Los niñatos comunistas, tontos utiles del lobby hotelero ....
'Turismofobia', la excusa de los políticos para restringir los pisos turísticosHasta hace poco, los particulares podían alquilar libremente sus pisos a turistas, pero ahora se restringe esta actividad en beneficio de los hoteles.Ni Ada Colau, ni Manuela Carmena, ni Podemos, ni la CUP, ni el PSOE… El primer partido político que declaró al guerra en España al alquiler vacacional por parte de los particulares fue el PP. El Gobierno de Mariano Rajoy, por boca de su entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, decidió a mediados de 2013 que los españoles ya no podrían alquiler libremente sus inmuebles a turistas, tal y como venía sucediendo desde hace décadas.
El Ejecutivo decidió que esta actividad, hasta entonces regulada a nivel estatal a través de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), pasara a depender de la regulación sectorial de cada comunidad autónoma, a sabiendas de que las normativas turísticas de los gobiernos regionales serían mucho más restrictivas e intervencionistas que la LAU, de modo que los propietarios tendrían más dificultades y limitaciones a la hora de poder alquilar legalmente sus viviendas a turistas.
Hasta ese momento, el alquiler vacacional se regía por la misma regulación que el alquiler normal, ya que la ley estatal no especificaba ningún límite de tiempo acerca del arrendamiento, ofreciendo así un amplio margen de actuación a propietario e inquilino para acordar las condiciones concretas del alquiler vacacional, sin mayores trabas y dificultades administrativas, lo cual posibilitó el desarrollo de un amplio mercado inmobiliario de uso turístico en España, con el consiguiente beneficio para los propietarios. La única obligación fiscal del propietario consistía en reflejar esos ingresos extra en su declaración del IRPF, como cualquier otro alquiler.
Sin embargo, todo cambió a partir de 2013. El PP cedió a las fuertes presiones ejercidas desde el poderoso lobby hotelero que, desde hacía tiempo, venía quejándose de la "competencia desleal" que ejercían los pequeños propietarios a su negocio. El alquiler turístico siempre ha existido en España, solo que, hasta hace poco, se desarrollaba a través de la intermediación de inmobiliarias o anuncios en prensa y webs. Pero la irrupción de las nuevas plataformas de alojamiento a nivel global, como Airbnb o Homeaway, ha transformado por completo este modelo. Cada vez son más los turistas y propietarios que, sin necesidad de intermediarios y al margen del negocio hotelero, alcanzan acuerdos mutuamente beneficiosos en materia de alojamiento.
No en vano, según los datos de Airbnb, el anfitrión medio en España logró unos ingresos extra de 3.300 euros alquilando su vivienda unas 36 noches al año en 2016. En Madrid, ganó una media de 3.640 euros, mientras que en Palma los ingresos alcanzaron los 5.900 euros y en Barcelona los 5.300 euros por alquilar una media de 66 noches el pasado año. En un país como España, donde la tasa de propietarios supera el 80%, el negocio del alquiler turístico puede beneficiar de forma directa a una buena parte de la población.
Pese a ello, tras años de campaña por parte del lobby hotelero, los políticos han empezado a restringir este modelo de negocio arguyendo como excusa la creciente turismofobia. Los gobiernos regionales se escudan en los contados problemas de convivencia que genera el turismo de masas –pertenecientes al ámbito del orden público, no al del turismo propiamente dicho–, la supuesta transformación de los barrios del centro de las ciudades (la polémica "gerentrificación") o la subida de los alquileres para restringir y limitar esta actividad por parte de los particulares, pese a que dichos argumentos carecen de base.
