El juez Llarena rechaza reactivar la orden europea de detención contra Puigdemont
Roger Torrent propone
al expresident para ser investido como president
http://www.publico.es/
el tribunal supremo es el brazo político del gobierno .... y luego se les llena la boca de democracia ... que sabrán de democracias.
ESPAÑA VA BIEN CON MARIANO
ESPAÑA VA BIEN CON MARIANO
Algo huele a podrido en el Supremo
La excursión danesa de Puigdemont ha permitido confirmar que la instrucción por parte del Supremo del llamado procés es una causa mucho más política que jurídica y que la pasión del expresident por los referéndums se le ha ido de las manos, hasta el punto de sugerir ampliar el derecho a decidir sobre Catalunya a todo el Estado en una primera etapa, y quién sabe si al conjunto de la UE si su periplo europeo se prolonga en el tiempo.
Algo huele a podrido, en efecto, pero no en Dinamarca sino en un Tribunal que ha sobrepasado todos los límites del Derecho para adentrarse en la pura estratagema. Sólo así se entienden los argumentos del juez Llarena para negarse a cursar la euroorden para detener a Puigdemont en Copenhague, que era lo que le pedía la Fiscalía en razón a su condición de prófugo de la Justicia.
Sostiene el magistrado que el viaje del expresident para impartir una conferencia universitaria no respondía a una inquietud académica sino a una trampa para conseguir ser detenido y acogerse así a la posibilidad de delegar su voto en la sesión de investidura. En consecuencia, si la Justicia quiere detener a una persona sobre la que pesa un presunto delito de rebelión y el individuo en cuestión pretende ser detenido, lo inteligente es no detenerle para que no se salga con la suya, que más sabe el zorro por viejo que por zorro.
No es sólo que Llarena esté juzgando intenciones sino que se arroga competencias de las que carece, entre ellas la defensa “del orden legal que rige la actividad parlamentaria”. Ni corresponde a Llarena decidir quién puede o no delegar el voto, ya que esto lo debe determinar el Parlament y en última instancia el Tribunal Constitucional, ni la misión del Supremo es forzar, como parece, la renuncia al escaño de los exconsellers huidos a Bélgica para que la investidura de un candidato independentista salga adelante. La maniobra del magistrado se reduce así a una artimaña política que nada tiene que ver con el Derecho.
En realidad, lo que transmite este proceder es la endeblez del armazón jurídico por el que -no hay que olvidarlo-, seis personas llevan más de 80 días en prisión. Como se recordará, una primera euroorden fue retirada ante la práctica certeza de que la Justicia belga no aceptaría la entrega de Puigdemont y los exconsellers que allí se refugian por los mismos delitos de los que se les acusa en España, lo que obligaría a juzgarles por otros menores. Lo mismo parece ocurrir con Dinamarca. ¿Existe algún juez en Europa que pudiera compartir los criterios de sus colegas españoles o el delito de rebelión de nuestro Código Penal es una extravagancia typical spanish que no resiste homologación en ningún otro ordenamiento jurídico? Esa es la gran pregunta. La respuesta es que la supuesta rebelión se da un aire a la tortilla española, que sólo es digerible al sur de los Pirineos.
Extravagancia por extravagancia, el debate con Puigdemont en la Universidad de Copenhague sirvió no sólo para poner en aprietos al expresident y cuestionar su falta de respecto a la ley sino también para conocer su última “propuesta o solución” al conflicto catalán: “que vote todo el Estado”. En definitiva, después de dos referéndums y de la proclamación de la República más breve de la historia, un posible arreglo pasaría por ampliar el sujeto de la soberanía que ha de pronunciarse sobre el futuro de Catalunya al conjunto de España, que es justamente la tesis de los adversarios del independentismo y lo que dispone la propia Constitución. Si Rajoy no le ha tomado aún la palabra es porque ha debido de pillarle la ocurrencia en mitad de la siesta.
La excursión danesa de Puigdemont ha permitido confirmar que la instrucción por parte del Supremo del llamado procés es una causa mucho más política que jurídica y que la pasión del expresident por los referéndums se le ha ido de las manos, hasta el punto de sugerir ampliar el derecho a decidir sobre Catalunya a todo el Estado en una primera etapa, y quién sabe si al conjunto de la UE si su periplo europeo se prolonga en el tiempo.
Algo huele a podrido, en efecto, pero no en Dinamarca sino en un Tribunal que ha sobrepasado todos los límites del Derecho para adentrarse en la pura estratagema. Sólo así se entienden los argumentos del juez Llarena para negarse a cursar la euroorden para detener a Puigdemont en Copenhague, que era lo que le pedía la Fiscalía en razón a su condición de prófugo de la Justicia.
Sostiene el magistrado que el viaje del expresident para impartir una conferencia universitaria no respondía a una inquietud académica sino a una trampa para conseguir ser detenido y acogerse así a la posibilidad de delegar su voto en la sesión de investidura. En consecuencia, si la Justicia quiere detener a una persona sobre la que pesa un presunto delito de rebelión y el individuo en cuestión pretende ser detenido, lo inteligente es no detenerle para que no se salga con la suya, que más sabe el zorro por viejo que por zorro.
No es sólo que Llarena esté juzgando intenciones sino que se arroga competencias de las que carece, entre ellas la defensa “del orden legal que rige la actividad parlamentaria”. Ni corresponde a Llarena decidir quién puede o no delegar el voto, ya que esto lo debe determinar el Parlament y en última instancia el Tribunal Constitucional, ni la misión del Supremo es forzar, como parece, la renuncia al escaño de los exconsellers huidos a Bélgica para que la investidura de un candidato independentista salga adelante. La maniobra del magistrado se reduce así a una artimaña política que nada tiene que ver con el Derecho.
En realidad, lo que transmite este proceder es la endeblez del armazón jurídico por el que -no hay que olvidarlo-, seis personas llevan más de 80 días en prisión. Como se recordará, una primera euroorden fue retirada ante la práctica certeza de que la Justicia belga no aceptaría la entrega de Puigdemont y los exconsellers que allí se refugian por los mismos delitos de los que se les acusa en España, lo que obligaría a juzgarles por otros menores. Lo mismo parece ocurrir con Dinamarca. ¿Existe algún juez en Europa que pudiera compartir los criterios de sus colegas españoles o el delito de rebelión de nuestro Código Penal es una extravagancia typical spanish que no resiste homologación en ningún otro ordenamiento jurídico? Esa es la gran pregunta. La respuesta es que la supuesta rebelión se da un aire a la tortilla española, que sólo es digerible al sur de los Pirineos.
Extravagancia por extravagancia, el debate con Puigdemont en la Universidad de Copenhague sirvió no sólo para poner en aprietos al expresident y cuestionar su falta de respecto a la ley sino también para conocer su última “propuesta o solución” al conflicto catalán: “que vote todo el Estado”. En definitiva, después de dos referéndums y de la proclamación de la República más breve de la historia, un posible arreglo pasaría por ampliar el sujeto de la soberanía que ha de pronunciarse sobre el futuro de Catalunya al conjunto de España, que es justamente la tesis de los adversarios del independentismo y lo que dispone la propia Constitución. Si Rajoy no le ha tomado aún la palabra es porque ha debido de pillarle la ocurrencia en mitad de la siesta.
ESPAÑA TRABAJA CON MARIANO
El paro bajó en 471.100 personas en 2017, hasta una tasa del 16,55%, la menor desde el año 2008
En España se crearon 490.300 empleos el año pasado, hasta alcanzar un total de 18.998.400 afiliados, según datos de la EPA
España se encamina poco a poco a alcanzar los niveles de paro previos a la crisis. El número de desempleados bajó en 471.100 personas en 2017, hasta una tasa del 16,55%, que no se registraba en España desde 2008. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INEA), en España se crearon 490.300 empleos en 2017, con un total de 18.998.400 afiliados y un crecimiento anual del 2,65% que encadena ya cuatro años seguidos de creación de puestos de trabajo.
Pese a los buenos datos de cierre del año, en el cuarto trimeste de 2017, el número de desempleados subió en 34.900 personas con un porcentaje de desempleo 16 centésimas mayor que en el trimestre anterior. Sin embargo, en el conjunto del año, esta tasa ha descendido en 2,09 puntos.
Durante 2017, el paro disminuyó en todos los sectores, empezando por los servicios (64.200 desempleados menos), la construcción (23.600) y la agricultura (18.600), mientras que la industria se mantuvo casi plana (200 más). No obstante, el principal descenso del desempleo se dio entre los parados de larga duración (334.400), al tiempo que también se redujo el de aquellos que buscaban su primera oportunidad laboral (30.500).
En función del sexo, el descenso del paro fue mayor entre los hombres (274.400 menos) que entre las mujeres (196.700 menos), lo que dejó un mayor número de féminas desempleadas (126.000 más), acorde con su mayor tasa de paro (18,35%), casi cuatro puntos superior a la masculina.
El paro entre los jóvenes de 16 a 24 años bajó en 55.700 personas en el último trimestre, lo que deja la cifra total de parados en esta franja de edad en 558.200 frente a los 613.900 de finales de 2016. Así, la tasa de desempleados hasta 25 años terminó el año en el 37,46%, lo que supone un ligero ascenso frente al tercer trimestre, cuando se quedó en el 35,97%, pero cinco puntos menos que al finalizar 2016 cuando era del 42,92%.
En cuanto a la ocupación, el empleo aumentó durante 2017 en todos los sectores, pero principalmente en los servicios (289.700 personas más), seguido por la industria (132.200), la construcción (64.300) y la agricultura (4.000). El número de autónomos disminuyó en 45.400 personas (hasta los 3 millones), debido a la desaparición de casi 100.000 empleados sin asalariados o trabajadores independientes, ya que los empleadores aumentaron en 62.800.
Además, el número de asalariados se incrementó en 537.100 personas, sobre todo con contrato indefinido (357.900 más) y, en menor medida, por los temporales (179.200 más), lo que dejó la tasa de temporalidad al 26,71%