior del edificio judicial, que ha abandonado con una media sonrisa junto a su abogado Manuel González Peeters. Una hora en la que no había tanta gente congregada a las puertas de la Audiencia.

Quien sí ha evitado la foto ha sido el exministro y expresidente balear Jaume Matas. Fuentes de su defensa confirman que ha decidido saltarse el trámite y que el exlíder del PP balear ha ingresado voluntariamente en la madrileña cárcel de Aranjuez.

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Mensajepor Invitado » Jue 14 Jun, 2018 1:45 pm

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Puigdemont denuncia a Pig Demont, empresa malagueña cuyo logo es un cerdo con pelo y gafas

"El humor es fundamental en la vida, y en política por supuesto también, quizá más, y no ha habido intención de molestar", asegura el empresario.

El abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha impugnado el registro de la marca malagueña Pig Demont, dedicada a la distribución de jamón y bebidas, por presunta "ofensa y vejación" a la imagen de Puigdemont.

En declaraciones este miércoles a TV3, el abogado del expresident ha explicado que envió un requerimiento a la Oficina de Patentes y Marcas en diciembre para impugnar la marca por considerar que la imagen —un cerdo con gafas y pelo— es una clara caricatura del expresidente y por "las similitudes fonéticas con su apellido, que no tienen autorización para utilizar".

La oficina suspendió el uso de la marca y ahora el propietario de la empresa ha presentado alegaciones contra la decisión, ha explicado Alonso-Cuevillas.

La defensa de Puigdemont ha actuado contra la empresa en el ámbito de la propiedad industrial pero ha asegurado que, si sigue utilizando la marca, reclamarían por la vía civil, "y si además se producen expresiones ofensivas, se procederá por la vía penal".

Alonso-Cuevillas ha asegurado que Puigdemont "de este asunto se ha preocupado poco", porque tiene asuntos mucho más relevantes de los que ocuparse.

El empresario ve "humor"

El empresario Alberto González, que se ha mostrado preocupado por el futuro de su empresa malagueña, ha dicho que "el humor es fundamental en la vida, y en política por supuesto también, quizá más, y no ha habido intención de molestar".
En declaraciones a la Cope, ha dicho que el 11 de junio presentó sus alegaciones al requerimiento, en las que dice que "el logo no refleja la imagen de él, y por supuesto se pretendió llamar 'Cerdo de monte" ('Pig Demont')" a la empresa, y su abogada calcula que el caso puede alargarse de una a tres semanas.

Ha insistido en que el logo no es su imagen sino la caricatura de un cerdo: "Que yo sepa, no tiene que tener él la propiedad de ese pelo", ha añadido en alusión a que el peinado se pueda parecer al de Puigdemont.

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Mensajepor Invitado » Jue 14 Jun, 2018 1:51 pm


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Mensajepor Lastra » Jue 14 Jun, 2018 3:44 pm

https://www.eldiario.es/politica/IU-dir ... 72032.html
IU pide que el director de eldiario.es declare ante el juez de la caja B por las confesiones que le hizo Lapuerta


La petición es consecuencia de un artículo que el extesorero del PP autorizó a publicar a Ignacio Escolar tras su muerte

La acusación popular pide también que se incorporen a esta causa las sentencias de la trama valenciana y de la Primera Época de Gürtel

El día en el que el tesorero Álvaro Lapuerta quiso tirar de la manta

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Muere el extesorero del PP Álvaro Lapuerta a los 90 años

La Audiencia Nacional extiende el plazo para investigar la caja B del PP hasta agosto de 2020
IU pide al juez de la caja B que investigue al empresario Vicente Cotino
ETIQUETAS: caja B, PP, Álvaro Lapuerta, IU, Ignacio Escolar, Audiencia Nacional, José de la Mata


La acusación popular que ejerce Izquierda Unidad en la causa de la caja B del PP ha solicitado al juez José de la Mata que cite a declarar en calidad de testigo al director de eldiario.es, Ignacio Escolar, por el contenido de una información en la que relata las confesiones que le realizó Álvaro Lapuerta sobre la financiación irregular del partido político y que le autorizó a publicar después de que falleciera.

En un escrito al juzgado, al que ha tenido acceso eldiario.es, la acusación popular también solicita que se incorporen a la causa de los 'papeles de Bárcenas' las sentencias de la Audiencia Nacional por la trama valenciana de Gürtel y la de la conocida como Primera Época. Consideran los letrados de IU que el testimonio que pueda prestar Escolar es coincidente y acreditativo de unos hechos delictivos recogidos en las citadas sentencias.



"Es de resaltar que parte de las revelaciones que el Sr. Lapuerta realizó al Sr. Escolar han sido posteriormente confirmadas en otras piezas del presente procedimiento, por lo que consideramos que su declaración ante este Juzgado podría arrojar luz acerca de los hechos investigados y abrir nuevas vías de investigación respecto de los mismos", dice el escrito de IU.

Así por ejemplo, la sentencia de la trama valenciana califica como " soborno en diferido" la conducta de los empresarios investigados en esa pieza, "conducta totalmente equiparable a lo que, según cuenta el Sr. Escolar en su artículo, le fue narrado por Álvaro Lapuerta", añade.

Entre otras cosas, Lapuerta relató al periodista un encuentro de Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre que se celebró en noviembre de 2004, en la sede del partido en Génova 13. En presencia de Rajoy, Lapuerta recriminó a Aguirre que su entonces número dos, Ignacio González, estaba detrás de un pelotazo en Arganda del Rey, pendiente de sentencia en la segunda época de la Gürtel y que pasa por ser la mayor de las muchas operaciones corruptas en las que participó Francisco Correa.

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Mensajepor Lastra » Jue 14 Jun, 2018 5:04 pm

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Mensajepor Lastra » Jue 14 Jun, 2018 9:03 pm

http://cadenaser.com/emisora/2018/06/14 ... 47506.HTML
La juez imputa a otros cuatro docentes del máster de Cristina Cifuentes


Jesús Primitivo, Elena María Pérez, Manuel Arenilla y Esther González tendrán que comparecer ante la magistrada del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, el mismo día en el que está citada la propia Cristina Cifuentes

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14/06/2018 - 19:04 h. CEST

La juez del 'caso máster' ha citado como investigados a otro grupo de profesores que dieron clase en este curso que organizó el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) el próximo 26 de junio. Los cuatro investigados (Jesús Primitivo, Elena María Pérez., Manuel Arenilla y Esther González) tendrán que comparecer ante la magistrada del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, el mismo día en el que está citada la propia Cristina Cifuentes.

En total, hay 14 imputados ya por este caso que investiga presuntas irregularidades en el máster de Derecho Autonómico que cursó la exmandataria regional en 2012.

Según ha adelantado el diario 'El Independiente', uno de los investigados, Manuel Arenilla, ha desempeñado varios cargos en la administración pública y dirige el Instituto Nacional de Administración Pública. Por su parte, Jesús Primitivo Rodríguez figuraba entonces como el coordinador de la asignatura 'Los derechos y libertades en el ámbito autonómico y local'.

A su vez, Esther González impartió la materia 'Intervención y cooperación en el Estado autonómico y local' y Elena Pérez se encargó de la asignatura 'La inmigración en el ámbito de las competencias estatales'. Se trata de materia que aparecen en las calificaciones de la propia Cifuentes

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Mensajepor Lastra » Vie 15 Jun, 2018 10:33 am

https://www.eldiario.es/cv/politica/PP- ... 72960.html
Un diputado del PP que exigió la salida de Màxim Huerta, condenado por cuatro años de pluriempleo ilegal en Torrevieja


Joaquín Albaladejo se negó a dimitir en 2014 como concejal de Hacienda de la localidad pese a la sentencia que declaró incompatible sus diferentes actividades privadas con el sueldo público, cuya retribución osciló entre los 96.800 y 145.200 euros

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Joaquín Albaladejo (segundo por la derecha) junto a la líder del PP valenciano, Isabel Bonig

Casi de manera impulsiva, el diputado nacional del Partido Popular Joaquín Albaladejo ha venido tuiteando y compartiendo mensajes en su perfil de Twitter con la petición de dimisión de Màxim Huerta. Finalmente, el escritor ha terminado dejando su puesto como ministro de Cultura por haber defraudado a Hacienda 256.778 euros, algo que Albaladejo ha celebrado sin recordar que él también estuvo en el punto de mira como concejal de Torrevieja por unos hechos de los que, como Huerta, también se lucró. La diferencia es que el político alicantino se negó a dejar el cargo.

En 2014, el Juzgado de lo Contencioso Número 1 de Elche declaró nulo el acuerdo del pleno del consistorio alicantino de 2007 en el que se acordó la compatibilidad que reclamó Joaquín Albaladejo para seguir ostentando el cargo de concejal de Hacienda –en régimen de dedicación exclusiva- a la vez que ejercía sus actividades privadas como agente de la propiedad inmobiliaria, administrador de fincas y letrado, ya que, entendía el magistrado, estas no podían considerarse profesiones “marginales”.

O en otras palabras, el actual secretario general del PP de Torrevieja había estado durante cuatro años cobrando dinero público de manera irregular. La cuantía varía según a quien le preguntes. Regidores consultados, entonces en la oposición, estiman que percibía un sueldo como concejal de 46.200 euros anuales, lo que le generó un ingreso de 145.200 euros en los 3 años y 8 meses que estuvo vigente el acuerdo plenario. El ahora diputado nacional rebajó entonces ese salario a 2.200 euros netos mensuales, que dan un jornal total en todo ese tiempo de 96.800 euros, sin contar los ingresos que tenía por asistencia a pleno y otras representaciones como diputado provincial en la Diputación de Alicante. Fuentes municipales también calculan que su dedicación exclusiva en el Ayuntamiento de Torrevieja le generó un coste añadido de 80.000 euros en costes a la Seguridad Social durante los años 2007 a 2011.

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Mensajepor Lastra » Vie 15 Jun, 2018 10:39 am

http://cadenaser.com/ser/2018/06/14/tri ... 62493.html
Ricardo Costa: "José Mayor Oreja me dio 150.000 euros para la campaña de Mariano"


El exsecretario general del PP en la Comunitat valenciana ratifica ante una juez de Valencia que el hermano del exministro Mayor Oreja, que aparece en los papeles de Bárcenas, “sacó de la chaqueta” 150.000 euros “en billetes de 500” y se los entregó para la campaña electoral de Mariano Rajoy a la presidencia del Gobierno en 2008. Costa reitera su “voluntad de colaborar con la justicia” en un “testimonio totalmente creíble” según fuentes presentes en el interrogatorio

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Madrid
14/06/2018 - 23:05 h. CEST

El exsecretario general del Partido Popular en la Comunitat valenciana, Ricardo Costa, ha ratificado este jueves la declaración que hizo en la Fiscalía Anticorrupción, ante la titular del juzgado número 17 de Valencia que investiga una de las piezas de la supuesta estafa en la Fórmula 1 durante la etapa de Francisco Camps en la presidencia de la Generalitat. FCC, la empresa a la que representaba José Mayor Oreja, resultó adjudicataria de uno de los contratos para la construcción del circuito urbano de Valencia para la Fórmula 1. El juzgado investiga si el pago denunciado por Costa era una comisión a cambio de la concesión de la obra.

Costa ha manifestado que recibió en 2008 a José Mayor Oreja, entonces directivo de la empresa FCC y hermano del exministro del Interior con Aznar, quien le dio 150.000 euros en billetes de 500 para la “campaña de Mariano” Rajoy a la presidencia del Gobierno, según sostiene Costa que le dijo el empresario.

Ricardo Costa afirma que fue el exvicepresidente autonómico, Vicente Rambla, quien le pidió que recibiera al empresario, y que él accedió porque era hermano del exministro. El exsecretario general regional del PP recibió el dinero que Mayor Oreja “sacó de la chaqueta” y se lo dio al vicesecretario del partido, David Serra, condenado en el caso Gürtel.

José Mayor Oreja fue despedido en 2013 de FCC, después de que su nombre apareciera en los ‘papeles de Bárcenas’ o caja b del gasto diario del Partido Popular, asociado a dos pagos en 2008 que ascendían a 165.000 euros.

Ricardo Costa también ha declarado ante la juez que José Mayor Oreja le dijo en aquel acto que se encontraba en Valencia “por un tema de la Fórmula 1”. FCC, la empresa a la que representaba José Mayor Oreja, resultó adjudicataria de uno de los contratos para la construcción del circuito urbano de Valencia para la Fórmula 1. El juzgado investiga si el pago denunciado por Costa era una comisión a cambio de la concesión de la obra.

Ricardo Costa ha declarado durante aproximadamente dos horas como testigo a petición de la Fiscalía Anticorrupción. El exsecretario general, desde que confesó la financiación en negro del Partido Popular valenciano en el juicio del caso Gürtel, ha mostrado su disposición a “colaborar con la justicia” en todos aquellos asuntos en los que pueda aportar su conocimiento. Costa ha contestado a todas las partes personadas y su testimonio ha resultado “totalmente creíble”, según fuentes presentes en el interrogatorio.

Precisamente la construcción del circuito urbano y la existencia de comisiones, así como la posible estafa en las adjudicaciones de contratos de consultoría e imagen, están siendo investigados por este juzgado número 17 de Valencia, y las pesquisas apuntan al expresidente Francisco Camps y a su entorno. Otro órgano jurisdiccional de la ciudad, el número 2, investiga la malversación de caudales públicos y prevaricación en la contratación del evento. En este último caso, la Fiscalía ya ha pedido juzgar a Francisco Camps por ambos delitos.

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Mensajepor Lastra » Vie 15 Jun, 2018 1:40 pm

https://www.eldiario.es/galicia/politic ... 72741.html
La constructora de un alcalde del PP cobró sobreprecios en viviendas protegidas y Feijóo dice que las urnas lo avalaron


El Tribunal Supremo ratifica la condena a Construcuatro, de la que era socio el alcalde popular de Sanxenxo, pero el presidente gallego destaca que "después de conocerse la demanda se sometió a las elecciones y volvió a ser elegido"

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El Tribunal Supremo acaba de ratificar una condena a la inmobiliaria Construcuatro, de la que era socio en el momento de los hechos, hace más de una década, el alcalde popular de Sanxenxo (Pontevedra), Telmo Martín, que entre 2011 y 2015 fue el diputado más rico del Congreso, por cobrar sobreprecios a compradores de viviendas de protección autonómica ejecutadas por ella en Vigo. Preguntado por la situación política en la que queda Martín tras la sentencia, el presidente Feijóo destacó que, “después de conocerse el expediente sancionador y la demanda de los propietarios” que ahora ratifica el Supremo, su compañero de partido “se sometió a las elecciones y volvió a ser elegido como la lista más votada”.

Los sobreprecios que Construcuatro exigía a compradores de las viviendas que había ejecutado en el polígono de Navia, en Vigo, fueron denunciados por varios afectados por la vía penal, pero la causa no tuvo recorrido. Sin embargo, en la vía administrativa la Xunta impuso a la constructora una multa de 2,5 millones de euros y exigió la devolución de otros 1,2 millones a los compradores perjudicados. La constructora recurrió esas sanciones sin éxito primero ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y ahora ante el Supremo, que ratifica las multas y la prohibición a la empresa de participar en nuevas promociones de vivienda protegida en Galicia durante seis años.

Este jueves el presidente Feijóo destacó que el expediente administrativo contra Construcuatro fue iniciado “por un Gobierno del que yo formaba parte". Feijóo puso ese hecho como ejemplo de que no le tiembla la mano para “sancionar a cualquier empresa, sean cuales sean los socios”.

Pero a continuación el presidente minimizó la responsabilidad política de su compañero de partido. “Hay varios socios, uno de ellos era el alcalde de Sanxenxo, que después de conocer el expediente sancionador y la demanda de los propietarios se sometió a las elecciones y volvió a ser elegido como la lista más votada, a un concejal de la mayoría absoluta”, dijo Feijóo, empleando un argumento habitual en él para minimizar la responsabilidad política de cargos de su partido que obtienen buenos resultados en las urnas.

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Telmo Martín fue alcalde del turístico municipio de Sanxenxo entre 1999 y 2006 y vuelve a serlo desde hace un año, tras intentar sin éxito por el medio ser alcalde de la vecina Pontevedra en 2007 y 2011 y convertirse entre 2011 y 2015 en el diputado más rico del Congreso, con su patrimonio de 21 millones de euros. Eso no le impidió solicitar en 2016 la prestación de 2.800 euros mensuales a la que tienen derecho los exdiputados que se quedan sin trabajo, a la que acabó renunciando tras la polémica que generó aquella decisión.

En los años 90 Martín impulsó la inmobiliaria Construcuatro, que no sólo estuvo implicada en los ahora ratificados sobreprecios en viviendas protegidas de Vigo. En la propia Sanxenxo, en primera línea de costa de su céntrica playa de Silgar, a pocos metros de donde Mariano Rajoy veranea desde hace años, Construcuatro levantó un edificio de seis plantas con el que invadió el dominio público, lo que le supuso recibir en 2005 una propuesta de sanción de tres millones de euros que le sería perdonada en secreto a finales de 2011 en una reunión del Gobierno gallego presidida por el propio Feijóo.

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Mensajepor Lastra » Vie 15 Jun, 2018 5:03 pm

https://www.eldiario.es/cv/corrupcion/R ... 72800.html
Ricardo Costa confirma ante el juez el cobro de comisiones por el circuito de Fórmula 1 y complica la declaración de Camps


El exnúmero dos del PP ha declarado como testigo en la causa y tras varias horas de interrogatorio ha asegurado que ha contestado a todas las preguntas

Como imputados estaban citados Rambla, Serra y Camps, este último ha llegado a declarar a las 22 horas

El expresidente de la Generalitat ha llegado al juzgado acompañado por su hijo y ha manifestado que "siempre contesta" a todo

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El exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, ha confirmado ante el titular del juzgado de Instrucción número 17 de Valencia el cobro de comisiones por la construcción del circuito urbano para el gran premio de Fórmula 1 celebrado en Valencia entre 2008 y 2012. Costa, que ha declarado como testigo, complica de este modo la declaración del expresident de la Generalitat, Francisco Camps, quien también tenido que acudir a testificar este jueves junto a Vicente Rambla y David Serra, aunque en calidad de imputados por los sobrecostes en la construcción de la citada infraestructura.

El exnúmero dos de Camps en el PP ha testificado dispuesto a "colaborar" con la justicia y ha confirmado lo declarado ante la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de marzo, cuando aseguró que el pago de mordidas era habitual. El exsecretario general del PP valenciano ha ampliado su declaración y el relato de los hechos presuntamente delictivos.



El Ministerio Público requirió el pasado mes de abril a la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas documentación relacionada con las adjudicaciones en las que estarían implicadas empresas como Hormigones Martínez o Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

La jornada ha sido larguísima y a las 23 horas de este jueves todavía no había finalizado. Costa ha salido de su interrogatorio pasadas las 21 horas. Después han entrado a declarar como imputados Rambla y David Serra. Francisco Camps ha sido el último en llegar a la Ciudad de la Justicia. Lo ha hecho a las 22 horas y acompañado de su hijo. El expresidente ha asegurado que "siempre" contesta a todas las preguntas que se le plantean.

Dos juzgados de Valencia tienen abiertas sendas investigaciones por la Fórmula 1. El citado caso en el juzgado de Instrucción 17 por los sobrecostes de la construcción del circuito y el proyecto; y el 2 de Instrucción por las negociaciones entre la Generalitat y Bernie Ecclestone. En ambos está imputado Camps.

Costa lleva meses colaborando con la Justicia, a raíz de su declaración en el juicio de la Gürtel Valenciana, y ha aportado información a la Fiscalía Anticorrupción, una documentación que está sirviendo para esclarecer otros casos de presunta corrupción en la época de Francisco Camps al frente del Consell.

En su declaración ante Anticorrupción, Costa habló de una mordida de 150.000 euros y del pago en billetes de 500 euros por la adjudicación de las obras del circuito a FCC.

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Mensajepor Invitado » Vie 15 Jun, 2018 10:53 pm


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Mensajepor Lastra » Sab 16 Jun, 2018 11:26 am

https://www.eldiario.es/canariasahora/p ... 21814.html
El padre de la diputada del PP Celia Alberto se subvencionó con 451.000 euros desde el Gobierno canario


Alfredo Alberto Hernández, denunciado por la Fiscalía por quintuplicar ilegalmente el tamaño de su granja en Fuerteventura, fue director general de Ganadería entre julio de 2007 y diciembre de 2008

Grupo Ganaderos de Fuerteventura fue subvencionada en 2008, 13 días antes de la dimisión de Alfredo Alberto como director general en un Gobierno CC-PP

En 2014 recibió más de un millón de euros en subvenciones del Ministerio de Industria que dirigía el popular José Manuel Soria. Su hija era la cuarta en la lista encabezada en 2011 por el político grancanario

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El empresario agroalimentario Alfredo Alberto Hernández, denunciado por la Fiscalía Provincial de Las Palmas por haber quintuplicado el tamaño de una granja de cabras en Fuerteventura en suelo rústico y de forma ilegal, solo estuvo como director general de Ganadería del Gobierno de Canarias desde el 17 de julio de 2007 hasta el 4 de diciembre de 2008, pero en esos 17 meses le dio tiempo de otorgar a su empresa, Grupo Ganaderos de Fuerteventura, una subvención de más de 450.000 euros.

Alberto, padre de la diputada popular por Fuerteventura Celia Alberto, dimitió de su cargo en diciembre de hace diez años tras sufrir un infarto, pero 13 días antes de dejar el cargo la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca hizo oficial la subvención para la empresa Ganaderos de Fuerteventura, productora de famosos quesos como el Maxorata o El Tofio. El 21 de noviembre el Boletín Oficial de Canarias publicó las subvenciones aprobadas por la Dirección General de Desarrollo Rural para el Fomento de la Industrialización y Comercialización de Productos Ganaderos. A Grupo Ganaderos de Fuerteventura se le concedieron 451.601,37 euros de los 718.053,57 presentados inicialmente.



Este dinero estaba destinado a renovar el material de trabajo. Con la subvención pudo adquirir mesas de trabajo, prensas horizontales, un vehículo, ordenadores, impresoras, calderas de vapor, cepilladora de quesos, bombas de leche, antenas, carretillas o una lavadora, entre el total de 55 elementos introducidos en el listado. Los más de 450.000 euros para Ganaderos de Fuerteventura fueron la quinta subvención más alta de las 31 otorgadas por la consejería a distintas empresas del sector de las Islas.

Alfredo Alberto llegó a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la mano del Partido Popular, por entonces en el Gobierno en un pacto con Coalición Canaria. En aquel Ejecutivo Paulino Rivero era el presidente y José Manuel Soria el vicepresidente, y al frente de la Consejería estaba la popular María del Pilar Merino.

No les importó a los populares poner en esta dirección a un ganadero que tenía intereses en el sector que iba a gobernar. Además de esta subvención, Grupo Ganaderos de Fuerteventura en este tiempo también recibió las ayudas europeas del Posei. Un infarto hizo que el empresario titular de la industria de quesos dejara la vida política el 4 de diciembre de 2008 y volviera a presidir la sociedad, que en 2017 fue premiada como Mejor Empresa Familiar de Canarias, galardón que recibió el propio Alberto de manos del actual presidente canario, Fernando Clavijo.

En 2013, coincidiendo con el 30 aniversario de la empresa, Grupo Ganaderos de Fuerteventura recibió dos ayudas que sumaron más de un millón de euros provenientes del Ministerio de Industria. Otra vez José Manuel Soria aparecía en el camino de Alfredo Alberto, esta vez no para darle un cargo político sino para convertir a su empresa en una de las 36 beneficiarias de la convocatoria de ayudas a la reindustrialización de la Secretaría General de Industria.

En total Alberto recibía, como recogía Vozpópuli en 2014, 1,05 millones de euros, de los que 567.810 euros fueron destinados para la empresa de Fuerteventura al concepto "Innovación industria quesera-desarrollo y ampliación", y los 482.153 euros restantes para la filial Productos Lácteos de Lanzarote para la “puesta en marcha de industria láctea".

Esta segunda empresa se creó en el año 2006 y es la sociedad a la que el Cabildo de Lanzarote adjudicó la quesería pública situada en Teguise. Antes de ser la gestora de este espacio, la Corporación conejera ya le financiaba el traslado de la leche a Fuerteventura para producir los quesos en la empresa matriz.

Grupo Ganaderos de Fuerteventura es una de las empresas del sector agroalimentario más importantes de Canarias. En el año 2016 tuvo ingresos cercanos a los 14 millones de euros y un año antes superó también los 13 millones de euros. Alberto está en ella desde que al principio de los 90 la comprara y la reflotara. En los últimos años ha ganado varias veces el premio al mejor queso del mundo.

Ahora la Fiscalía Provincial de Las Palmas ha remitido a los juzgados de Primera Instancia de Puerto del Rosario una denuncia solicitando la imputación de Alfredo Alberto Hernández por quintuplicar el tamaño de una granja de cabras "en suelo rústico y de forma ilegal", sin las preceptivas licencias municipales y autonómicas, y de realizar vertidos de purines (residuos orgánicos) en un barranco cercano "al menos en dos ocasiones", lo que implica "la posible comisión" de un delito contra el Medio Ambiente recogido en el artículo 325 del Código Penal.

Desde Ganaderos de Fuerteventura han asegurado que las acusaciones del Ministerio Público "son rotundamente falsas, pues la empresa ha ejecutado las obras de la granja con todas las licencias administrativas exigibles" y sostienen que "no han existido vertidos de purines".

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Lastra

ACTUALIDAD NACIONAL DE ESPAÑA

Mensajepor Lastra » Dom 17 Jun, 2018 2:03 pm

http://cadenaser.com/ser/2018/06/13/tri ... 21438.html
Cristina de Borbón, el Partido Popular y
otros ilustres beneficiados por la corrupción


La figura del partícipe a título lucrativo castiga económicamente a quien se haya beneficiado de delitos ajenos aunque sin participar en ellos ni conocer de su existencia: Cristina de Borbón y Grecia se suma a una lista larga encabezada por el PP

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17/06/2018 - 09:17 h. CEST

Los "responsables a título lucrativo" han pasado de ocupar un discreto lugar en el artículo 122 del Código Penal a copar todos los titulares de las condenas por corrupción en las sentencias más relevantes de la última década. Desde Cristina Federica de Borbón y Grecia hasta el Partido Popular, la figura del responsable a título lucrativo designa a quien "por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito", estando obligado a devolver el botín "hasta la cuantía de su participación".

Se trata, en definitiva, de quien se beneficia de un delito sin haber participado en él ni haber tenido conocimiento de que se estaba cometiendo. Repasamos los casos más mediáticos de los últimos meses.

Cristina de Borbón y Ana Tejeiro

Sus maridos campaban a sus anchas por las arcas públicas de las Islas Baleares, conseguían dinero de forma fraudulenta y además se ocultaban tras empresas que compartían con ellas para pagar de menos en el IRPF, y ellas no sabían nada. Cristina Federica de Borbón y Grecia y Ana María Tejeiro son las dos partícipes a título lucrativo de la trama Nóos y tendrán que pagar - 136.950 euros la primera y 172.550 la segunda - por esta condición que no deja rastro en el historial penal de ambas.

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Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin en una imagen de archivo / J. Grappelli (EFE)

El Tribunal Supremo redujo el alcance de esta sanción al dinero salido de la malversación y el recibido a través de NCE, dejando fuera el grueso del caudal corrupto que era el procedente de los delitos fiscales. Ellas, según la Audiencia de Palma, "desconocían la existencia de los ilícitos penales y no participaron en su ejecución", pero el dinero manchado por la corrupción acabó en sus manos: "Se incorporó al patrimonio de ambas esposas desde que fue ingresado en cuentas corrientes de las que gozaban de plena disponibilidad", dijeron los jueces.

El Partido Popular

La relación entre el Partido Popular y la trama corrupta Gürtel vivían en una perfecta simbiosis. Lo afirmaron textualmente los investigadores durante la instrucción y lo sentenció la Audiencia Nacional en la pieza conocida como 'Época I', que enjuició la actividad del entramado entre 1999 y 2005 y que por primera vez condenó al Partido Popular - como partícipe a título lucrativo - por financiarse ilegalmente. ¿Conocía el PP de la corrupción que servía de andamiaje a sus campañas y actos públicos?

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Fachada de la sede del PP la mañana en que trascendió la sentencia de Gürtel / Alberto Pozas

Los jueces fueron claros al respecto: “Se tejió una estructura de colaboración estable” entre el PP y la Gürtel. Existía “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local”, con el beneplácito de varios de sus cargos públicos y orgánicos condenados en la sentencia, dando por acreditada también la hasta entonces supuesta 'caja B'. El delito de financiación ilegal de partidos políticos, en cualquier caso, no pasó a ocupar el artículo 304 bis del Código Penal hasta mediados de 2015, con castigo de hasta cuatro años de prisión para las formaciones que se nutran de la corrupción.


LA CUENTA DEL MARIDO

El Tribunal Supremo condenó hace unos meses a 3 años y 9 meses a una mujer, cajera en una tienda de bricolaje y jardinería de la Zona Franca de Barcelona, por apropiarse de casi 250.000 euros a base de hacer devoluciones falsas a clientes inexistentes que terminaban en su bolsillo. De ese dinero, más de 26.000 euros recalaron en una cuenta de su marido, considerado en un primer momento responsable a título lucrativo por la Audiencia de Barcelona: el Tribunal Supremo le absolvió al entender que él no tocó ese dinero: "El relato de hechos probados no afirma que el esposo hiciera suyas, a su vez, aquellos importes que la acusada ingresaba en su cuenta", dicen los jueces, aunque destacando que el dinero volvía a manos de la mujer mediante pequeños reingresos conocidos como "pitufeo".

Mato y Matamoros

La misma sentencia de la trama Gürtel dejó otras dos responsables a título lucrativo, de circunstancias análogas a las del caso Nóos: Ana Mato y Gema Matamoros, entonces esposas de Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega. La primera fue condenada a devolver 27.857,53 euros y la segunda 45.066,66 euros, cantidades de dinero manchado de corrupción del que hicieron uso, pero sin saber que procedía del delito.

El ritmo de vida de los Mato-Sepúlveda a costa de la Gürtel es conocido: cumpleaños y comuniones de los hijos del matrimonio, viajes familiares y el Jaguar del que no había constancia cuando Jesús Sepúlveda era senador y también alcalde de Pozuelo de Alarcón. Mato, dijeron los jueces, "viene obligada a restituir aquello en que se ha beneficiado" y en el caso de Matamoros, esposa del entonces alcalde de Majadahonda, aseguraron que actuó sin conocer "la procedencia ilícita de los fondos con se atendieron sus viajes, así como determinados regalos que recibió".




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