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Mensajepor Invitado » Dom 08 Jul, 2018 11:42 pm

Pablo Casado cree que lo más justo es respetar las normas que impusieron para estas primarias y dar la voz a los militantes en la segunda vuelta.

hay pablito pablete (el de los másteres) excelente idea .... pero la voz se la darás a los militantes de la primera vuelta o a unos que se dicen compromisarios ????????
cambiar el censo para una segunda vuelta es tongo ... vamossss trampa.

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Assia
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Re: ACTUALIDAD NACIONAL DE ESPAÑA

Mensajepor Assia » Lun 09 Jul, 2018 2:37 am

No se si ponerlo en este Tema. Segun EL PAIS, Luis Barcena pide el mismo trato que le dieron a Urdangarin:no entrar en la carcel hasta que no se pronuncie el Tribunal Supremo.
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Mensajepor Lastra » Lun 09 Jul, 2018 10:36 am

Lastra escribió:http://diario16.com/pp-pudo-inflar-censo-afiliados-blanquear-dinero/
El PP pudo inflar el censo de afiliados para blanquear dinero


Tras unas primarias plagadas de sombras, surge ahora la posibilidad que todo se tratase de una trama más de corrupción dentro del Partido Popular

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El Partido Popular lleva uno de los años más turbulentos de su historia: a las acusaciones y juicios de corrupción, se sumó una moción de censura, y ahora unas primarias que podrían haber sido una excusa para blanquear dinero. Así lo aseguran en el medio InfoLibre, donde entienden que una de las acusaciones personificadas en el caso de los papeles de Bárcenas ha pedido al juez instructor que investigue esta posibilidad.

Se entiende pues que inflar el censo podría haber sido una estratagema para poder limpiar parte del dinero de la famosa ‘Caja B’ del Partido Popular. Un censo en el que se incluye a ex militantes y que el propio Pablo Casado aseguraba a Diario16 que se comprometía a depurar si llegaba a la presidencia del partido.

Observatori Desc es la acusación que ha llevado a la Audiencia los datos que confirman cómo las “aportaciones de cargos públicos” se desplomaron tras la apertura de diligencias judiciales sobre la ‘Caja B’. La asociación reclama incorporar a la causa toda la información contable del PP entre 2009 y 2016 que obre en poder del Tribunal de Cuentas y que la actual tesorera y Bárcenas declaren como investigados.

A pesar de haber salido vencedora de las primarias del partido, Soraya Saénz de Santamaría no las tiene todas consigo. Según ha podido saber Diario16, habrá una segunda vuelta, con guiños entre candidatos pero sin ninguno dispuesto a realizar una oferta en firme a los demás. Pablo Casado cree que lo más justo es respetar las normas que impusieron para estas primarias y dar la voz a los militantes en la segunda vuelta.


Tera de la manta, Luis tira de la manta, en que líos te metes Luis, tira de la manta.

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Mensajepor Lastra » Lun 09 Jul, 2018 10:47 am

https://www.eldiario.es/cv/Bankia-propi ... 71279.html
Bankia vendió por un millón al
propietario de Aguas de Valencia su 46 %
en una sociedad inmobiliaria que
valoraba en 48,6 millones


La entidad bancaria sacó a subasta la empresa Costa Bellver por la que pujaron cuatro empresas pero tuvo que dar preferencia a Eugenio Calabuig que adquirió las participaciones a través de Fucsa

El empresario castellonense ha advertido que la sociedad que adquirió por ser socio preferente vale mucho más dinero y ha aportado informes a la investigación que tiene abierta en la Audiencia Nacional por la denuncia del Frob

Bankia defiende que la parte de Costa Bellver se vendía a ese precio porque los aspirantes en la subasta se debían quedar otras sociedades con importantes deudas, en concurso de acreedores o en liquidación

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El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.

más INFO

Bankia vendió a un grupo cerrado de fondos y bufetes de abogados 206 millones en activos inmobiliarios a precio de saldo

El proceso de desinversión de Bankia a través su cartera de empresas "Juliet" que cerró en 2016 ha terminado en la Audiencia Nacional. Según la información a la que ha tenido acceso eldiario.es, la entidad financiera vendió por un millón de euros su 46 % en la empresa Costa Bellver, una sociedad en la que participaba y que la propia Bankia valoraba sus activos en 48,6 millones. El comprador fue Eugenio Calabuig, presidente de Aguas de Valencia, socio en la mercantil que se acogió a su derecho de tanteo puesto que el banco la había sacado a subasta.

Calabuig ha llevado esta adquisición ante la Audiencia Nacional donde fue denunciado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por sus operaciones con la antigua Bancaja y el Banco de Valencia. El empresario castellonense, que está imputado en esta causa, preguntó los motivos de sacar a la venta de su participación y por qué se había fijado el precio de un millón de euros, al que pudo acceder al ser socio preferente pero que se podían haber quedado dos bufetes de abogados como Rodesca o Broseta Abogados, que también ofreció un millón de euros más variables en esta operación.

En este proceso de desinversión, Broseta Abogados se ha quedado por tres millones de euros junto a otro socio industrial un empresa valorada en más de 11, como ha venido relatando eldiario.es.

Calabuig considera a preguntas de este periódico que la sociedad vale no solo los 48,6 millones en los que está tasada, sino que su valor podría cuadruplicar ese precio. Y es que la sociedad posee en su cartera 756.356 metros cuadrados de suelo en el programa Torre Bellver, de los que 565.748 son rústicos en primera línea de playa entre Oropesa y Benicàssim y junto a la urbanización de lujo Platgetes, donde veraneaba el expresidente del Gobierno José María Aznar invitado por el que fuera presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra.

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Eugenio Calabuig, presidente de Aguas de Valencia.

En Costa Bellver SL participaba Bankia en un 46 %, mientras que Inversiones Financieras Agval disponía del 37 % y Fomento Urbano de Castellón (Fucsa) del otro 17 %. Las dos sociedades pertenecen a Eugenio Calabuig que, con la compra del 46 % de Bankia a través de Fucsa se ha hecho con el cien por cien de la sociedad. El empresario ya ha empezado a desarrollar un proyecto de un hotel y apartamentos turísticos de alta calidad.

Bankia ha defendido ante la Audiencia Nacional y a preguntas de este periódico que la operación de desinversión en la cartera "Juliet" no ha beneficiado a terceros y que se ha regido por la transparencia, máxime, dicen, porque se invitó a 29 sociedades a la puja, entre ellas inmobiliarias, bufetes de abogados y fondos de inversión. La entidad financiera defiende que los invitados a la venta de participaciones eran los más interesados del sector, pero también es llamativo que la mayoría tienen relación con el banco.

La entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri defiende que el valor de un millón de euros por la participación en Costa Bellver se debe entender porque se sacó dentro de la cartera Juliet. "Lo que se vende es un paquete o cartera conjunta de participaciones en sociedades de desigual valor, situación y pronóstico, en la que se incluyen derechos y obligaciones", afirman.

Es decir, puntualizan desde Bankia, "junto a partes o sociedades con valor -Costa Bellver o Espai Comercial Vila-real- se incluyen -puesto que de otra maneta sería imposible la desinversión- otras en situación dificultosa, que incluso aisladamente consideradas pudieran tener un precio negativo, de forma que el precio global que ofrece el inversor por la cartera nunca es la suma aritmética de los precios que sí se hubieran vendido aisladamente habrían tenido las distintas sociedades o participaciones, puesto que el inversor ha de valorar conjuntamente la cartera".

Como ya pasara en la venta de Espai Comercial Vila-real a Broseta, la consultora PriceWatehouse tasó el 46,4 % de Bankia en Costa Bellever entre 1.146.908 euros y 1.349.303 euros. Llamativa tasación cuando la propia Bankia reconocía activos en la sociedad de 48,6 millones de euros y solo una deuda de 7, de los que 4 eran con la Sareb (banco malo) y 3,5 con el propio Eugenio Calabuig.

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Mensajepor Lastra » Lun 09 Jul, 2018 10:07 pm

http://cadenaser.com/ser/2018/07/09/pol ... 53465.html

Siete años sin comisiones bilaterales Gobierno-Generalitat


Este organismo de colaboración no se ha reunido durante toda la etapa de Mariano Rajoy en la Moncloa

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El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida durante la reunión de la Comisión bilateral Estado-Generalitat de Cataluña celebrada en 2011 en Madrid para impulsar nuevos traspasos, y que fue presidida por el vicepresidente territorial, Manuel Chaves / EFE/J.LUENGO


Madrid
09/07/2018 - 20:41 h. CEST
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Hace exactamente siete años que no se reúne esa "Comisión bilateral Generalitat de Cataluña-Estado", desde el 19 julio de 2011. Presidía el Gobierno central José Luis Rodríguez Zapatero y Artur Mas, el Gobierno de la Generalitat.



Más información
• Sánchez reactiva la comisión bilateral y retirará los recursos contra leyes sociales
• Un tuit, la fuente de Machado y la perra Turca: los gestos del deshielo
• El presidente catalán dice que no renuncia a ninguna fórmula para lograr la independencia

Encabezaron aquella reunión el vicepresidente del Gobierno central, Manuel Chaves y, el jefe del grupo parlamentario de CiU Josep Antoni Durán i Lleida. Un encuentro que fue calificado de positivo por ambas partes y que trajo, entre otras cosas, traspasos de edificios de titularidad pública a la Generalitat y también su participación en la gestión del aeropuerto de El Prat.

La comisión bilateral es un órgano contemplado en el artículo 183 del Estatuto de Autonomía. Permite la participación de la Generalitat en el ejercicio de las competencias estatales que afectan a Cataluña, así como el intercambio de información entre Madrid y Barcelona y el establecimiento de mecanismos de colaboración en asuntos de interés común.

Este organismo se ha reunido ocho veces desde su creación en 2007 y no se ha convocado durante toda la etapa de Mariano Rajoy en la Moncloa. No es porque desde entonces no haya habido asuntos de interés común sino porque Gobierno central y Generalitat no han sido capaces, hasta ahora, de ponerse de acuerdo para sentarse a trabajar.

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Mensajepor Lastra » Mar 10 Jul, 2018 11:13 am

https://www.eldiario.es/politica/Rodrig ... 21697.html
Rodrigo de Santos: la promesa del PP que
ocultaba una vida de abusos sexuales,
cocaína y prostitución


Su prometedora carrera política acabó cuando se destapó que había gastado 50.000 euros de dinero público en prostíbulos gays y droga

También fue condenado por abusar de dos menores a los que conoció en los encuentros del Camino Neocatecumenal, una facción ultra dentro de la Iglesia

El Supremo rebajó a cinco años la pena porque entendió que uno de los menores, de 14 años, no se había opuesto a mantener relaciones con él

Imputado por agresión sexual en una ONG el político del PP balear condenado por abusar de menores

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Rodrigo de Santos a su llegada a los juzgados de Palma tras la detención por abuso de menores. EFE


más INFO

El testimonio de un arrepentido conecta los casos de financiación irregular del PP que investigan Ruz y Castro
Imputado por agresión sexual en una ONG el político del PP balear condenado por abusar de menores
ETIQUETAS: Javier Rodrigo de Santos, Partido Popular, Nuevos Horizontes, padre Garralda, ONG

"Como los intocables de Elliot Ness, intachable a nuestros ojos". La jefa de Gabinete de Jaume Matas utilizó esta frase para definir a Rodrigo de Santos (Burgos, 1965), el exconcejal del PP que medró en la política balear con un perfil público asentado en dos pilares: su mano dura contra la corrupción y sus fuertes convicciones religiosas. Su carrera se truncó tras una condena por gastar dinero público en prostíbulos masculinos y otra por abusos sexuales a menores. En ambos casos usó su adicción a la cocaína para tratar de explicar su comportamiento.

Ahora, tras haber cumplido su pena de prisión, está siendo investigado de nuevo por agresión sexual. Un juzgado de Madrid lo ha imputado por haber utilizado presuntamente su puesto en una ONG para coaccionar a presos en tercer grado. Según la investigación, De Santos les obligaba a mantener relaciones sexuales si no querían exponerse a un informe negativo que les devolviese a prisión.

Este abogado y funcionario llegó a Palma de Mallorca en los años 90. Era amigo personal de Ana Pastor, que entonces dirigía la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) y que le envió como delegado a Baleares. Desde su puesto como funcionario dio el salto a la política. Fue teniente de alcalde y concejal de Urbanismo en Palma entre los años 2003 y 2007.

En la época de los grandes pelotazos urbanísticos se labró un perfil de incorruptible. "En el contexto balear, en el que se hablaba de comisiones y demás, De Santos era un poco como el que se enfrentaba con todos", dijo María Umbert, exjefa de Gabinete de Jaume Matas. En uno de los múltiples procesos por corrupción contra el expresidente balear, Umbert recordó que De Santos nunca fue sospechoso de nada.

Junto a su imagen de mano dura contra la corrupción, Rodrigo De Santos se esforzó también en sacar a relucir en público sus profundas convicciones religiosas. Con el PP en plena batalla contra el matrimonio homosexual aprobado por el Gobierno de Zapatero, el político balear siguió el camino de otros cargos públicos populares y anunció que no casaría a parejas homosexuales. "Éste es un debate que no interesa a nadie y sólo beneficia a Rodríguez Zapatero", dijo durante un pleno del Ayuntamiento de Palma.

De Santos hacía así gala de su perfil ultracatólico. Casado y padre de familia numerosa -tiene cinco hijos-, es miembro del Camino Neocatecumenal, el movimiento conocido como 'los kikos' que es visto con recelo en algunos sectores de la Iglesia. Su fundador, Kiko Argüello, ha logrado miles se seguidores durante las últimas décadas con formas innovadoras y un discurso extremista: "Matan a los ancianos con eutanasias y hay homosexuales por todas partes". Varias páginas web recogen testimonios de antiguos integrantes de este movimiento que lo definen como una secta.

50.000 euros públicos en prostíbulos y cocaína

Con su prometedora carrera en pleno despegue -además de concejal, coordinó la campaña electoral de Matas de 2003-, De Santos vio cómo Anticorrupción acababa con su esfuerzo por triunfar en política. La Fiscalía le acusó a comienzos de 2008 de gastarse 50.000 euros de dinero público en prostíbulos gays y cocaína. Utilizó la tarjeta de crédito de la Empresa Municipal de Obras Públicas (EMOP) dejando rastro de todo.

De Santos, incapaz de luchar contra las evidencias de la investigación, achacó su comportamiento al consumo de drogas. Pidió perdón a los ciudadanos de Baleares y devolvió todo el dinero malversado. Con su carrera política arruinada y mientras avanzaba la investigación, se trasladó a Madrid para rehacer su vida acompañado de su familia. Se dedicó entonces a disculparse con colaboradores y amigos a través de SMS que incluían pasajes de la Biblia.

"Mi principal apoyo es espiritual. No puede ser casual. El día que saltó todo esto fue el 13 de marzo, San Rodrigo. El día de mi cumpleaños, 4 de mayo, la Ascensión del Señor; y hoy, en vísperas de Pentecostés leo: 'Andad según el Espíritu y no realicéis los deseos de la carne. El Espíritu es: amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu' (Ga 5,16)", es el SMS que recoge una noticia de El Mundo fechada en abril de 2008. Un mes después, era detenido acusado de abuso sexual a menores.

En octubre de 2009 De Santos fue condenado por este caso a 13 años de cárcel, 11 menos que los que reclamaba la Fiscalía. La sentencia consideró probado que abusó de dos menores a los que había conocido en ceremonias del Camino Neocatecumenal. Se ganó la confianza de los padres -una familia de migrantes latinoamericanos a los que acogía y tutelaba- y les invitó en varias ocasiones a pasar una noche en su casa con sus hijos. Los jueces describen con detalle cómo se las arreglaba para colarse en su habitación y abusar de ellos.

La pena fue menor de la que pedía la Fiscalía porque los jueces le absolvieron del delito de corrupción de menores. No le condenaron por ir con otro menor, de 16 años e hijo de un matrimonio amigo, a comprar hachís primero y a contratar los servicios de una prostituta después. El menor mantuvo relaciones sexuales con ella mientras De Santos observaba desde fuera. Además, el alcoholismo y la drogadicción atenuaron su pena.

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Mensajepor Lastra » Mié 11 Jul, 2018 11:34 am

https://www.eldiario.es/cv/pelotazo-fal ... 71304.html
El megapuerto de lujo fallido de un amigo
de Zaplana cuesta a los valencianos un millón de euros


El Tribunal Superior de Justicia valenciano estima el recurso de la concesionaria de un puerto deportivo, Marina Greenwich, del empresario francés Robert Bataouche, que no pudo ampliar sus instalaciones por motivos medioambientales

Grabaciones del caso Brugal revelan que el exministro tendría vinculaciones con el empresario adjudicatario del puerto deportivo en 2004 y en el intento de rescatar un grupo mediático alicantino

La Guardia Civil sospecha que dos yates amarrados en este puerto deportivo podrían ser de Eduardo Zaplana aunque están a nombre de una sociedad francesa y un particular

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Puerto deportivo Marina de Campomanes que gestiona Marina Greenwich a quienes la Generalitat deberá indemnizar con un millón de euros.

La Generalitat Valenciana tendrá que pagar un millón de euros a la empresa Marina Greenwich, concesionaria del puerto deportivo Marina de Campomanes (Altea), como indemnización por no haber podido ampliar las instalaciones hasta duplicar su aforo y poder albergar además yates de gran eslora. La empresa es propiedad del empresario francés Robert Bataouche -en ella ha participado también el constructor Andrés Ballester- y tiene una concesión de la administración desde 2004 en un expediente tramitado mayoritariamente cuando Eduardo Zaplana era presidente de la Generalitat, antes de partir como ministro a mediados de 2002.

La Guardia Civil tiene localizados en este puerto deportivo dos yates de 15 y 20 metros de eslora que sospecha podrían ser del exministro ahora en prisión provisional tras la operación Erial. Uno a nombre de una empresa francesa y otro de un particular, aunque Zaplana aparece junto a otras siete personas como armador de la embarcación. Dos de esas personas también fueron detenidas junto al expolítico por la supuesta trama de blanqueo de capitales desarticulada el pasado mes de abril.

Marina Greenwich SA es concesionaria del puerto privado Luis Campomanes desde 2004 y su intención fue ampliar las instalaciones en un proyecto que tuvo una gran contestación social. Tanto vecinos como ecologistas criticaron que se diera una concesión para 30 años de 240.000 metros cuadrados de superficie marítimo-terrestre, de los que unos 35.500 correspondían a 542 nuevos amarres (duplicando la capacidad del puerto ya existente) para grandes yates de lujo, y otros 21.000 metros cuadrados para locales comerciales, a pesar del grave riesgo ambiental.

De hecho, el proyecto de ampliación fue denunciado por los ecologistas que consiguieron paralizarlo en 2010 en el TSJ valenciano y en 2013 en el Tribunal Supremo porque afectaba a la población de posidonia de la costa. El expediente de las obras fue tumbado porque contenía importantes irregularidades, ya que el proyecto que finalmente había aprobado la Generalitat no era el que se había sometido a la previa y preceptiva Evaluación de Impacto Ambiental.

La empresa exigió entonces a la Generalitat casi 93 millones de euros de indemnización por responsabilidad administrativa al considerar que la prohibición de realizar la ampliación le había generado grandes perjuicios económicos.

Bonig indemnizó a la sociedad a cuatro días de perder el PP las elecciones

El 21 de mayo de 2015 -cuatro días antes de las elecciones autonómicas que perdió el PP- la consellera de Infraestructuras Isabel Bonig, actual líder del PP valenciano, reconoció el derecho de la empresa a percibir 500.000 euros de indemnización. La mercantil del empresario francés recurrió y ha conseguido que el TSJ le reconozca un millón de euros. Marina Greenwich no se ha conformado y ha recurrido al Tribunal Supremo para conseguir la indemnización global que reclama.

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El empresario Francés Robert Bataoche.

La relación entre Zaplana y el empresario Robert Bataouche salió a la luz gracias a la grabación de una conversación de la trama de basuras de Alicante bautizada como caso Brugal los días 28, 29 y 30 de julio de 2009. En la conversación captada por la Policía entre el exministro y su mano derecha, el presidente de la Diputación de Alicante y exvicepresidente de la Generalitat, Jose Joaquín Ripoll, ambos hablan de la posibilidad de interceder en una operación vinculada "al puerto" de Bataouche, presumiblemente el puerto de Altea, que le fue cedido por la Generalitat.

Este es el pinchazo telefónico a Ripoll completo:

Ripoll: Oye, estamos a punto de cerrar una operación para insuflar capital a Canal 37 (...), es una operación acordeón de que se anula capital y se mete capital nuevo. (...)Lo que pasa es que nos ha salido un pequeño escollo con Robert Bataouche.

Zaplana: ¿Qué dice?

Ripoll: Que se quiere llevar un poco de pasta.

Zaplana: ¿Y de qué?

Ripoll: Pues dice que él ha puesto dinero, no sé qué (...) y por lo que yo sé nunca ha puesto (...)

Zaplana: Nunca, nunca.

Ripoll: Nunca ha puesto, yo le voy a recibir mañana a las 9:30, pero si tú le das un toque, porque ahí hay una operación doble, que, que... éste quiere, no sé si con sus socios del puerto sacarles algo de dinero no sé. No te lo cuento por teléfono, pero ya te lo contaré más detenidamente.

Zaplana: Sí, sí, sí.

Ripoll: Pero me gustaría que éste firmara mañana el documento, porque si lo firma, hacemos mañana la operación acordeón, y entonces podemos empezar a meterle dinero.

Zaplana: Vale, vale, vale, vale.

Ripoll: Entonces yo mañana lo recibo a las 9:30, pero estaría bueno que tú le dieses un toque esta tarde o noche si puedes.

Zaplana: Le llamo ahora.

Ripoll: Porque yo tengo el documento y si mañana le pego un apretón y lo firma...

Zaplana: Si, ¿qué va entrar más gente no?

Ripoll: Claro, va a entrar el capital, van a cubrir un millón y medio (...) para hacer una ampliación de un capital social (...) pues no lo pondrán al principio todo (...) pero... poner gente y quitar lo que hay.

Zaplana: Muy bien, pues ahora intento localizarlo.

Ripoll le vuelve a llamar al día siguiente, pero Zaplana le dice que no ha podido localizar al empresario.

Zaplana: Llamé a éste anoche y no me lo cogió, y hoy te he llamado para ver si estaba allí y que me lo pasaras ¿Cómo ha quedado?

Ripoll: Pues ha quedado que éste no se baja un poco del burro (...)

Zaplana: Pues mañana le llamo yo y le cito aquí o algo de eso. (...)

Ripoll: Eh, que no se baja del burro, él quiere que haya un intercambio económico, y el intercambio económico está en 300.000.

Zaplana: Pero cómo ¿qué quiere más con eso?

Ripoll: Más o menos.

Zaplana: Qué jeta. (...) Pero no mantendrá que ha puesto nada ¿no?

Ripoll: Sí, él dice que ha puesto, que cuando hizo una entrega, en la entrega le llegó. (...) Pero luego vienen unos IVAS y tal. (...)

Zaplana: Lo que pasa es que yo creo que anda mal.

Ripoll: Anda mal sí, yo lo que voy a hacer es una operación que está semivinculada a lo del puerto, mañana lo voy a llevar a Céspedes yo, yo con esa operación con Céspedes puede salir pero es que es que eso no me gusta, es una operación extraña.

Zaplana: ¿Pero qué tiene que ver el puerto con eso?

Ripoll: No, porque él quiere que se lo pidamos ahí, al puerto, eso no se lo digas a él, porque me ha dicho que no se lo diga a nadie (...).

Zaplana: ¿Qué le pidas al puerto qué?

Ripoll: Que le pida al puerto una ayuda por el trabajo que hicimos con el instituto.

Zaplana: No hombre, no, eso no puede ser, joder.

Ripoll: Eso no puede ser, ya se lo decía yo.

Zaplana: Yo hablo con él.

Ripoll: Habla con él y dile que en el futuro veremos algo, pero que ahora no puede ser.

Zaplana: Venga, le llamo mañana y te digo algo inmediatamente.

Ripoll: No utilices mucho el mecanismo del puerto... no me descubras.

Zaplana: Vale, vale, no digo nada.

Meses después de esta conversación, uno de los cabecillas de la trama Brugal, el empresario Ángel Fenoll, rescataba el grupo mediático alicantino que Zaplana auspició en su día para su consolidación política.

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Mensajepor Lastra » Jue 12 Jul, 2018 11:16 am

http://cadenaser.com/ser/2018/07/11/tri ... 69399.html
Anticorrupción pide la reapertura del caso Gürtel contra Camps


•La Fiscalía quiere evitar que el expresidente valenciano se libre del alcance de la ley, después de la sentencia del juicio por la financiación del PP valenciano a cuenta de la Gürtel, que le situó como el “inductor” y principal responsable de la trama empresarial de pagos en negro al PP a cambio de obra pública
•Aunque fue señalado por los responsables, Camps no fue encausado por prescripción de los delitos investigados en ese procedimiento, pero Anticorrupción considera que a raíz de la sentencia ahora puede ser investigado por nuevos delitos de prevaricación y malversación

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Madrid 12/07/2018 - 08:00 h. CEST
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La Fiscalía Anticorrupción solicitará en las próximas horas al juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional la reapertura del caso Gürtel para proceder contra el expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps y otros posibles implicados, por delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.

Más información
• Probada por primera vez la caja b del PP en una sentencia
• La sentencia concluye que "no están todos los que son" en referencia a Camps
• La Audiencia Nacional también considera probada la financiación ilegal del PP de Camps

Anticorrupción reclama de este modo que al expresidente valenciano le alcance el peso de la ley, del que pareció escapar en el juicio por la financiación ilegal del PP valenciano a cuenta de la Gürtel por prescripción de los delitos electorales y de falsedad documental, investigados en ese procedimiento. La malversación atribuida ahora indiciariamente a Camps, prescribe a los 15 años y los hechos tuvieron lugar en 2007, con lo que la Fiscalía sortea la prescripción. La prevaricación tiene un plazo de prescripción inferior, pero como pende de la malversación, delito más grave, también puede ser encausado.

Las declaraciones de Costa y la trama, claves contra Camps

Más información
• AUDIO PEPA BUENO | La Gürtel, otra vez

La Fiscalía basa su petición de reapertura de la investigación en las declaraciones de los principales acusados en el juicio. Tanto Francisco Correa, como Pablo Crespo y Álvaro Pérez "El Bigotes", así como el exsecretario general del PP, Ricardo Costa, situaron a Francisco Camps como el principal responsable de la trama de financiación ilegal del Partido Popular valenciano. Todos ellos afirmaron que fue Camps quien quiso contratar a la trama para organizar los actos electorales y quien ordenó que les pagaran en negro.

El dinero opaco, según la sentencia, procedía de empresarios buscados por el propio Camps o el expresidente del parlamento autonómico, Juan Cotino. A cambio, estas empresas obtenían obra pública del Gobierno valenciano. De ahí la malversación de caudales públicos. Los empresarios también pagaban directamente a la trama los actos que organizaba para el PP, mediante facturación falsa por servicios no prestados.

La sentencia, parafraseando a Álvaro Pérez "El Bigotes", concluía que entre los condenados no estaban "todos los que son", en referencia sobre todo a Francisco Camps, a quien situó entre los hechos probados como posible "inductor" de la trama.

El procedimiento para encausar a Camps

La fórmula escogida por Anticorrupción para pedir a la Audiencia Nacional la investigación de los hechos es la reapertura de la conocida como pieza 5 del caso Gürtel, relativa a las contrataciones del Gobierno valenciano durante la época de Francisco Camps, entre los años 2004 y 2009, y que está pendiente de juicio. En esa causa, entre otros, ya figuran como acusados los exconsejeros Alicia de Miguel, Luis Rosado y Manuel Cervera, con solicitudes de condena de entre siete y nueve años de prisión.

El texto de Anticorrupción, aséptico, simplemente apunta que las "nuevas revelaciones" puestas de manifiesto en el juicio por los acusados y la sentencia, ponen de relieve datos que afectan a la acusación y aconsejan la reapertura. El fin último, según las fuentes jurídicas consultadas por la SER, es encausar a Francisco Camps, sin descartar a otros señalados por los acusados como el exvicepresidente del Gobierno valenciano, Víctor Campos, o Juan Cotino.

El titular del juzgado número cinco de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ordenará con toda probabilidad la reapertura del procedimiento y la Fiscalía pedirá entonces las diligencias de investigación oportunas para proceder contra los supuestos responsables que escaparon del juicio por la financiación ilegal.

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Mensajepor Lastra » Jue 12 Jul, 2018 2:42 pm

https://www.eldiario.es/cv/indemnizacio ... 21108.html
El amigo de Zaplana alegó gastos en
viajes y dietas para pedir 93 millones de
indemnización por no poder ampliar su puerto de lujo


El TSJ valenciano rechazó que Robert Bataouche cobrase esa cantidad por esgrimir "conceptos que nada tienen que ver con una indemnización por construcción, como la inscripción en una regata"

La Declaración de Impacto Ambiental validada por el Consell de Eduardo Zaplana no garantizaba la supervivencia de la pradera de posidonia protegida que menguó en un 50% con el inicio de las obras

El proyecto paralizado duplicaba las actuales instalaciones y tenía una inversión prevista de 80 millones pero el empresario Robert Bataouche mantiene la concesión otorgada para 30 años

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Marina Greenwich, el puerto deportivo privado donde buscan dos yates de Zaplana gestionado por Marina Greenwich.


La Generalitat tendrá que abonar un millón de euros a la sociedad Marina Greenwich SA, del empresario amigo de Eduardo Zaplana Robert Bataouche, en concepto de indemnización por no haber podido desarrollar un megapuerto deportivo de lujo. Pero el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha frenado su pretensión de cobrar 93 millones por todo tipo de conceptos, entre ellos el lucro cesante.

Y es que tanto el proyecto de ampliación del puerto deportivo Marina de Campomanes, como la Declaración de Impacto Ambiental validada por el Consell de Eduardo Zaplana y la justificación para cobrar la millonaria indemnización está llena de irregularidades que el TSJ hace visibles en la sentencia, a la que ha tenido acceso eldiario.es.

El empresario francés pretendió cobrar 1,2 millones de euros por las obras de ampliación que había iniciado. Algo que el tribunal rechazó, ya que en la valoración presentada en un informe de la consultora Deloitte "no concreta, ni detalla los gastos correspondientes a los conceptos que integra mediante las correspondientes facturas, resultando el Anexo II una relación de muestras en las que consta conceptos que nada tienen que ver con una indemnización por construcción, como la inscripción en una regata, estancia hotel, dietas salón náutico, Fra Seaz Abogados, Viaje Alicante-Palma, MC Ediciones Pub Revista...".

No es lo único que la sala de los Contencioso-Administrativo sección 1 le tumba, porque tampoco accede a que las Generalitat le abone los estudios técnicos (porque no los justifica) o el pago de los profesionales independientes. El mayor montante, el del lucro cesante, por el que pedía 83 millones -que iba a ganar en los nuevos amarres para yates de lujo que le permitió Zaplana-, tampoco es aceptado por el tribunal. Los jueces consideran que la paralización de las obras por parte del Tribunal Supremo por motivos medioambientales anula el contrato.

Es ahí donde está la clave de este caso: en el impacto ambiental sobre la pradera de posidonia protegida de la costa de Altea donde se iba a construir el megapuerto deportivo. En total, se veían afectados 12.548 metros cuadrados de superficie de plantación marina que el empresario se comprometió a proteger, pero que acabó dañando con las primeras obras. En concreto, el 50% de las posidonia afectada empezó a notar el impacto desapareciendo o apreciándose daños considerables, según un informe de la Universidad de Murcia aportado a la causa.

La empresa defiende que la Declaración de Impacto Ambiental garantizaba la protección de la posidonia, algo que los tribunales no ven de la misma manera. Incluso revelan un trato de favor por parte del Ejecutivo de Zaplana y de su posterior sucesor, José Luis Olivas. "En lo que respecta a la sentencia que declaró la nulidad de la concesión consideró que el proyecto aprobado en marzo de 2003, no se corresponde con el objeto de la Declaración de Impacto Ambiental", reza la sentencia.

Bataouche aparece mencionado en una grabación hecha por la policía nacional e incluida en el caso Brugal. En ella, Eduardo Zaplana habla con el que fuera su vicepresidente, José Joaquín Ripoll, del intento de rescatar un grupo mediático y sobre una comisión que presuntamente pide el empresario. En esa charla, tanto Ripoll como Zaplana hablan de la concesión del puerto deportivo y de posibles favores del pasado.

También es llamativa la presencia de dos yates de 15 y 20 metros de eslora atracados en el puerto deportivo Marina de Campomanes que tiene en concesión Marina Greenwich. Buques que podrían ser de Eduardo Zaplana, según las sospechas de la Guardia Civil en la investigación de la Operación Erial.

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Mensajepor Lastra » Jue 12 Jul, 2018 6:00 pm

http://cadenaser.com/emisora/2018/07/11 ... 36763.html

Nuevas pruebas del trato VIP que recibían alumnos del máster de Cifuentes


El exconcejal del PP, Pedro Calvo, abonó las tasas para examinarse del trabajo final del máster a pesar de haberlo abandonado por "falta de tiempo". Calvo no reconoce su firma en el documento de inscripción, calcado al que presentó Cifuentes

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Madrid 12/07/2018 - 10:48 h. CEST

Según la documentación remitida al juzgado que investiga el caso máster por la Universidad Rey Juan Carlos, el exconsejero de Alberto Ruiz-Gallardón y exconcejal del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo, solicitó en octubre de 2012 la inscripción en el Trabajo Final del Máster de derecho público del estado autonómico.

Ese trámite administrativo, que se debe completar con el abono de 6,11 euros, se solicita tras admitir el alumno que ha superado todas las asignaturas del máster. Calvo, que declaró ante el juez que no acudió al curso, que lo abandonó y que mostró su sorpresa ante sus altas calificaciones obtenidas sin asistir a los exámenes, no reconoce ni su firma ni su letra en el documento aunque no recuerda si abonó la citada tasa cuyo recibo de pago sí consta en su expediente. Pago que sí realizó unos días después según fuentes próximas al caso.

Parecidos razonables: Calvo y Cifuentes

En la misma documentación figura la solicitud que realizó esos días Cristina Cifuentes para inscribirse en el TFM. Curiosamente la solicitud está redactada con la misma grafía -con un error ortográfico idéntico- como se puede comprobar en la imagen. Una letra que difiere de la de otros alumnos que realizaron el curso.

En el caso de Cifuentes, Calvo o el exrector de la URJC, Dionisio Ramos, las fichas además aparecen incompletas, sin datos elementales como la dirección del alumno.

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Junto a la solicitud de Pedro Calvo, la documentación aporta también el correo de respuesta de la Universidad Rey Juan Carlos, remitido al correo personal de los alumnos, en el que se les avisa de que ese trámite ha sido aceptado por lo que se puede proceder a la descarga y posterior pago de las tasas en el banco.

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Aunque no consta en esa documentación, la SER ha podido verificar que no solo Cifuentes abonó esa tasa, también lo hizo el propio Calvo, que recuerda haber procedido siempre al abono de las cantidades solicitadas por la Universidad aunque no sabe si pagó o no este trámite de acceso al Trabajo Final. Ese trámite figura en el recibo como "gastos de secretaría".

"No hice ni el huevo"

El pasado 21 de junio, Pedro Calvo declaró como testigo en el caso máster. La jueza le exhibió sus calificaciones. Calvo no ocultó en aquella declaración su perplejidad: "No hice ni el huevo". Calvo le dijo a Carmen Rodríguez-Medel que solo se había matriculado: "Nunca fui a clase ni entregué nada".

Coincidiendo con el estallido del caso máster, el propio Calvo admitió que se había matriculado en el curso pero que lo tuvo que dejar por falta de tiempo. Abandonó el máster pero su nombre figura igualmente en la lista de alumnos que solicitaron la realización del TFM.

El correo de Cecilia Rosado

La SER avanzó el pasado mes de abril que la coordinadora del máster ahora imputada en el caso, Cecilia Rosado, remitió un correo a los alumnos que no habian realizado ese trabajo para indicarles que tenían que pagar 6,11 euros. Coincidiendo con esa comunicación, Cristina Cifuentes realizó un abono por la misma cantidad. Cifuentes pagó la tasa cinco meses después de que supuestamente hubiese defendido su trabajo.

El 'chiringuito' de Álvarez Conde

El director del máster que realizaron Cifuentes, Calvo, Casado y otros VIP del PP, está imputado y apartado de sus funciones en la Universidad Rey Juan Carlos. En su visita al juzgado, se negó a declarar aunque Cecila Rosado aseguró que Conde le habría presionado para fabricar las actas falsas que avalaran a Cristina Cifuentes.

Los documentos que aporta la SER, refuerzan las pruebas de la existencia de un grupo de alumnos 'especiales' que no aparecieron por clase, que no se examinaron y los que se les realizaban incluso los trámites administrativos. Una forma de inflar el listado de alumnos y justificar la existencia de este máster. A diferencia de Cristina Cifuentes, en el caso de Pedro Calvo nunca llegó a recoger la titulación y no consta que hubiese pagado las tasas para la entrega del título.

La Universidad Rey Juan Carlos ha anunciado recientemente, la creación de un vicerectorado de Calidad, Ética y Buen Gobierno que garantice que este tipo de prácticas, no se vuelvan a repetir en el ámbito universitario.

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Mensajepor Lastra » Vie 13 Jul, 2018 11:47 am

https://www.eldiario.es/politica/empres ... 71336.html
El juez de la caja B imputa al empresario
Vicente Cotino y cita a Ricardo Costa como testigo


Cotino, detenido durante la Operación Erial, admitió haber financiado en negro al PP de Valencia

El juez reclama la declaración de Costa en la que admitió que el partido cobró de las empresas que hicieron las obras para el circuito de la Fórmula 1

También cita como testigo la exidputada Carmen Rodríguez Flores y Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte investigado en Gürtel

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Vicente Cotino, durante el juicio de Gürtel Valencia. EFE


más INFO

IU pide al juez de la caja B que investigue al empresario Vicente Cotino
El juez de la caja B investiga las confesiones sobre la financiación ilegal del PP valenciano
ETIQUETAS: Audiencia Nacional, caja B, Vicente Cotino, Operación Erial

El juez que investiga la caja B del PP, José de la Mata, ha imputado al empresario Vicente Cotino, sobrino del expresidente de la cortes valencianas Juan Cotino. Además, ha citado como testigo a Ricardo Costa, el exnúmero dos del PP valenciano que reconoció la financiación ilegal del partido a través de fracturas cruzadas con empresarios.

En un auto, De la Mata imputa a Cotino pero rechaza recabar los detalles sobre el acuerdo al que llegó con la Fiscalía en el juicio de la financiación en negro del PP valenciano por "falta de justificación de su pertenencia y utilidad". Cotino, junto con otros empresarios valencianos, pactó con Anticorrupción y reconoció haber financiado en B al PP.

La acusación popular que ejerce IU había pedido la declaración de Cotino, detenido el pasado mes de mayo en la Operación Erial contra una trama de mordidas a cambio de adjudicaciones que tiene en su cumbre a Eduardo Zaplana, ahora en prisión provisional.

El escrito recuerdaba que Cotino está al frente de Sedesa, "que aparece entre las empresas que habría aportado dinero al Partido Popular según lo reflejado en la contabilidad B que llevaba el Sr. Bárcenas". IU también incluyó una referencia a la conversación que mantuvieron Cotino y el también empresario Enrique Ortiz en la que aludían a tratos con el entonces conseller de Bienestar Social. En esa época ese cargo lo ocupaba su hermano Juan Cotino, también detenido en la Operación Erial.

El juez ha accedido a citar como testigo a Ricardo Costa y requerir al jugado de instrucción número 17 de Valencia la declaración que hizo ante la Fiscalía Anticorrupción. Costa admitió en esa declaración que dos empresas que realizaron obras de construcción en el circuito urbano de la F1 dieron dinero al partido popular.

Las dos empresas citadas por Ricardo Costa han sido Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Hormigones Martínez, que en los años 2007 y 2008 realizaron obras en el circuito urbano donde se iba a celebrar el gran premio de Fórmula 1.

También tendrá que declarar como testigo la exidputada Carmen Rodríguez Flores y Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte investigado en la trama Gürtel. Por último, el juez accede a reclamar de nuevo a la empresa Degremont detalles sobre los pagos a Plácido Vázquez, Rafael Palencia y Jaime Montaner.

De la Mata ha rechazado el resto de diligencias solicitadas por las partes. Así, rechaza pedir al juzgado que investiga el caso Lezo la documentación relativa a la adjudicación del tren de Navalcarnero. Dice el juez que no se ha concretado la necesidad de esta petición, pero deja abierta la posibilidad a que se haga más adelante.

También rechaza citar como testigos al director general de Constructora Hispánica entre 2006 y 2007, José Luis Montesinos, y el exdirector financiero de esa empresa, así como al director de eldiario.es, Ignacio Escolar, por el contenido del artículo sobre sobre Álvaro Lapuerta. "Esos hechos estrictos que se publican no constituyen una novedad en el procedimiento y fueron ya manifestados en la causa por Luis Bárcenas", escribe el juez.

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Mensajepor Lastra » Vie 13 Jul, 2018 3:04 pm

http://diario16.com/tag/banco-popular/

Un caso más de mangantes y de inútiles.

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Mensajepor Lastra » Sab 14 Jul, 2018 11:51 am

http://cadenaser.com/ser/2018/07/13/tri ... 07663.html
Guadarrama contrató con la operación
enredadera contra los informes técnicos


La oficina de obras y servicios del Ayuntamiento alertó de que la propuesta económica de la UTE investigada era "anormal"

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El Ayuntamiento de Guadarrama adjudicó a la UTE investigada en el marco de la operación Enredadera, Valoriza-Gespol, el contrato de mantenimiento de los semáforos del municipio en contra de los informes técnicos por importe de 66.000 euros. Según la documentación a la que ha tenido acceso la Cadena SER, el servicio de obras y servicios alertó de que la propuesta económica de la firma era "desproporcionada o anormal" porque suponía "una baja del 41%, respecto del precio base de licitación". Una adjudicación que hizo saltar las alarmas de los investigadores porque en el caso de Guadarrama el único criterio para conceder el contrato era el económico con lo que Valoriza-Gespol.

La alerta de esta baja desproporcionada obligó al ayuntamiento a pedir explicaciones a la empresa que terminaron por convencer a los responsables municipales de que era la mejor opción para el consistorio. Y eso a pesar de que alguna de las empresas que optaban al contrato en una carta dirigida a la corporación municipal a la que también ha tenido acceso esta emisora señala que "las instalaciones semafóricas son críticas, afectan directamente a la seguridad vial y es por lo que el mantenimiento de este equipamiento debe estar 100% garantizado". Una misiva que concluía subrayando que "la oferta presentada por la ITE Valoriza-Gespol difícilmente podrá cumplir con los parámetros establecidos por el Ayuntamiento".

La operación Enredadera, primer caso de corrupción que salpica a Ciudadanos y que ha llevado a prisión al empresario José Luis Ulibarri, investiga los amaños en contratos municipales y la gestión irregular de multas en 40 ayuntamientos españoles. Guadarrama está gobernado por la Asociación Popular de Guadarrama y al frente del ayuntamiento está Carmen María Pérez del Molino, ex del Partido Popular, que gobierna el municipio sin mayoría absoluta.

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Mensajepor Lastra » Sab 14 Jul, 2018 5:23 pm

http://cadenaser.com/emisora/2018/07/12 ... 44573.html
Francisco Camps considera que si es
imputado será por "especulaciones sin fundamento"


La Fiscalía Anticorrupción ha pedido investigar al expresident de la Generalitat por la financiación ilegal del PP valenciano

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El expresident de la Generalitat, Francisco Camps, afirma que si finalmente es imputado, una vez después de que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido investigarle por la financiación ilegal del PP valenciano, esa acusación se basará en "especulaciones sin fundamento".




Según Camps, sería una imputación más "sin una prueba fehaciente, sin un indicio solido, basándose en especulaciones sin fundamento". La Fiscalía Anticorrupción ha pedido, después de las declaraciones en el juicio del ex secretario general del partido, Ricardo Costa, y de más condenados, a la sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional reabrir la pieza "Valencia 5" del caso Gürtel. El motivo, investigar a Camps en relación a un presunto delito de prevaricación. Este delito estaría ligado a una adjudicación irregular el 30 de diciembre de 2008 y, por lo tanto, aún no habría prescrito.

El expresident de la Generalitat lamenta haber conocido la propuesta de la Fiscalía a través de los medios de comunicación, antes incluso de que esa petición se hubiera llevado a cabo. Además, destaca que hace unas semanas estuvo citado como testigo en la Audiencia Nacional en la causa sobre la financiación. Por eso, Camps indica que La Fiscalía le podía haber preguntado sobre el caso. "Podría haber instado deducción de testimonio de particulares, y tampoco lo hizo", declara el expresident.

Por otra parte, Camps señala que la prevaricación y la malversación tienen que definirse "en su concreto objeto y cantidad", a lo que se suma que "sería necesario señalar qué contrato público fue adjudicado irregularmente con sus respectivas preguntas", sostiene el expresident.

El expresident afirma que en el inicio de la causa de los trajes, "Anticorrupción insistió al TSJ para que uniese a aquella causa más actos delictivos, estos mismos y otros, y el TSJ se negó constantemente ante la inexistencia de indicios, según obra en autos". Asimismo, considera que ha habido instrucciones en diferentes juzgados y causas y en ninguna ha aparecido su nombre, "pese a que la Fiscalía ha preguntado por él a investigados y testigos".

También el 26 de mayo de 2009, con la Fiscalía Anticorrupción presente, el TSJ llamó de "manera urgente" a 37 altos cargos de su gobierno como testigos "y nadie dijo haber recibido instrucción alguna por su parte sobre contratos nunca", afirma Francisco Camps. Además, declara que es el primer acusado de corrupción al que la Fiscalía o la judicatura "nunca ha pedido su estado patrimonial, de cuentas o sus movimientos".

Reacciones de partidos políticos

La diputada del Partido Popular, Elena Bastidas, afirma que su partido no valora las decisiones judiciales, y las respeta a diferencia de otros como el Partido Socialista del País Valencià (PSPV) que criticó la operación policial del caso Alquería en la Diputación de Valencia.

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Mensajepor Lastra » Sab 14 Jul, 2018 9:25 pm

https://www.20minutos.es/noticia/339343 ... nredadera/
Ciudadanos, diez días para desenredarse
de sus primeros casos de corrupción


CLARA PINAR Clara_Pinar 14.07.2018 - 08:42h

Tres cargos públicos y un asesor naranjas, implicados en la Operación Enredadera. "
Sabes que tarde o temprano alguien se va a equivocar o lo va a hacer mal", dicen en el partido.
Dimite finalmente el alcalde de Arroyomolinos, el primer cargo de Ciudadanos detenido por corrupción.

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Foto de la página web del Ayuntamiento de Arroyomolinos, de Carlos Ruipérez. EFE

La sombra de la corrupción también le ha llegado a Ciudadanos. En un país donde prácticamente todos los partidos, grandes y pequeños, terminan manchándose con ella, la sombra de la malversación y robo de dinero público ha llegado a la puerta del partido de Albert Rivera con la implicación de cuatro políticos de su partido en la Operación Enredadera.

Uno de ellos, el alcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, ha anunciado su dimisión este viernes. El partido naranja sabe que en la gestión interna de esta investigación judicial se juega parte de su discurso de limpieza y regeneración y desde su estallido ha desplegado una estrategia que, a una rápida suspensión de militancia, le siguió la espera durante diez días para que dimitan. Si no lo hacen antes del martes de la semana que viene los expulsará a todos, aunque fuentes de Ciudadanos asumen que podrían encontrarse en la misma situación de otros partidos cuando sus cargos públicos se niegan a entregar sus actas de ediles o diputados.

Ciudadanos no sólo se ha encontrado con situaciones parecidas a las que han criticado en otros partidos. También ha tomado de su propia medicina. El el Ayuntamiento madrileño de Arroyomolinos, el partido naranja ha deseado desde un primer momento llegar a una solución que no le hiciera perder el gobierno municipal, pero el PSOE decidió hace unos días retirarse del acuerdo de gobierno allí y el PP había dado un ultimatum de 48 horas en las que si su alcalde, Carlos Ruipérez, no dimite, presentaría una moción de censura. Finalmente, este viernes Ruipérez ha dimitido. Ruipérez y su teniente alcalde, Juan José González Arroyo; el portavoz en la Diputación de León y concejal de San Andrés del Rabanedo, Juan Carlos Fernández, y su asesor, Sadat Maraña son cuatro de los 44 presuntos participantes de la trama de amaño de contratos para el control y la gestión del tráfico conocida como Operación Enredadera.

Esperan que dimitan todos El mismo día que se conoció, el 3 de julio, Ciudadanos los suspendió de militancia y les abrió un expediente. Según sus estatutos "garantistas", a partir de ese momento se abrió un periodo de 10 días hábiles, en principio, para que presenten alegaciones en el proceso interno contra ellos. En la práctica, lo que espera el partido es que dimitan todos antes de que el martes que viene se les expulse. A la mitad de este plazo, fuentes naranjas calculaban que había un "99,9%" de posibilidades de que no se tuviera que llegar a la expulsión. Apostaban por una dimisión antes y apuntaban que "hay muchas vías" para hacerlo, desde una rueda de prensa, un comunicado o un simple tuit un viernes por la noche.

Según otras fuentes del partido, en los días previos a la fecha límite del martes 17 de julio ha habido contactos directos e indirectos con los implicados. No están "negociando", insisten, simplemente, ellos saben cuáles son las normas y les corresponde tomar una decisión o que la tome el partido por ellos. Amaño de contratos Según la investigación que ha llevado a cabo la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), los más de 40 implicados participaron en una trama que amañaba contratos municipales para la instalación de radares de tráfico, que empezó a investigarse en el ayuntamiento de Montgat (Barcelona) pero que luego se extendió por toda España. Entre los arrestados está además uno de los considerados principales empresarios de la trama Gürtel, José Luis Ulibarri. Según la UDEF, los políticos implicados conseguían que sus ayuntamientos compraran material y programas informáticos de seguridad vial con precios hinchados y amañaban también la adjudicación de gestión de multas. Para poder engordar la maquinaria y poder comprar más radares a precios hinchados con los que supuestamente se pagaban comisiones a políticos y policías locales, la trama habría incluso falsificado datos de siniestralidad en la carretera.

En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, la trama habría hecho pleno al afectar a políticos del PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, donde su líder, Ignacio Aguado, ha visto como uno de sus alcaldes está implicado. Es la primera vez que los de Rivera se enfrentan a perder un gobierno municipal, el de Arroyomolinos, por motivos relacionados con la corrupción. Cortar cabezas Desde la formación naranja se señala que los contratos presuntamente irregulares son antiguos y que sus políticos no hicieron más que continuarlos. Además, aducen que Ruipérez, que fue detenido, se negó a declarar ante la policía en ausencia de su abogado y aún está a la espera de declarar ante un juez y, por tanto, todavía no ha sido imputado. No obstante, el discurso del partido les obliga a "cortar la cabeza cuanto antes". Para terminar de enrarecer las cosas, la Operación Enredadera también ha obligado a Ciudadanos a lidiar con un amago de infarto, el que padeció Ruipérez Alonso y por el que estuvo hospitalizado unos días.

En esa tesitura, Aguado decidió cortar toda comunicación con él, de una forma tan radical en un momento tan delicado que, tras responder tajantemente que no sabía nada sobre cómo se encontraba, su equipo matizó horas después que de forma indirecta sí se había interesado por su estado de salud y le deseaban una pronta recuperación. En los primeros días, el secretario general de la formación, José Manuel Villegas, aseguró que no les iba a "temblar el puso". Aunque entonces no quiso aclarar si Ciudadanos se había puesto en contacto con los implicados, lo cierto es que sí los está habiendo, con las secretarías de Organización y de Acción Institucional. "Cualquiera que forma parte de una organización que forman personas sabes que tarde o temprano alguien se va a equivocar o lo va a hacer mal. No sabes cuándo ni dónde, si en un ayuntamiento de 100 o 200.000 habitantes", añaden fuentes de Ciudadanos, que ponen el acento de la diferencia con otros partidos en lo rápido que han actuado ellos. Entregar el acta Sin embargo, tanto si dimiten todos como si finalmente el partido tiene que proceder a la expulsión, el partido naranja puede chocar contra el mismo muro contra el que se dan otros partidos en circunstancias similares.

Ciudadanos puede expulsarles de sus filas pero su acta de ediles es personal y no hay manera de obligarles a renunciar a ella. Ni siquiera aludiendo a la "carta ética" que firman todos los cargos de Ciudadanos. En ella, además de comprometerse a respetar el argumentario del partido, también lo hacen a cumplir el reglamento disciplinario y que, según fuentes naranjas, contempla que "la entrega del acto en caso de ser expulsados". Sin embargo, tampoco así existe una obligación real. La única medida que puede tomar el partido en los casos en el que la persona hallada en falta sea empleada de otra persona del partido, instar a este superior a destituirle. Esto es lo que podría ocurrir en el caso de Sadat Maraña, asesor del portavoz de Ciudadanos en la Diputación de León, al que se le podría pedir que lo despidiera. El problema es el portavoz es también uno de los cuatro implicados en la Operación Enredadera. "No depende de nosotros", admiten en Ciudadanos. Siempre se dijo que al todavía presidente del PP, Mariano Rajoy, le preocupaba no ser justo con su gente ante sospechas de corrupción y que por eso casi nunca actuó rápidamente.

En Ciudadanos, la tesis es distinta y se resume en poner la venda antes de tener la herida. Si al final resulta que alguno o todos de los cuatro políticos naranjas de la Operación Enredadera no tenía nada que ver con el presunto amaño de contratos y falsificación de datos de tráfico, el partido se encargará de que sean restituidos, también ante la opinión pública. Son conscientes de que ser expulsado de un partido es una "mancha" y de que "luego puede costar volver a la política". Qué impediría, por ejemplo, el regreso de Ruipérez a la vida política con el sobrenombre de "el renacido", sugieren.




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