l ABC no soporta que Pablo Iglesias compre su ropa en Alcampo y le llama populista, pero si lo compra en la Calle Serrano de Madrid. Es un cabrón es casta!!!
http://www.abc.es/elecciones-europeas/2 ... 71342.html
Mentiras, tergiversaciones y manipulaciones sobre PODEMOS
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podemitapower
Enrique Rioboo que tanto critica a Pablo Iglesias y Monedero por su relación con el gobierno de Venezuela, estaba dispuestos a vender la cadena de TV canal 33 de su propiedad pero no por 200.000€ sino por un 1.000.000€.
Enrique Rioboo con esas ansias de dinero, aprovechó la ocasión para sacar un libro sobre PODEMOS para quejarse entre otras cosas, que no le dieran un millón.
Tener mucho dinero está mal visto pero si no lo tienes, personajes como este, se rie de ti y te llaman fantoche.
http://www.elplural.com/2014/11/04/...a ... e-podemos/
[IMG]
Imprimir Enviar a un amigo
Enrique Riobóo, el director de la televisión local de Madrid (Canal 33) que dio su primera oportunidad a Pablo Iglesias acaba de publicar un libro en el que pretende “desenmascarar” al líder de Podemos. Titulado La cara oculta de Pablo Iglesias, en esta obra editada por Vive Libro, Enrique Riobóo hace públicas muchas de las conversaciones y negociaciones que presuntamente mantuvo con los líderes de Podemos antes de que todos ellos fueran conocidos a escala nacional.
El perfil de Iglesias“Lejos de su amabilidad televisiva, Pablo Iglesias tiene grandes dosis de mala educación, un ego que no cabe en ningún plató y una traición a sus ideas, a su gente, a su pasado. Hay un Pablo antes de las elecciones y otro Pablo cuando resulta elegido eurodiputado. Este último ya es casta y de ese modo se comporta como los peores personajes de la política”, asegura en su obra Enrique Riobóo, uno de los periodistas más respetados por el entorno del 15-M gracias a la enorme cobertura que desde su televisión local siempre ha concedido a las movilizaciones sociales.
Venezuela quiere una televisiónPosiblemente, uno de los pasajes más polémicos del libro guarda relación con la supuesta oferta que la mano derecha de Pablo Iglesias, el también profesor universitario Juan Carlos Monedero, le hizo a Riobóo para comprar su televisión. “Tenemos a favor que el nuevo Gobierno de Maduro está hasta los cojones de las manipulaciones de El País y el ABC, y entonces quieren una televisión en Madrid parar contrarrestar, desde dentro, esa manipulación y esa constante crítica feroz y salvaje que le hacen al gobierno democrático de Venezuela”, le dijo Monedero a Riobóo con el objetivo de adquirir Canal 33.
El mensaje de Pablo IglesiasSegún explica en La cara oculta de Pablo Iglesias, tras escuchar su interés en su televisión, Riobóo cifró en 1.200.000 euros el precio de mercado de Canal 33. Pocos días después, coincidiendo con la vuelta a España de Monedero (que había acudido a Venezuela por motivos laborales), el director de Canal 33 recibió el siguiente mensaje de Pablo Iglesias: “Ya ha venido Monedero de Venezuela. Vamos a reunirnos”.
Lo que supuestamente ofrecía Chávez
Finalmente, Riobóo quedó la noche del 22 de abril en una cervecería junto a la calle Huertas, una de las calles emblemáticas de Madrid. En dicha reunión, Monedero habría afirmado lo siguiente: “Yo vengo de Caracas… Veréis, ahora sin Chávez, ya no es lo mismo. Me pagan la casa, pero no me pagan la casa entera, faltan puertas, ventanas… Os puedo ofrecer por la televisión 200.000 euros”. Una oferta económica muy inferior a la demandada en un principio por Riobóo.
Riobóo no vendió en canal por 200.000 euros“En ese momento me contuve la risa. Intenté mantener el tipo y no carcajearme allí mismo. Mi estrategia funcionó. Nuevos fantoches al descubierto, pensé. Les contesté con la máxima educación y, como en otras ocasiones, puse en marcha mi retahíla de excusas: Con ese dinero no puedo jubilarme, soy demasiado joven, trabajo en lo que me gusta, es mi pasión”, explica Riobóo en La cara oculta de Pablo Iglesias.
La cara oculta de Pablo Iglesias se puede adquirir desde este miércoles por el precio de 11 euros a través de la plataforma esebook.com. Más información en http://www.vivelibro.com
Enrique Rioboo con esas ansias de dinero, aprovechó la ocasión para sacar un libro sobre PODEMOS para quejarse entre otras cosas, que no le dieran un millón.
Tener mucho dinero está mal visto pero si no lo tienes, personajes como este, se rie de ti y te llaman fantoche.
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Enrique Riobóo, el director de la televisión local de Madrid (Canal 33) que dio su primera oportunidad a Pablo Iglesias acaba de publicar un libro en el que pretende “desenmascarar” al líder de Podemos. Titulado La cara oculta de Pablo Iglesias, en esta obra editada por Vive Libro, Enrique Riobóo hace públicas muchas de las conversaciones y negociaciones que presuntamente mantuvo con los líderes de Podemos antes de que todos ellos fueran conocidos a escala nacional.
El perfil de Iglesias“Lejos de su amabilidad televisiva, Pablo Iglesias tiene grandes dosis de mala educación, un ego que no cabe en ningún plató y una traición a sus ideas, a su gente, a su pasado. Hay un Pablo antes de las elecciones y otro Pablo cuando resulta elegido eurodiputado. Este último ya es casta y de ese modo se comporta como los peores personajes de la política”, asegura en su obra Enrique Riobóo, uno de los periodistas más respetados por el entorno del 15-M gracias a la enorme cobertura que desde su televisión local siempre ha concedido a las movilizaciones sociales.
Venezuela quiere una televisiónPosiblemente, uno de los pasajes más polémicos del libro guarda relación con la supuesta oferta que la mano derecha de Pablo Iglesias, el también profesor universitario Juan Carlos Monedero, le hizo a Riobóo para comprar su televisión. “Tenemos a favor que el nuevo Gobierno de Maduro está hasta los cojones de las manipulaciones de El País y el ABC, y entonces quieren una televisión en Madrid parar contrarrestar, desde dentro, esa manipulación y esa constante crítica feroz y salvaje que le hacen al gobierno democrático de Venezuela”, le dijo Monedero a Riobóo con el objetivo de adquirir Canal 33.
El mensaje de Pablo IglesiasSegún explica en La cara oculta de Pablo Iglesias, tras escuchar su interés en su televisión, Riobóo cifró en 1.200.000 euros el precio de mercado de Canal 33. Pocos días después, coincidiendo con la vuelta a España de Monedero (que había acudido a Venezuela por motivos laborales), el director de Canal 33 recibió el siguiente mensaje de Pablo Iglesias: “Ya ha venido Monedero de Venezuela. Vamos a reunirnos”.
Lo que supuestamente ofrecía Chávez
Finalmente, Riobóo quedó la noche del 22 de abril en una cervecería junto a la calle Huertas, una de las calles emblemáticas de Madrid. En dicha reunión, Monedero habría afirmado lo siguiente: “Yo vengo de Caracas… Veréis, ahora sin Chávez, ya no es lo mismo. Me pagan la casa, pero no me pagan la casa entera, faltan puertas, ventanas… Os puedo ofrecer por la televisión 200.000 euros”. Una oferta económica muy inferior a la demandada en un principio por Riobóo.
Riobóo no vendió en canal por 200.000 euros“En ese momento me contuve la risa. Intenté mantener el tipo y no carcajearme allí mismo. Mi estrategia funcionó. Nuevos fantoches al descubierto, pensé. Les contesté con la máxima educación y, como en otras ocasiones, puse en marcha mi retahíla de excusas: Con ese dinero no puedo jubilarme, soy demasiado joven, trabajo en lo que me gusta, es mi pasión”, explica Riobóo en La cara oculta de Pablo Iglesias.
La cara oculta de Pablo Iglesias se puede adquirir desde este miércoles por el precio de 11 euros a través de la plataforma esebook.com. Más información en http://www.vivelibro.com
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A Monedero se le ha crucificado por decir que algunos policías repartían droga entre los jóvenes vascos para anular su activismo. Algunas asociaciones policiales amenazaron con denunciar a Monedero.
Y Por qué no se meten con el PNV?
El PNV asegura que aún hay complicidad entre mafias y guardias civiles en Euskadi
http://elpais.com/diario/1995/05/19/esp ... 50215.html
El PNV tiene "sospechas razonables" e "indicios claros" de que siguen existiendo "complicidades" entre clanes de narcotraficantes y contrabandistas y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado en el País Vasco, como las denunciadas en 1989 por el fiscal jefe de San Sebastián en el llamado informe Navajas, según dijo ayer en el Congreso el diputado José Juan González de Txabarri al fiscal general del Estado, Carlos Granados.
Granados reconoció que el original del informe Navajas, que el fiscal Luis Navajas entregó en mayo de 1989 a su antecesor Javier Moscoso, se ha perdido; pero dijo haber hallado una copia del mismo, ya que la fiscalía guipuzcoana volvió a remitirlo meses después, en una fecha que no pudo precisar, por vía fax. En todo caso, Granados restó importancia al extravío del documento pues, según dijo, sólo era un resumen, de carácter reservado y para uso interno, de las diligencias informativas 1/89, abiertas en diciembre de 1989 por el fiscal, después de que algunos narcotraficantes denunciasen a agentes del cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo (San Sebastián), bajo el mando del entonces teniente coronel Enrique Rodríguez Galindo.
El fiscal general del Estado desmintió que estas denuncias, a su juicio "vagas y sin confirmación", no se investigasen. Al contrario, agregó, elinforme Navajas fue incluido "casi literalmente", en abril de 1991, en las diligencias previas 491/91, que instruía el juzgado número 1 de San Sebastián. Dichas diligencias acabaron , en noviembre de 1993, con el sobreseimiento de las acusaciones contra todos los implicados, salvo un sargento condenado por cohecho.
González de Txabarri rechazó esta versión y afirmó que "el informe Navajas jamás ha sido sobreseído porque jamás ha sido investigado". Lo que archivó el juzgado de San Sebastián fue, en su opinión, elcontrainforme Navajas, ordenado por el ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, para sabotear la investigación de la fiscalía.
El portavoz del PNV denunció lo que calificó de "complicidad estructural e institutucional" para "enterrar un tema muy grave". Por su parte, Xabier Albistur, del Grupo Mixto, próximo al PNV, afirmó que "el tiempo, como el mar, devuelve los cadáveres" y que la clarificación de este tema "es el mejor lazo azul que nos podemos poner", en alusión al símbolo de la campaña por la libertad de José María Aldaya.
Para demostrar que las diligencias 491/91 recogen "lo sustancial" delinforme Navajas, Granados leyó el único párrafo alusivo en ambos documentos al jefe de Intxaurrondo, Rodríguez Galindo, a quien un preso por narcotráfico, en base "a noticias oídas en la cárcel", relacionó con presuntos contrabandistas, con los que se reuniría periódicamente en un chalé en La Rioja.
Federico Trillo, del PP, acusó a la Fiscalía General del Estado de "retardo e inactividad" en la investigación del informe Navajas, así como de "negligencia en la custodia" del documento. Más duro fue, sin embargo, con el PNV, del que dijo que "uno no sabe si lo que está buscando es un informe o un coronel", en referencia a Rodríguez Galindo, y que "hay que respetar los autos [judiciales] de archivo y no hacer insinuaciones calumniosas".
José María Mohedano, del PSOE, intervino en la misma línea: "No conozco de nada al señor Rodríguez Galindo", dijo, pero ni siquiera en campaña electoral podemos poner gratuitamente en duda la honorabilidad de miembros de las fuerzas de seguridad, sobre todo cuando han cumplido una labor fundamental en la lucha contra el terrorismo en el País Vasco".
https://www.youtube.com/watch?v=-7t-SkrrGMo
Y Por qué no se meten con el PNV?
El PNV asegura que aún hay complicidad entre mafias y guardias civiles en Euskadi
http://elpais.com/diario/1995/05/19/esp ... 50215.html
El PNV tiene "sospechas razonables" e "indicios claros" de que siguen existiendo "complicidades" entre clanes de narcotraficantes y contrabandistas y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado en el País Vasco, como las denunciadas en 1989 por el fiscal jefe de San Sebastián en el llamado informe Navajas, según dijo ayer en el Congreso el diputado José Juan González de Txabarri al fiscal general del Estado, Carlos Granados.
Granados reconoció que el original del informe Navajas, que el fiscal Luis Navajas entregó en mayo de 1989 a su antecesor Javier Moscoso, se ha perdido; pero dijo haber hallado una copia del mismo, ya que la fiscalía guipuzcoana volvió a remitirlo meses después, en una fecha que no pudo precisar, por vía fax. En todo caso, Granados restó importancia al extravío del documento pues, según dijo, sólo era un resumen, de carácter reservado y para uso interno, de las diligencias informativas 1/89, abiertas en diciembre de 1989 por el fiscal, después de que algunos narcotraficantes denunciasen a agentes del cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo (San Sebastián), bajo el mando del entonces teniente coronel Enrique Rodríguez Galindo.
El fiscal general del Estado desmintió que estas denuncias, a su juicio "vagas y sin confirmación", no se investigasen. Al contrario, agregó, elinforme Navajas fue incluido "casi literalmente", en abril de 1991, en las diligencias previas 491/91, que instruía el juzgado número 1 de San Sebastián. Dichas diligencias acabaron , en noviembre de 1993, con el sobreseimiento de las acusaciones contra todos los implicados, salvo un sargento condenado por cohecho.
González de Txabarri rechazó esta versión y afirmó que "el informe Navajas jamás ha sido sobreseído porque jamás ha sido investigado". Lo que archivó el juzgado de San Sebastián fue, en su opinión, elcontrainforme Navajas, ordenado por el ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, para sabotear la investigación de la fiscalía.
El portavoz del PNV denunció lo que calificó de "complicidad estructural e institutucional" para "enterrar un tema muy grave". Por su parte, Xabier Albistur, del Grupo Mixto, próximo al PNV, afirmó que "el tiempo, como el mar, devuelve los cadáveres" y que la clarificación de este tema "es el mejor lazo azul que nos podemos poner", en alusión al símbolo de la campaña por la libertad de José María Aldaya.
Para demostrar que las diligencias 491/91 recogen "lo sustancial" delinforme Navajas, Granados leyó el único párrafo alusivo en ambos documentos al jefe de Intxaurrondo, Rodríguez Galindo, a quien un preso por narcotráfico, en base "a noticias oídas en la cárcel", relacionó con presuntos contrabandistas, con los que se reuniría periódicamente en un chalé en La Rioja.
Federico Trillo, del PP, acusó a la Fiscalía General del Estado de "retardo e inactividad" en la investigación del informe Navajas, así como de "negligencia en la custodia" del documento. Más duro fue, sin embargo, con el PNV, del que dijo que "uno no sabe si lo que está buscando es un informe o un coronel", en referencia a Rodríguez Galindo, y que "hay que respetar los autos [judiciales] de archivo y no hacer insinuaciones calumniosas".
José María Mohedano, del PSOE, intervino en la misma línea: "No conozco de nada al señor Rodríguez Galindo", dijo, pero ni siquiera en campaña electoral podemos poner gratuitamente en duda la honorabilidad de miembros de las fuerzas de seguridad, sobre todo cuando han cumplido una labor fundamental en la lucha contra el terrorismo en el País Vasco".
https://www.youtube.com/watch?v=-7t-SkrrGMo
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El “informe Navajas”; de cómo se inundó de droga el País Vasco y España en los años 80 y 90.
A+AA-
El “informe Navajas”; de cómo se inundó de droga el País Vasco y España en los años 80 y 90.
Es conocida la afición del ex presidente de la República italiana a pisar charcos, sobre todo los que tienen que ver con España y el terrorismo etarra. Pero esta vez Francesco Cossiga ha dado un paso al frente y levantado una auténtica polvareda, precisamente desde Bilbao, con unas declaraciones sobre la excarcelación del ex general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo.
Cossiga ha dicho que con la puesta en libertad de Galindo, José Luis Rodríguez Zapatero no piensa renunciar a lo que le parece un ‘mérito’ del anterior Gobierno socialista, que es “el uso del terrorismo de Estado”. Según Consiga, con las últimas detenciones de etarras -Mikel Antza y su compañera Anboto-, Zapatero pretende que “se olvide un acto indecoroso, que ni siquiera Aznar se atrevió a plantear, como es la puesta en libertad de un vulgar asesino, que es más asesino todavía en cuanto que es un general de la Guardia Civil que estaba en la cárcel por torturas, asesinato y por haber inventado un método traicionero de difusión calculada de la droga en el País Vasco” (sic).
Lo curioso de todo esto es que Cossiga hacía referencia a un documento, el llamado’Informe Navajas’, que no sólo es -supuestamente- secreto, sino que, además, consta como ‘desaparecido’. El famoso informe, elaborado en 1989 por el entonces fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, Luis Navajas, relacionaba a una decena de mandos de la Guardia Civil de Guipúzcoa con el narcotráfico. Entre los investigados se encontraba el entonces teniente coronel Rodríguez Galindo.
Muy significativo en este caso es que, de enero de 1994 hasta enero de 1995, fueron asesinados por ETA cuatro personas que amenazaba con destapar al trama del narcotráfico en el País Vasco (parte de la trama del ‘Informe Navaja’): José Antonio Santamaría, José María Olarte, “Plomos” (después de destapar El País que era un importante confidente de la policía en casos de narcotráfico), Alfonso Morcillo, responsable de la Brigada de Investigación de narcotráfico de la Guardia Municipal de San Sebastián, y el concejal del PP Gregorio Ordóñez, quien había confesado unas horas antes a la periodista Carmen Gurruchaga que estaba investigando datos de enorme trascendencia sobre el ‘Informe Navajas’ y la implicación de varios miembros de la Policía Municipal donostiarra con Intxaurrondo.
El informe llegó a la Fiscalía General del Estado, pero inexplicablemente se perdió. Con la ‘percha’ informativa de las declaraciones de Cossiga, les ofrecemos íntegro en dos pdf el famoso informe, al que pueden acceder en las siguientes direcciones web:
TorturoKracia: El desaparecido ‘Informe Navajas’, íntegro
El ‘informe Navajas’ sobre supuesta corrupción de guardias civiles de Intxaurrondo, nunca fue investigado por los jueces
El fiscal general del Estado aseguró que el caso fue archivado por falta de pruebas
Francisco Mercado / Santiago Carcar Madrid 21 MAY 1995
El informe Navajas (mayo de 1989), que detallaba supuestos vínculos entre narcotraficantes y guardias civiles del cuartel de Intxaurrondo (Guipúzcoa), nunca fue investigado por los jueces. El documento tampoco fue incorporado a ninguna causa, según fuentes jurídicas. Lo único que investigó el juez donostiarra Fernando Andreu, fueron pistas recogidas en un contrainforme de la Guardia Civil que excluía a los implicados de mayor graduación.Tales afirmaciones chocan con las realizadas el pasado jueves en el Congreso por el fiscal general del Estado, Carlos Granados. No sólo fuentes judiciales contradicen a Granados. Documentos reservados de la Guardia Civil detallan cómo se saboteó la investigación desde el propio instituto armado (ver El PAÍS del 4 de mayo). En ellos se afirma que Andreu solicitó información a la Guardia Civil “toda vez que no contaba ni tan siquiera con las diligencias informativas 1/89 que el fiscal Navajas estaba instruyendo”. El contrainforme le fue enviado al juez el 19 de abril de 1991, tras “haber sido previamente entregado para su estudio y crítica al teniente coronel Rodríguez Galindo” [hecho que éste niega], jefe del cuartel de Intxaurrondo. El documento finalmente entregado al juez “iba rebatiendo punto por punto las conclusiones del informe Navajas”.
El pasado jueves, sin embargo, el fiscal general del Estado aseguró que el informe Navajas fue incorporado en su “casi literalidad” a las diligencias previas 491/91 del juzgado número 1 de Instrucción de San Sebastián, cuyo titular es Andreu. Granados añadió que dichas diligencias acabaron en noviembre de 1993 con el sobreseimiento de las acusaciones contra todos los implicados, salvo un sargento condenado por cohecho.
Contrainforme
La realidad es que el juez Andreu no llegó a recibir el informe Navajas. Simplemente, dio por bueno un contrainforme hecho por la Guardia Civil que exculpaba al hoy coronel Rodríguez Galindo, al teniente Joaquín Collado Callau, al capitán Fidel del Hoyo Cepeda y al teniente José Guisado Fernández, que se cayeron de la investigación judicial.
Al margen de detallar determinadas pesquisas internas sobre Rodríguez Galindo -calificadas de “someras” en documentos internos y sin voluntad de profundizar ni contrastar-, el contrainforme entregado al juez tenía como objetivo desacreditar el informe Navajas esgrimiendo“la escasa crebilidad de las fuentes” ya que todas ellas estaban vinculadas al narcotráfico. Y como letanía agregaba: “No se ha podido concretar ni determinar ninguna relación” con los narcotraficantes.
Paradójicamente, el contrainforme presentó como creíbles las imputaciones de narcos dirigidas contra otros guardias como el sargento Luis González Alonso, jefe del Grupo de Información Fiscal y Antidroga de la 513 Comandancia, o el brigada Heliodoro Tomé Guarido, del puesto de Irún y responsable entonces de la vigilancia en la ría de Hondarribia. No se presentaron cargos contra ninguno de los dos.
El documento entregado al juez Andreu por la Guardia Civil concluía así: “Cada vez que aparece un nuevo dato, si se investiga nuevamente, paraliza el conjunto de la operación al tener que dedicar tiempo y personal aefectuar nuevas comprobaciones.(…) Por ello, y en tanto los datos imputativos que aporten los medios de comunicación social, no sean presentados por personas concretas y en forma adecuada ante la autoridad judicial o sus agentes, o sean de una. evidencia tal que por sí solos se muestren irrefutables, se sugiere a V.I. que no sean considerados para modificar las líneas de investigación”. Con tales líneas de investigación, sólo fue acusado formalmente uno de los 21 sospechosos: el sargento Enrique Dorado Villalobos.
Según fuentes jurídicas donostiarras, tampoco el fiscal Navajas investigó á los agentes que él mismo denunció al fiscal general del Estado en mayo de 1989, sino que se limitó a resumir las acusaciones formuladas por narcotraficantes ánte el capitán Juan Miguel Castañeda.
El ‘informe Navajas’ sobre supuesta corrupción de guardias civiles de Intxaurrondo, nunca fue investigado por los jueces | Edición impresa | EL PAÍS
La Guardia Civil saboteó la investigación del fiscal Navajas sobre corrupción en Intxaurrondo
EL PAÍS/ 28 ABR 1995
lA Guardia Civil saboteó en 1990 la investigación del fiscal Luis Navajas sobre corrupción en el cuartel donostiarra de Intxaurrondo, que incluía a su responsable, el entonces teniente coronel Enrique Rodríguez Galindo. Luis Roldán dirigía entonces el instituto armado. Un informe secreto de la Guardia Civil, del 20 de octubre de 1992, detalla la Operación Arca de Noé, cuya meta era “marcar líneas de investigación sobre objetivos poco significativos”. La mayoría de encartados habían intervenido en “acciones clandestinas” contra ETA, según el informe.
Para descafeinar la investigación, según el documento, se recurrió a “desacreditar las fuentes”, estudiar lo que “deberá declarar” o “deberá omitir” determinado testigo y enterrar pistas clave. “Por la naturaleza de la misión encomendada al inicio de la Operación Arca de Noé, durante su desarrollo no se ha establecido ninguna línea de investigación que trate de profundizar en las citadas informaciones [en su mayoría derivadas del informe Navajas] ni se han buscado otras que las contrasten”, revela el informe reservado. “Todo el planteamiento inicial [de la Operación Arca de Noé] se hizo de acuerdo con Rodríguez Galindo”.El 12 de mayo de 1989, el fiscal de San Sebastián Luis Navajas remitió al entonces fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, un escrito sobre la presunta corrupción de mandos de la 513 Comandancia de la Guardia Civil, incluido el entonces teniente coronel Enrique Rodríguez Galindo. El escrito denunciaba relaciones de funcionarios del cuartel con distintas redes de contrabando y narcotráfico de Guipúzcoa.
Leopoldo Torres, ante el nombre emblemático de la lucha antiterrorista que aparecía en tal informe, se puso en contacto con Roldán, según fuentes próximas al ex director. Este, a su vez, contactó con Rodríguez Galindo, quien, además de defender su caso personal, se alarmó al oir citar los nombres que aparecían en el documento. Muchos de ellos correspondían a hombres de su máxima confianza en la lucha antiterrorista que habían participado en “acciones clandestinas” [contra ETA], según se cita en el documento Arca de Noé.
Guardias investigados
Los agentes entonces destinados en Intxaurrondo y citados en el informe Navajas eran el teniente José Guisado Fernández, el capitán Fidel del Hoyo Cepeda, el sargento José Rancaño Fernández, los hermanos Enrique y Fabián Dorado Villalobos, ambos sargentos, el cabo Antonio Cruz Sánchez, el guardia segundo Juan Pedro Moreno Rey, el sargento José de la Peña Fernández y el teniente Joaquín Collado Callau. En noviembre de 1990, la prensa difundió la paralización en Madrid del informe Navajas.
En diciembre de 1990, la Dirección de la Guardia Civil ordenó al servicio de información investigar los hechos denunciados por Navajas. Pero, según consta en documentos reservados, también se ordenó una operación contra tales pesquisas.
La finalidad última de la Operación Arca de Noé, según dichos documentos, era “desacreditar las fuentes, demostrar la normalidad del patrimonio de Rodríguez Galindo y la correcta presentación de sus declaraciones de renta, indicar que no se había podido demostrar ninguna relación entre los miembros del cuerpo y los clanes de contrabandistas” y, sobre todo, “marcar unas líneas de investigación sobre objetivos poco significativos”.
La Guardia Civil estableció “un plan de decepción”. Oficialmente, no se negaba colaboración a la justicia, pero se ocultaban datos, se reventaban pistas, se manipulaban testigos y alertaba a investigados. Según documentos secretos, “todos o la mayor parte de los agentes indicados [denunciados a Navajas por corruptos], en una u otra forma, habían intervenido en acciones clandestinas de la lucha antiterrorista”. La Guardia Civil ocultó este dato a Navajas.
[...]
A la vista de que Alfonso Cano ha admitido públicamente ser el autor del informe, la fiscalía estudia reabrir la querella presentada por el alcalde Odón Elorza y archivada por ‘Falta de autor conocido”. Entre otras afirmaciones sustentadas en fuentes innominadas, enel informe se señala que, “según diversas referencias e informaciones”, Odón Elorza se halla “implicado” en contrabando de oro.
Quienes mantienen la tesis de la infiltración, entre ellos varios dirigentes del Partido Popular vasco, adjudican el mismo móvil, taponar la investigación de las redes de narcotráfico, a los atentados contra José Antonio Santamaría, José Manuel Olarte, Alfonso Morcillo, Gregorío Ordóñez, el brigada Mariano de Juan y el comisario Enrique Nieto, aislando el hecho de que todos podían entrar en la lógica terrorista. El único caso que suscita alguna incógnita, dado que ETA no acostumbra a atentar contra guardias municipales, aunque algunos hayan caído bajo sus balas, es la muerte del sargento Alfonso Morcillo.
En su comunicado de reivindicación de ese asesinato, la organización terrorista ETA afirmaba que Morcillo era el jefe de un grupo de guardias municipales conectados con el cuartel de la Guardia Civil situado en Intxaurrondo y le consideraba “colaborador” del responsable de la 513 Comandancia, el coronel Enrique Rodríguez Galindo.
Ciertamente, el sargento Morcillo se relacionaba con agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) porque entre sus cometidos profesionales habituales figuraba recabar información de estos cuerpos sobre la titularidad de los vehículos o los antecedentes penales de los sospechosos. De manera regular recibía, de hecho, a miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, en su despacho de la Guardia Municipal de San Sebastián, según afirma el jefe de la Guardia Municipal de San Sebastián, Milcel Gotzon Santamaría.
Que se sepa, tampoco el PNV, que lleva muchos meses apuntando con todas sus baterías al cuartel de la Guardia Civil ubicado en Inuaurrondo, ha sustentado hasta el momento con datos fehacientes su teoría de que es ahí donde hay que buscar la explicación de los últimos asesinatos de la organización terrorista ETA en San Sebastián.ç
La Guardia Civil saboteó la investigación del y fiscal Navajas sobre corrupción en Intxaurrondo
http://www.yometiroalmonte.es/2014/...p ... e-navajas/
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El “informe Navajas”; de cómo se inundó de droga el País Vasco y España en los años 80 y 90.
Es conocida la afición del ex presidente de la República italiana a pisar charcos, sobre todo los que tienen que ver con España y el terrorismo etarra. Pero esta vez Francesco Cossiga ha dado un paso al frente y levantado una auténtica polvareda, precisamente desde Bilbao, con unas declaraciones sobre la excarcelación del ex general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo.
Cossiga ha dicho que con la puesta en libertad de Galindo, José Luis Rodríguez Zapatero no piensa renunciar a lo que le parece un ‘mérito’ del anterior Gobierno socialista, que es “el uso del terrorismo de Estado”. Según Consiga, con las últimas detenciones de etarras -Mikel Antza y su compañera Anboto-, Zapatero pretende que “se olvide un acto indecoroso, que ni siquiera Aznar se atrevió a plantear, como es la puesta en libertad de un vulgar asesino, que es más asesino todavía en cuanto que es un general de la Guardia Civil que estaba en la cárcel por torturas, asesinato y por haber inventado un método traicionero de difusión calculada de la droga en el País Vasco” (sic).
Lo curioso de todo esto es que Cossiga hacía referencia a un documento, el llamado’Informe Navajas’, que no sólo es -supuestamente- secreto, sino que, además, consta como ‘desaparecido’. El famoso informe, elaborado en 1989 por el entonces fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, Luis Navajas, relacionaba a una decena de mandos de la Guardia Civil de Guipúzcoa con el narcotráfico. Entre los investigados se encontraba el entonces teniente coronel Rodríguez Galindo.
Muy significativo en este caso es que, de enero de 1994 hasta enero de 1995, fueron asesinados por ETA cuatro personas que amenazaba con destapar al trama del narcotráfico en el País Vasco (parte de la trama del ‘Informe Navaja’): José Antonio Santamaría, José María Olarte, “Plomos” (después de destapar El País que era un importante confidente de la policía en casos de narcotráfico), Alfonso Morcillo, responsable de la Brigada de Investigación de narcotráfico de la Guardia Municipal de San Sebastián, y el concejal del PP Gregorio Ordóñez, quien había confesado unas horas antes a la periodista Carmen Gurruchaga que estaba investigando datos de enorme trascendencia sobre el ‘Informe Navajas’ y la implicación de varios miembros de la Policía Municipal donostiarra con Intxaurrondo.
El informe llegó a la Fiscalía General del Estado, pero inexplicablemente se perdió. Con la ‘percha’ informativa de las declaraciones de Cossiga, les ofrecemos íntegro en dos pdf el famoso informe, al que pueden acceder en las siguientes direcciones web:
TorturoKracia: El desaparecido ‘Informe Navajas’, íntegro
El ‘informe Navajas’ sobre supuesta corrupción de guardias civiles de Intxaurrondo, nunca fue investigado por los jueces
El fiscal general del Estado aseguró que el caso fue archivado por falta de pruebas
Francisco Mercado / Santiago Carcar Madrid 21 MAY 1995
El informe Navajas (mayo de 1989), que detallaba supuestos vínculos entre narcotraficantes y guardias civiles del cuartel de Intxaurrondo (Guipúzcoa), nunca fue investigado por los jueces. El documento tampoco fue incorporado a ninguna causa, según fuentes jurídicas. Lo único que investigó el juez donostiarra Fernando Andreu, fueron pistas recogidas en un contrainforme de la Guardia Civil que excluía a los implicados de mayor graduación.Tales afirmaciones chocan con las realizadas el pasado jueves en el Congreso por el fiscal general del Estado, Carlos Granados. No sólo fuentes judiciales contradicen a Granados. Documentos reservados de la Guardia Civil detallan cómo se saboteó la investigación desde el propio instituto armado (ver El PAÍS del 4 de mayo). En ellos se afirma que Andreu solicitó información a la Guardia Civil “toda vez que no contaba ni tan siquiera con las diligencias informativas 1/89 que el fiscal Navajas estaba instruyendo”. El contrainforme le fue enviado al juez el 19 de abril de 1991, tras “haber sido previamente entregado para su estudio y crítica al teniente coronel Rodríguez Galindo” [hecho que éste niega], jefe del cuartel de Intxaurrondo. El documento finalmente entregado al juez “iba rebatiendo punto por punto las conclusiones del informe Navajas”.
El pasado jueves, sin embargo, el fiscal general del Estado aseguró que el informe Navajas fue incorporado en su “casi literalidad” a las diligencias previas 491/91 del juzgado número 1 de Instrucción de San Sebastián, cuyo titular es Andreu. Granados añadió que dichas diligencias acabaron en noviembre de 1993 con el sobreseimiento de las acusaciones contra todos los implicados, salvo un sargento condenado por cohecho.
Contrainforme
La realidad es que el juez Andreu no llegó a recibir el informe Navajas. Simplemente, dio por bueno un contrainforme hecho por la Guardia Civil que exculpaba al hoy coronel Rodríguez Galindo, al teniente Joaquín Collado Callau, al capitán Fidel del Hoyo Cepeda y al teniente José Guisado Fernández, que se cayeron de la investigación judicial.
Al margen de detallar determinadas pesquisas internas sobre Rodríguez Galindo -calificadas de “someras” en documentos internos y sin voluntad de profundizar ni contrastar-, el contrainforme entregado al juez tenía como objetivo desacreditar el informe Navajas esgrimiendo“la escasa crebilidad de las fuentes” ya que todas ellas estaban vinculadas al narcotráfico. Y como letanía agregaba: “No se ha podido concretar ni determinar ninguna relación” con los narcotraficantes.
Paradójicamente, el contrainforme presentó como creíbles las imputaciones de narcos dirigidas contra otros guardias como el sargento Luis González Alonso, jefe del Grupo de Información Fiscal y Antidroga de la 513 Comandancia, o el brigada Heliodoro Tomé Guarido, del puesto de Irún y responsable entonces de la vigilancia en la ría de Hondarribia. No se presentaron cargos contra ninguno de los dos.
El documento entregado al juez Andreu por la Guardia Civil concluía así: “Cada vez que aparece un nuevo dato, si se investiga nuevamente, paraliza el conjunto de la operación al tener que dedicar tiempo y personal aefectuar nuevas comprobaciones.(…) Por ello, y en tanto los datos imputativos que aporten los medios de comunicación social, no sean presentados por personas concretas y en forma adecuada ante la autoridad judicial o sus agentes, o sean de una. evidencia tal que por sí solos se muestren irrefutables, se sugiere a V.I. que no sean considerados para modificar las líneas de investigación”. Con tales líneas de investigación, sólo fue acusado formalmente uno de los 21 sospechosos: el sargento Enrique Dorado Villalobos.
Según fuentes jurídicas donostiarras, tampoco el fiscal Navajas investigó á los agentes que él mismo denunció al fiscal general del Estado en mayo de 1989, sino que se limitó a resumir las acusaciones formuladas por narcotraficantes ánte el capitán Juan Miguel Castañeda.
El ‘informe Navajas’ sobre supuesta corrupción de guardias civiles de Intxaurrondo, nunca fue investigado por los jueces | Edición impresa | EL PAÍS
La Guardia Civil saboteó la investigación del fiscal Navajas sobre corrupción en Intxaurrondo
EL PAÍS/ 28 ABR 1995
lA Guardia Civil saboteó en 1990 la investigación del fiscal Luis Navajas sobre corrupción en el cuartel donostiarra de Intxaurrondo, que incluía a su responsable, el entonces teniente coronel Enrique Rodríguez Galindo. Luis Roldán dirigía entonces el instituto armado. Un informe secreto de la Guardia Civil, del 20 de octubre de 1992, detalla la Operación Arca de Noé, cuya meta era “marcar líneas de investigación sobre objetivos poco significativos”. La mayoría de encartados habían intervenido en “acciones clandestinas” contra ETA, según el informe.
Para descafeinar la investigación, según el documento, se recurrió a “desacreditar las fuentes”, estudiar lo que “deberá declarar” o “deberá omitir” determinado testigo y enterrar pistas clave. “Por la naturaleza de la misión encomendada al inicio de la Operación Arca de Noé, durante su desarrollo no se ha establecido ninguna línea de investigación que trate de profundizar en las citadas informaciones [en su mayoría derivadas del informe Navajas] ni se han buscado otras que las contrasten”, revela el informe reservado. “Todo el planteamiento inicial [de la Operación Arca de Noé] se hizo de acuerdo con Rodríguez Galindo”.El 12 de mayo de 1989, el fiscal de San Sebastián Luis Navajas remitió al entonces fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, un escrito sobre la presunta corrupción de mandos de la 513 Comandancia de la Guardia Civil, incluido el entonces teniente coronel Enrique Rodríguez Galindo. El escrito denunciaba relaciones de funcionarios del cuartel con distintas redes de contrabando y narcotráfico de Guipúzcoa.
Leopoldo Torres, ante el nombre emblemático de la lucha antiterrorista que aparecía en tal informe, se puso en contacto con Roldán, según fuentes próximas al ex director. Este, a su vez, contactó con Rodríguez Galindo, quien, además de defender su caso personal, se alarmó al oir citar los nombres que aparecían en el documento. Muchos de ellos correspondían a hombres de su máxima confianza en la lucha antiterrorista que habían participado en “acciones clandestinas” [contra ETA], según se cita en el documento Arca de Noé.
Guardias investigados
Los agentes entonces destinados en Intxaurrondo y citados en el informe Navajas eran el teniente José Guisado Fernández, el capitán Fidel del Hoyo Cepeda, el sargento José Rancaño Fernández, los hermanos Enrique y Fabián Dorado Villalobos, ambos sargentos, el cabo Antonio Cruz Sánchez, el guardia segundo Juan Pedro Moreno Rey, el sargento José de la Peña Fernández y el teniente Joaquín Collado Callau. En noviembre de 1990, la prensa difundió la paralización en Madrid del informe Navajas.
En diciembre de 1990, la Dirección de la Guardia Civil ordenó al servicio de información investigar los hechos denunciados por Navajas. Pero, según consta en documentos reservados, también se ordenó una operación contra tales pesquisas.
La finalidad última de la Operación Arca de Noé, según dichos documentos, era “desacreditar las fuentes, demostrar la normalidad del patrimonio de Rodríguez Galindo y la correcta presentación de sus declaraciones de renta, indicar que no se había podido demostrar ninguna relación entre los miembros del cuerpo y los clanes de contrabandistas” y, sobre todo, “marcar unas líneas de investigación sobre objetivos poco significativos”.
La Guardia Civil estableció “un plan de decepción”. Oficialmente, no se negaba colaboración a la justicia, pero se ocultaban datos, se reventaban pistas, se manipulaban testigos y alertaba a investigados. Según documentos secretos, “todos o la mayor parte de los agentes indicados [denunciados a Navajas por corruptos], en una u otra forma, habían intervenido en acciones clandestinas de la lucha antiterrorista”. La Guardia Civil ocultó este dato a Navajas.
[...]
A la vista de que Alfonso Cano ha admitido públicamente ser el autor del informe, la fiscalía estudia reabrir la querella presentada por el alcalde Odón Elorza y archivada por ‘Falta de autor conocido”. Entre otras afirmaciones sustentadas en fuentes innominadas, enel informe se señala que, “según diversas referencias e informaciones”, Odón Elorza se halla “implicado” en contrabando de oro.
Quienes mantienen la tesis de la infiltración, entre ellos varios dirigentes del Partido Popular vasco, adjudican el mismo móvil, taponar la investigación de las redes de narcotráfico, a los atentados contra José Antonio Santamaría, José Manuel Olarte, Alfonso Morcillo, Gregorío Ordóñez, el brigada Mariano de Juan y el comisario Enrique Nieto, aislando el hecho de que todos podían entrar en la lógica terrorista. El único caso que suscita alguna incógnita, dado que ETA no acostumbra a atentar contra guardias municipales, aunque algunos hayan caído bajo sus balas, es la muerte del sargento Alfonso Morcillo.
En su comunicado de reivindicación de ese asesinato, la organización terrorista ETA afirmaba que Morcillo era el jefe de un grupo de guardias municipales conectados con el cuartel de la Guardia Civil situado en Intxaurrondo y le consideraba “colaborador” del responsable de la 513 Comandancia, el coronel Enrique Rodríguez Galindo.
Ciertamente, el sargento Morcillo se relacionaba con agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) porque entre sus cometidos profesionales habituales figuraba recabar información de estos cuerpos sobre la titularidad de los vehículos o los antecedentes penales de los sospechosos. De manera regular recibía, de hecho, a miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, en su despacho de la Guardia Municipal de San Sebastián, según afirma el jefe de la Guardia Municipal de San Sebastián, Milcel Gotzon Santamaría.
Que se sepa, tampoco el PNV, que lleva muchos meses apuntando con todas sus baterías al cuartel de la Guardia Civil ubicado en Inuaurrondo, ha sustentado hasta el momento con datos fehacientes su teoría de que es ahí donde hay que buscar la explicación de los últimos asesinatos de la organización terrorista ETA en San Sebastián.ç
La Guardia Civil saboteó la investigación del y fiscal Navajas sobre corrupción en Intxaurrondo
http://www.yometiroalmonte.es/2014/...p ... e-navajas/
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MONEDERO DECÍA LA VERDAD, CUANDO RELACIONó A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO CON EL TRÁFICO DE DROGAS EN EL PAÍS VASCO.
http://www.elmundo.es/elmundo/1999/agos ... droga.html
Diario EL MUNDO
ULTIMAS NOTICIAS: ESPAÑA
Martes, 3 de agosto de 1999. Actualización: 20.30 horas
Detenido por narcotráfico un ex mando del cuartel de Intxaurrondo
EFE
MADRID/BARCELONA.- El teniente coronel de la Guardia Civil de Tráfico Máximo Blanco López ha sido detenido como presunto integrante de una red de tráfico de drogas que operaba en Cataluña. Blanco, que ha estado a la órdenes del general Enrique Rodríguez Galindo en el cuartel de Intxaurrondo, se ha visto involucrado en otros casos de narcotráfico.
El teniente coronel Máximo Blanco López está en prisión incondicional y comunicada en el módulo militar de la prisión de Alcalá Meco (Madrid), según un comunicado de la dirección general de la Guardia Civil.
Máximo Blanco, que estaba destinado en Madrid, ha declarado hoy como imputado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Amposta (Tarragona), quien ha decretado el secreto del sumario hasta que haya finalizado la investigación.Por su parte, la Dirección General de la Guardia Civil le ha cesado en sus funciones y ha abierto un expediente gubernativo "por falta muy grave".
La detención del teniente coronel se ha producido después de que la Guardia Civil decomisara el pasado viernes en una embarcación amarrada en el puerto de Sant Carles de la Rápita (Tarragona) y en un chalet de Sant Jaume d'Enveja, también en Tarragona, un total de 5.400 kilos de hachís en una operación que, en un primer momento, se saldó con la detención de seis personas.
El teniente coronel compareció como testigo el pasado 1 de junio ante el juzgado de instrucción número uno de San Sebastián en relación con una querella interpuesta contra Galindo por la Asociación antidroga Adore por supuestas vinculaciones de efectivos del cuartel guipuzcoano de Intxaurrondo con el contrabando y el narcotráfico.
En 1991, en el transcurso de unas diligencias abiertas y luego archivadas por el juzgado de instrucción número de uno de San Sebastián, se apuntó la presunta relación de Blanco con el supuesto narcotraficante José Manuel Olarte, alias "Plomos", posteriormente asesinado por ETA.
Una investigación de la Guardia Civil indagó sobre una supuesta solicitud de un crédito de dos millones de pesetas por parte de Blanco, entonces comandante, al presunto narcotraficante.
Además, Máximo Blanco elevó en 1992 una denuncia ante sus mandos contra Galindo y otros oficiales de Intxaurrondo a los que implicó en operaciones de contrabando cuyos beneficios, según él, se destinaron a la lucha contra ETA.
http://www.elmundo.es/elmundo/1999/agos ... droga.html
Diario EL MUNDO
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Martes, 3 de agosto de 1999. Actualización: 20.30 horas
Detenido por narcotráfico un ex mando del cuartel de Intxaurrondo
EFE
MADRID/BARCELONA.- El teniente coronel de la Guardia Civil de Tráfico Máximo Blanco López ha sido detenido como presunto integrante de una red de tráfico de drogas que operaba en Cataluña. Blanco, que ha estado a la órdenes del general Enrique Rodríguez Galindo en el cuartel de Intxaurrondo, se ha visto involucrado en otros casos de narcotráfico.
El teniente coronel Máximo Blanco López está en prisión incondicional y comunicada en el módulo militar de la prisión de Alcalá Meco (Madrid), según un comunicado de la dirección general de la Guardia Civil.
Máximo Blanco, que estaba destinado en Madrid, ha declarado hoy como imputado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Amposta (Tarragona), quien ha decretado el secreto del sumario hasta que haya finalizado la investigación.Por su parte, la Dirección General de la Guardia Civil le ha cesado en sus funciones y ha abierto un expediente gubernativo "por falta muy grave".
La detención del teniente coronel se ha producido después de que la Guardia Civil decomisara el pasado viernes en una embarcación amarrada en el puerto de Sant Carles de la Rápita (Tarragona) y en un chalet de Sant Jaume d'Enveja, también en Tarragona, un total de 5.400 kilos de hachís en una operación que, en un primer momento, se saldó con la detención de seis personas.
El teniente coronel compareció como testigo el pasado 1 de junio ante el juzgado de instrucción número uno de San Sebastián en relación con una querella interpuesta contra Galindo por la Asociación antidroga Adore por supuestas vinculaciones de efectivos del cuartel guipuzcoano de Intxaurrondo con el contrabando y el narcotráfico.
En 1991, en el transcurso de unas diligencias abiertas y luego archivadas por el juzgado de instrucción número de uno de San Sebastián, se apuntó la presunta relación de Blanco con el supuesto narcotraficante José Manuel Olarte, alias "Plomos", posteriormente asesinado por ETA.
Una investigación de la Guardia Civil indagó sobre una supuesta solicitud de un crédito de dos millones de pesetas por parte de Blanco, entonces comandante, al presunto narcotraficante.
Además, Máximo Blanco elevó en 1992 una denuncia ante sus mandos contra Galindo y otros oficiales de Intxaurrondo a los que implicó en operaciones de contrabando cuyos beneficios, según él, se destinaron a la lucha contra ETA.
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25 AÑOS DEL «INFORME NAVAJAS»
HEROÍNA Y FSE, CASO PENDIENTE 30 AÑOS DESPUÉS
El mayor sindicato policial se ha querellado contra un dirigente de Podemos por evocar una página nunca esclarecida de la historia vasca reciente: la irrupción de la heroína entre la juventud vasca en los 80, dejando cientos de víctimas. ¿Por qué en Euskal Herria este fenómeno fue mucho mayor? ¿Qué papel jugaron las FSE, por acción o por omisión? ¿Qué fue del «Informe Navajas»?
IRAIA OIARZABAL DONOSTIA
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Unas declaraciones de 2013 de un dirigente de Podemos redescubiertas ahora han devuelto a la memoria colectiva vasca un asunto que lleva tres décadas pendiente de abordarse a nivel oficial. Esta era la frase de Juan Carlos Monedero que ha motivado la querella del mayor sindicato policial (CEP), por la que probablemente deberá declarar en un tribunal: «Se empezó a distribuir heroína por parte de la Policía en los lugares donde había una juventud más conflictiva y más peleona. Y de repente apareció heroína en el País Vasco, en Madrid, en Valencia, en Barcelona... en sitios donde la gente podía optar por salidas políticas. Era mejor que se metiera en la heroína».
La vinculación de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) con la brutal entrada de las drogas, principalmente heroína, en el entorno de la juventud vasca en los años 80 es una sospecha permanente y que incluso tiene certificación oficial. Se trata del informe elaborado en 1989 por el entonces fiscal jefe de la Audiencia de Donostia, Luis Navajas, que puso la cuestión en su punto de mira. Sin embargo, el contenido del documento apenas trascendió y acabó guardado bajo llave, sin que nadie volviera a abrir ese cajón. Los atentados de ETA contra traficantes sirvieron como excusa añadida para dar carpetazo al tema, hasta hoy.
El origen del problema se sitúa a finales de los 70 y principios de los 80. La heroína entró con enorme fuerza en los hábitos de consumo de drogas de la juventud vasca. Lugares como el extrarradio de Donostia (Altza, Herrera...), Errenteria, Hernani, Pasaia, Elgoibar, Arrasate, Bermeo, Bilbo (el barrio de Otxarkoaga), la Parte Vieja de Iruñea, Sakana o Gasteiz se convirtieron en epicentro de la lacra. Sus efectos fueron devastadores. Muchos de estos jóvenes perdieron la vida por sobredosis o tras infectarse de sida.
Dos cubos de jeringuillas
Xabier Arana, investigador del Instituto Vasco de Criminología, ha centrado parte de su trabajo en el análisis de este fenómeno, que conoció de primera mano desde su labor en Askagintza. Remarca a GARA lo convulso de la época y la dificultad de extraer conclusiones con claridad dado que, según explica, se trata de «un fenómeno que se construyó sin datos».
«No tengo números exactos sobre la gente que falleció -admite-, pero fue algo muy serio. Hay autores que se atreven a decir que casi una generación. A mí me parece excesivo, pero en aquella época había pueblos donde mucha gente conocía en diferentes portales personas con problemas por consumo de heroína». Y cita un ejemplo personal: «En Altza (Donostia) un sábado, a modo de acto de protesta, llegamos a recoger dos cubos llenos de jeringuillas».
A mediados de los 80 el problema era ya muy ostensible, sobre todo en las localidades y barrios antes mencionados. «En esa época, 'la droga', en singular, ocupaba el primer lugar entre las preocupaciones de la sociedad española, detrás del paro y el llamado `terrorismo'. Fue un momento duro de fuerte reconversión industrial, pérdida de puestos de trabajo...», recuerda Arana. A su vez, el desconocimiento en torno al tema y su irrupción de la noche a la mañana pilló desprevenidas a las instituciones, que no sabían cómo afrontar el problema.
Xabier Arana apunta dos fenómenos que hicieron la cuestión visible. Una era la relacionada con la seguridad ciudadana, es decir, cuando la necesidad de consumo derivó en una cascada de atracos en bancos y cajas, joyerías, boutiques... El otro, cuando los jóvenes empezaron a manifestar síndromes de abstinencia en plena calle y ni siquiera sabían adónde acudir.
El «Informe Navajas»
No tardaron en surgir evidencias de la falta de implicación de las FSE para atajar el problema. Arana constata que la droga no ocupaba espacio entre sus prioridades. Ello, unido a que Gipuzkoa era un territorio atractivo para los traficantes por su ubicación estratégica, hizo que la irrupción de la heroína fuera más tremenda aún en este herrialde. Surgieron voces que apuntaban a una relación entre el tráfico de drogas y las FSE, con el foco puesto en el macrocuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo.
De los rumores se pasaría a algunas constataciones judiciales en forma de sentencias contra mandos o agentes del acuartelamiento. Pero fue el llamado «Informe Navajas» el que dio más cuerpo a esta teoría, si bien finalmente no hubo una investigación que concluyera en la aclaración de los hechos y sospechas que en él se recogían.
De hecho, según recuerda Arana, Luis Navajas envió el informe al fiscal general del Estado, pero este no lo registró, sino que decidió recogerlo personalmente y abordarlo como algo totalmente confidencial. «El 'Informe Navajas' es una realidad de finales de los 80, basado en miembros de la Policía que aseguran que hay pruebas más que suficientes para afirmar que algún sector de los responsables de las FSE está implicado en el contrabando de drogas y tabaco», resume Xabier Arana un cuarto de siglo después.
Unido a ello, el investigador desempolva dos acontecimientos «sonoros» que muchos lectores guardarán aún en la memoria: los casos de «la coca de Irun» y «el hachís de Hondarribia», dos alijos de cerca de una tonelada de peso. La detección de una descompensación muy grande y sospechosa entre dos momentos de la operación de Irun, que apuntaba claramente a una sustracción de la droga por parte de las FSE, se atribuyó a un pesaje inadecuado, «pero hay datos más que suficientes para sospechar que cierta cantidad volvió al mercado», recalca Arana.
El escándalo tuvo una secuela muy conocida: la condena en Donostia al grupo Negu Gorriak a pagar 15 millones de pesetas de la época a Enrique Rodríguez Galindo, máximo responsable de Intxaurrondo, por su tema ``Ustelkeria''. El Supremo la revocó años después, pero fue un aviso a navegantes. Galindo afirmaba que se atacaba su «honor».
Gipuzkoa era territorio abonado para el tráfico de drogas por dos motivos. Por un lado, la ubicación a la orilla del mar y cerca de la frontera hacía que el territorio fuera «muy apetecible». Por otro lado, la convulsa situación política, con unos años de fuerte actividad armada de ETA y también de guerra sucia con los GAL como mayor exponente, hacía creíble que «la Policía estaba encargada de otros asuntos, fundamentalmente de la lucha contra ETA. Con todo esto, se crearon las condiciones para que quien quisiera trabajar este tema tuviera resquicios para hincarle el diente», concluye Arana.
En estos años aparecen algunos casos en que agentes de las FSE son implicados e incluso condenados por narcotráfico, pero «fueron tapados prácticamente por la prensa y las penas que se les impusieron resultaron simbólicas. Eso sí se puede decir».
Los datos objetivos o probados fueron escasos, por un lado, y por otro las señales recogidas por Navajas no tuvieron un seguimiento judicial ni político, de manera que el expediente general sobre la relación entre las FSE y la droga quedó pendiente. Los elementos objetivos concretos fueron situados como excepciones: por ejemplo, que Máximo Blanco, número dos del cuartel de Intxaurrondo en la época de Enrique Rodríguez Galindo, fuera detenido por presunta relación con una operación de narcotráfico y por cobrar dinero de traficantes de droga.
Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo Leal, hombres de la guardia pretoriana de Galindo y condenados ya en el siglo XXI por los secuestros y muertes de Joxean Lasa y Joxi Zabala, también pasaron por los tribunales por estos motivos de «delincuencia común». Y Arana aporta otro dato: «Joaquín Navarro Estevan [juez ya fallecido] dijo que era notorio que en Intxaurrondo se ejercía el narcotráfico, la distribución de droga, y que se llegaban a organizar atracos».
También resulta significativa la respuesta del fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, a la pregunta del entonces diputado de EA Joseba Azkarraga sobre este tema. El fiscal eludió completamente entrar en las sospechas y alertó de la «gravedad» de «introducir dudas sobre la honorabilidad de quienes tienen por misión luchar contra el terrorismo». Luego esgrimió que «hay que mantener, por virtud de la presunción de inocencia y de los derechos que goza cualquier ciudadano, incluso si es teniente coronel de la Guardia Civil, que la sociedad está correctamente defendida frente al narcotráfico y al terrorismo».
Publicación y ataques
La escasa información que salió a la luz sobre el contenido del «Informe Navajas» vino recogida en el primer ejemplar -no llegó a publicar más- de la revista ``Crisis'', en 1993. En dicha publicación se recogían extractos del dossier, que comenzaba explicando que la información adjunta era relativa al «foco de corrupción interna detectada en la Comandancia de Gipuzkoa». Exponía que se «dispone de algunas confidencias que señalan un exceso en el patrimonio particular del teniente coronel Enrique Rodríguez Galindo». Y afirmaba, asimismo, tener información sobre «la existencia de una asentada corrupción de miembros del Cuerpo en Gipuzkoa». Galindo era intocable entonces, y seguiría así hasta que a mediados de los 90 recibiera el fajín de general de manos del Gobierno del PSOE. La condena por el «caso Lasa-Zabala» no llegaría hasta 2000.
Poco más se supo del informe, de sus conclusiones y de las pesquisas realizadas. Las muertes de José Antonio Santamaría Tigre y José Manuel Olarte Plomos a manos de ETA avivaron las sospechas sobre la vinculación de las FSE y el tráfico de drogas, dadas las conexiones de ambos. En sus declaraciones, Monedero lanza una pregunta meramente retórica: «¿Por qué ETA empezó a asesinar a dealers?».
Ni Navajas tiró más de la cuerda, ni el resto de la Justicia lo hizo. El juez de Donostia Fernando Andreu -ahora magistrado de la AN- asumió la investigación, pero sin resultado alguno. Un «contrainforme» de Intxaurrondo cerró la grieta. Y así aquel expediente abierto hace casi 30 años sigue oculto hoy día bajo una espesa niebla, incluso después de que ETA haya dejado de atentar definitivamente. Una nebulosa que oculta también las muertes de cientos de jóvenes vascos durante una década, sin duda la más convulsa de 40 años de conflicto armado.
Luis Navajas, desde hace un mes teniente fiscal del supremo
25 años después de que se diera a conocer por el informe que apuntaba a la vinculación entre el cuartel de Intxaurrondo y el tráfico de drogas, Luis Navajas continúa activo en el ámbito judicial, y lo hace de una manera bastante más discreta, pero en cargos muy elevados, lo que da mayor credibilidad a su trayectoria. Navajas ejerce ahora en el Tribunal Supremo, donde desde desde hace poco más de un mes es teniente fiscal (es decir, máximo responsable fiscal en la institución) en sustitución de Antonio Narváez. Se trata de un nombramiento directo del Gobierno del PP, a propuesta del fiscal general del Estado.
Pocas cifras seguras, pero cientos de vidas perdidas en lugares como Otxarkoaga
Con la distancia que aportan los años, quienes vivieron de alguna manera aquella época lo recuerdan como un periodo negro y detallan con nombres y apellidos vidas que se quedaron por el camino. Sin embargo, el desconocimiento del tema al inicio, la clandestinidad en la que muchas veces terminaban sus protagonistas, y la inexistencia entonces de procedimientos sistemáticos y tecnologías modernas que registraran lo que iba pasando hace que no existan mediciones exactas del impacto de la heroína en Euskal Herria.
Como aproximación, Xabier Arana menciona dos fuentes que aportaron datos sobre el impacto de las drogas en los años 80. Por un lado, el colectivo DAK apuntaba que a principios de la década había unos 11.000 heroinómanos solo en la CAV. El «Libro Blanco de las Drogodependencias en Euskadi», de Javier Elzo, cifraba entre 5.000-6.000 los consumidores de heroína en este mismo espacio.
Algunos recortes de prensa de la época ofrecen cifras sobrecogedoras. Así, un artículo de «Diario de Navarra» apuntaba que en 1982 había alrededor de 900 heroinómanos en Iruñea.
Estremecedores igualmente son los testimonios de lo que ocurrió en Otxarkoaga, un barrio de Bilbo construido en condiciones muy precarias, donde las viviendas se levantaron incluso antes de que las zonas se urbanizaran y se acompañaron de auténticas chabolas. El depauperado clima social provocó un movimiento político muy contestatario que fue frenado en seco por la entrada masiva de la heroína.
Algunas fuentes estiman que hasta 400 jóvenes pudieron fallecer en el barrio -tildado en la época de «supermercado europeo de la heroína»-, aunque el cálculo probablemente sea excesivo. Jóvenes que hoy tendrían de 55 a 60 años. GARA
ETA
Se calcula que ETA mató a unas 20 personas a las que vinculaba de un modo u otro con el tráfico de drogas, los más conocidos quizás José Antonio Santamaría, «Tigre» y José Manuel Olarte, «Plomos», en 1993 y 1994.
HEROÍNA Y FSE, CASO PENDIENTE 30 AÑOS DESPUÉS
El mayor sindicato policial se ha querellado contra un dirigente de Podemos por evocar una página nunca esclarecida de la historia vasca reciente: la irrupción de la heroína entre la juventud vasca en los 80, dejando cientos de víctimas. ¿Por qué en Euskal Herria este fenómeno fue mucho mayor? ¿Qué papel jugaron las FSE, por acción o por omisión? ¿Qué fue del «Informe Navajas»?
IRAIA OIARZABAL DONOSTIA
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Unas declaraciones de 2013 de un dirigente de Podemos redescubiertas ahora han devuelto a la memoria colectiva vasca un asunto que lleva tres décadas pendiente de abordarse a nivel oficial. Esta era la frase de Juan Carlos Monedero que ha motivado la querella del mayor sindicato policial (CEP), por la que probablemente deberá declarar en un tribunal: «Se empezó a distribuir heroína por parte de la Policía en los lugares donde había una juventud más conflictiva y más peleona. Y de repente apareció heroína en el País Vasco, en Madrid, en Valencia, en Barcelona... en sitios donde la gente podía optar por salidas políticas. Era mejor que se metiera en la heroína».
La vinculación de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) con la brutal entrada de las drogas, principalmente heroína, en el entorno de la juventud vasca en los años 80 es una sospecha permanente y que incluso tiene certificación oficial. Se trata del informe elaborado en 1989 por el entonces fiscal jefe de la Audiencia de Donostia, Luis Navajas, que puso la cuestión en su punto de mira. Sin embargo, el contenido del documento apenas trascendió y acabó guardado bajo llave, sin que nadie volviera a abrir ese cajón. Los atentados de ETA contra traficantes sirvieron como excusa añadida para dar carpetazo al tema, hasta hoy.
El origen del problema se sitúa a finales de los 70 y principios de los 80. La heroína entró con enorme fuerza en los hábitos de consumo de drogas de la juventud vasca. Lugares como el extrarradio de Donostia (Altza, Herrera...), Errenteria, Hernani, Pasaia, Elgoibar, Arrasate, Bermeo, Bilbo (el barrio de Otxarkoaga), la Parte Vieja de Iruñea, Sakana o Gasteiz se convirtieron en epicentro de la lacra. Sus efectos fueron devastadores. Muchos de estos jóvenes perdieron la vida por sobredosis o tras infectarse de sida.
Dos cubos de jeringuillas
Xabier Arana, investigador del Instituto Vasco de Criminología, ha centrado parte de su trabajo en el análisis de este fenómeno, que conoció de primera mano desde su labor en Askagintza. Remarca a GARA lo convulso de la época y la dificultad de extraer conclusiones con claridad dado que, según explica, se trata de «un fenómeno que se construyó sin datos».
«No tengo números exactos sobre la gente que falleció -admite-, pero fue algo muy serio. Hay autores que se atreven a decir que casi una generación. A mí me parece excesivo, pero en aquella época había pueblos donde mucha gente conocía en diferentes portales personas con problemas por consumo de heroína». Y cita un ejemplo personal: «En Altza (Donostia) un sábado, a modo de acto de protesta, llegamos a recoger dos cubos llenos de jeringuillas».
A mediados de los 80 el problema era ya muy ostensible, sobre todo en las localidades y barrios antes mencionados. «En esa época, 'la droga', en singular, ocupaba el primer lugar entre las preocupaciones de la sociedad española, detrás del paro y el llamado `terrorismo'. Fue un momento duro de fuerte reconversión industrial, pérdida de puestos de trabajo...», recuerda Arana. A su vez, el desconocimiento en torno al tema y su irrupción de la noche a la mañana pilló desprevenidas a las instituciones, que no sabían cómo afrontar el problema.
Xabier Arana apunta dos fenómenos que hicieron la cuestión visible. Una era la relacionada con la seguridad ciudadana, es decir, cuando la necesidad de consumo derivó en una cascada de atracos en bancos y cajas, joyerías, boutiques... El otro, cuando los jóvenes empezaron a manifestar síndromes de abstinencia en plena calle y ni siquiera sabían adónde acudir.
El «Informe Navajas»
No tardaron en surgir evidencias de la falta de implicación de las FSE para atajar el problema. Arana constata que la droga no ocupaba espacio entre sus prioridades. Ello, unido a que Gipuzkoa era un territorio atractivo para los traficantes por su ubicación estratégica, hizo que la irrupción de la heroína fuera más tremenda aún en este herrialde. Surgieron voces que apuntaban a una relación entre el tráfico de drogas y las FSE, con el foco puesto en el macrocuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo.
De los rumores se pasaría a algunas constataciones judiciales en forma de sentencias contra mandos o agentes del acuartelamiento. Pero fue el llamado «Informe Navajas» el que dio más cuerpo a esta teoría, si bien finalmente no hubo una investigación que concluyera en la aclaración de los hechos y sospechas que en él se recogían.
De hecho, según recuerda Arana, Luis Navajas envió el informe al fiscal general del Estado, pero este no lo registró, sino que decidió recogerlo personalmente y abordarlo como algo totalmente confidencial. «El 'Informe Navajas' es una realidad de finales de los 80, basado en miembros de la Policía que aseguran que hay pruebas más que suficientes para afirmar que algún sector de los responsables de las FSE está implicado en el contrabando de drogas y tabaco», resume Xabier Arana un cuarto de siglo después.
Unido a ello, el investigador desempolva dos acontecimientos «sonoros» que muchos lectores guardarán aún en la memoria: los casos de «la coca de Irun» y «el hachís de Hondarribia», dos alijos de cerca de una tonelada de peso. La detección de una descompensación muy grande y sospechosa entre dos momentos de la operación de Irun, que apuntaba claramente a una sustracción de la droga por parte de las FSE, se atribuyó a un pesaje inadecuado, «pero hay datos más que suficientes para sospechar que cierta cantidad volvió al mercado», recalca Arana.
El escándalo tuvo una secuela muy conocida: la condena en Donostia al grupo Negu Gorriak a pagar 15 millones de pesetas de la época a Enrique Rodríguez Galindo, máximo responsable de Intxaurrondo, por su tema ``Ustelkeria''. El Supremo la revocó años después, pero fue un aviso a navegantes. Galindo afirmaba que se atacaba su «honor».
Gipuzkoa era territorio abonado para el tráfico de drogas por dos motivos. Por un lado, la ubicación a la orilla del mar y cerca de la frontera hacía que el territorio fuera «muy apetecible». Por otro lado, la convulsa situación política, con unos años de fuerte actividad armada de ETA y también de guerra sucia con los GAL como mayor exponente, hacía creíble que «la Policía estaba encargada de otros asuntos, fundamentalmente de la lucha contra ETA. Con todo esto, se crearon las condiciones para que quien quisiera trabajar este tema tuviera resquicios para hincarle el diente», concluye Arana.
En estos años aparecen algunos casos en que agentes de las FSE son implicados e incluso condenados por narcotráfico, pero «fueron tapados prácticamente por la prensa y las penas que se les impusieron resultaron simbólicas. Eso sí se puede decir».
Los datos objetivos o probados fueron escasos, por un lado, y por otro las señales recogidas por Navajas no tuvieron un seguimiento judicial ni político, de manera que el expediente general sobre la relación entre las FSE y la droga quedó pendiente. Los elementos objetivos concretos fueron situados como excepciones: por ejemplo, que Máximo Blanco, número dos del cuartel de Intxaurrondo en la época de Enrique Rodríguez Galindo, fuera detenido por presunta relación con una operación de narcotráfico y por cobrar dinero de traficantes de droga.
Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo Leal, hombres de la guardia pretoriana de Galindo y condenados ya en el siglo XXI por los secuestros y muertes de Joxean Lasa y Joxi Zabala, también pasaron por los tribunales por estos motivos de «delincuencia común». Y Arana aporta otro dato: «Joaquín Navarro Estevan [juez ya fallecido] dijo que era notorio que en Intxaurrondo se ejercía el narcotráfico, la distribución de droga, y que se llegaban a organizar atracos».
También resulta significativa la respuesta del fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, a la pregunta del entonces diputado de EA Joseba Azkarraga sobre este tema. El fiscal eludió completamente entrar en las sospechas y alertó de la «gravedad» de «introducir dudas sobre la honorabilidad de quienes tienen por misión luchar contra el terrorismo». Luego esgrimió que «hay que mantener, por virtud de la presunción de inocencia y de los derechos que goza cualquier ciudadano, incluso si es teniente coronel de la Guardia Civil, que la sociedad está correctamente defendida frente al narcotráfico y al terrorismo».
Publicación y ataques
La escasa información que salió a la luz sobre el contenido del «Informe Navajas» vino recogida en el primer ejemplar -no llegó a publicar más- de la revista ``Crisis'', en 1993. En dicha publicación se recogían extractos del dossier, que comenzaba explicando que la información adjunta era relativa al «foco de corrupción interna detectada en la Comandancia de Gipuzkoa». Exponía que se «dispone de algunas confidencias que señalan un exceso en el patrimonio particular del teniente coronel Enrique Rodríguez Galindo». Y afirmaba, asimismo, tener información sobre «la existencia de una asentada corrupción de miembros del Cuerpo en Gipuzkoa». Galindo era intocable entonces, y seguiría así hasta que a mediados de los 90 recibiera el fajín de general de manos del Gobierno del PSOE. La condena por el «caso Lasa-Zabala» no llegaría hasta 2000.
Poco más se supo del informe, de sus conclusiones y de las pesquisas realizadas. Las muertes de José Antonio Santamaría Tigre y José Manuel Olarte Plomos a manos de ETA avivaron las sospechas sobre la vinculación de las FSE y el tráfico de drogas, dadas las conexiones de ambos. En sus declaraciones, Monedero lanza una pregunta meramente retórica: «¿Por qué ETA empezó a asesinar a dealers?».
Ni Navajas tiró más de la cuerda, ni el resto de la Justicia lo hizo. El juez de Donostia Fernando Andreu -ahora magistrado de la AN- asumió la investigación, pero sin resultado alguno. Un «contrainforme» de Intxaurrondo cerró la grieta. Y así aquel expediente abierto hace casi 30 años sigue oculto hoy día bajo una espesa niebla, incluso después de que ETA haya dejado de atentar definitivamente. Una nebulosa que oculta también las muertes de cientos de jóvenes vascos durante una década, sin duda la más convulsa de 40 años de conflicto armado.
Luis Navajas, desde hace un mes teniente fiscal del supremo
25 años después de que se diera a conocer por el informe que apuntaba a la vinculación entre el cuartel de Intxaurrondo y el tráfico de drogas, Luis Navajas continúa activo en el ámbito judicial, y lo hace de una manera bastante más discreta, pero en cargos muy elevados, lo que da mayor credibilidad a su trayectoria. Navajas ejerce ahora en el Tribunal Supremo, donde desde desde hace poco más de un mes es teniente fiscal (es decir, máximo responsable fiscal en la institución) en sustitución de Antonio Narváez. Se trata de un nombramiento directo del Gobierno del PP, a propuesta del fiscal general del Estado.
Pocas cifras seguras, pero cientos de vidas perdidas en lugares como Otxarkoaga
Con la distancia que aportan los años, quienes vivieron de alguna manera aquella época lo recuerdan como un periodo negro y detallan con nombres y apellidos vidas que se quedaron por el camino. Sin embargo, el desconocimiento del tema al inicio, la clandestinidad en la que muchas veces terminaban sus protagonistas, y la inexistencia entonces de procedimientos sistemáticos y tecnologías modernas que registraran lo que iba pasando hace que no existan mediciones exactas del impacto de la heroína en Euskal Herria.
Como aproximación, Xabier Arana menciona dos fuentes que aportaron datos sobre el impacto de las drogas en los años 80. Por un lado, el colectivo DAK apuntaba que a principios de la década había unos 11.000 heroinómanos solo en la CAV. El «Libro Blanco de las Drogodependencias en Euskadi», de Javier Elzo, cifraba entre 5.000-6.000 los consumidores de heroína en este mismo espacio.
Algunos recortes de prensa de la época ofrecen cifras sobrecogedoras. Así, un artículo de «Diario de Navarra» apuntaba que en 1982 había alrededor de 900 heroinómanos en Iruñea.
Estremecedores igualmente son los testimonios de lo que ocurrió en Otxarkoaga, un barrio de Bilbo construido en condiciones muy precarias, donde las viviendas se levantaron incluso antes de que las zonas se urbanizaran y se acompañaron de auténticas chabolas. El depauperado clima social provocó un movimiento político muy contestatario que fue frenado en seco por la entrada masiva de la heroína.
Algunas fuentes estiman que hasta 400 jóvenes pudieron fallecer en el barrio -tildado en la época de «supermercado europeo de la heroína»-, aunque el cálculo probablemente sea excesivo. Jóvenes que hoy tendrían de 55 a 60 años. GARA
ETA
Se calcula que ETA mató a unas 20 personas a las que vinculaba de un modo u otro con el tráfico de drogas, los más conocidos quizás José Antonio Santamaría, «Tigre» y José Manuel Olarte, «Plomos», en 1993 y 1994.
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podemitapower
Ni matar al mensajero, ni meterlo en la cama
Podemos debe disolverse. Podemos debe moderarse. Podemos debe esperar. Podemos debe radicalizarse. Podemos debe no poder.
La existencia de Podemos retrata a muchos de los que ocupaban el espacio político y también mediático. Se pueden leer sus intenciones como en una radiografía.
Rosa María Artal
72 comentarios
04/05/2015 - 20:51h
Podemos debe disolverse. Podemos debe moderarse. Podemos debe esperar. Podemos debe radicalizarse. Podemos debe no poder. La existencia de Podemos retrata a muchos de los que ocupaban el espacio político y también mediático. Se pueden leer sus intenciones como en una radiografía. Demasiados intereses en riesgo de mermar, emociones intensas. Más allá de tradicionales apoyos ideológicos, la prensa entra en el barro de la campaña, y es su mayor contrasentido. No ocurre solo en nuestro país. Pilares sólidos del periodismo se tiznan por diferentes puñados de beneficios.
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The Times con un titular tendencioso contra los laboristas que se vio obligado a rectificar
The Times, un periódico con casi dos siglos y medio de historia, el primero en disponer de corresponsales y enviar periodistas a conflictos armados, acaba de publicar a toda portada un titular tendencioso a sabiendas. Invadiendo la campaña electoral en curso. Lo descubrió nuestro compañero Iker Armentia. No era cierto que los laboristas fueran a cargar con 1.000 libras anuales a las familias, como figuraba a 5 columnas. La propuesta de Miliband es añadir este impuesto a quienes tengan propiedades por un valor superior a dos millones de libras, sueldos elevados, y a grandes empresas, entre ellas las tabaqueras. En la “aclaración" -no con la relevancia del primer titular- se argumenta que el dato de a quiénes afectaba, se incluía al final del artículo. Luego fue absolutamente deliberado. “Algunos de estos impuestos y gravámenes sólo se aplicarán a las empresas, y los demás solo afectarán a una pequeña minoría de las familias, no a "cada familia trabajadora" como se informó”, precisaron. Y punto. Pero es lo que queda. Igual que esas portadas como puñales que se lanzan en España. The Times pertenece hoy a Murdoch.
Si esto ocurre con el Times, es de imaginar cómo andan las cosas en España. Aquí, en el pacífico bienestar del poder, les surgió un grano que se reveló con el tiempo muy peligroso para ellos: Podemos. La campaña de acoso y derribo tiene escasos precedentes, el temor es serio. Si se hubiera dedicado el mismo tiempo y esfuerzo a inquirir, analizar y denunciar al PP, su caja B, sus recortes y manipulaciones, con seguridad no nos veríamos como nos vemos. Se ve que no era lo pretendido.
Al tiempo, salía de su hibernación catalana Albert Rivera, como diseñado a propósito. Avanza en paseo triunfal, gozando del favor de los medios. Porque, igualmente, si hoy se empleara el mismo tratamiento para saber cómo se financia Ciudadanos, cuál es su programa real, en qué se inspira, o como recolectan a sus miembros, igual cabía alguna esperanza de regeneración de la derecha. La gran asignatura (o licenciatura) pendiente en España.
La minuciosidad informativa es necesaria, la crítica imprescindible, pero inexcusablemente debe alcanzar a todos, sin ley del embudo. Huele muy mal de otra forma.
A Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, le escudriñaron hasta su inscripción en el Registro Civil a tenor de lo que saben de él. El despliegue realizado desde su dimisión sigue reflejando en qué manos estamos informativamente en España.
Portadas dignas del peor tabloide, con imágenes dramáticas de Pablo Iglesias, y un nivel de comentarios que ni se molestaba en disimular el júbilo, ni el afán de dar el descabello. Tenemos –y disculpas por citarle- a un antiguo periodista de nombre alemán, devenido en fantoche, criticando la sensibilidad de Monedero y su poco aguante. “Se va por cobardía y porque le echan”, firma este macho hispánicus en traje de tirolés que se peleó con una banqueta y le echó la culpa a Wyoming.
Varios periodistas aconsejan la disolución inmediata de Podemos (no del PP con las gravísimas evidencias que le cercan). En todos los tonos. Hasta maternales. “Al final IU resucitará y acogerá a los de Podemos” firmaba una representante de la corriente periodística “con lo bien que estábamos como estábamos”. Ernesto Ekaizer saldría en El País hablando de egos y cultos a la personalidad. Y en la España en la que nos movemos, precisamente en ésta, se refería a los de Iglesias y Monedero.
Del fuego amigo tampoco se libra Podemos, pero las llamas consumen a la sociedad que conocimos, su nivel de vida y sus derechos. Su futuro. Esperar puede acabar con ella en cenizas.
No todos aguardan. Ni mucho menos. La gestora durante décadas de esa pocilga de corrupción que ha resultado ser el PP de Madrid no solo es candidata por su partido a la alcaldía, su presencia resulta perenne en los medios. Perenne. Como la de su colega para la Comunidad, jefa hasta hace nada de unos durísimos antidisturbios. Se diría que ellas, solo ellas, se presentan a las elecciones y que por tanto serán las que salgan elegidas. También algunas encuestas echan una mano. El embudo se hace cada día más extremo.
Pasa sin mayores problemas –Aguirre lo confirma- que el PP cobró sobresueldos en B, mientras apretaban el cinturón a los ciudadanos. Se presenta como un éxito la ilusión del gobierno de llegar al final de la legislatura con el mismo paro que encontró. El mismo. Solo que devaluado hasta límites intolerables para impulsar las cifras macroeconómicas que el común de los humanos no tocamos. La sociedad española sufre una precariedad inadmisible salvo en las élites para las que se trabaja. Pero cómo van a querer cambiar nada, con los beneficios que obtienen ambos lados de las puertas giratorias. Lo trágico es esa gente que –voluntariamente o por inducción- ha hecho dejación del uso de pensar ¿Cómo es posible que se estén avalando políticas que son puros atropellos?
Entonces irrumpe el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, e invita a debatir sobre la conveniencia de agregar el bozal a la mordaza de la libertad de información. Y todos, con mucha razón, reaccionamos enérgicamente para impedirlo. Quieren matar al mensajero, al periodista.
Pero me van a permitir una reflexión muy seria. Matar al mensajero jamás, ni siquiera a los vendedores de contratos de gas a domicilio ni a los Testigos de Jehová que dicen ser mensajeros porque también llaman a las puertas. Pero aprender a distinguirlos, sí. Resulta vital. El periodismo es una profesión con fuerte sentimiento corporativo, aunque en algunos casos yo misma me sienta más próxima a quien expende billetes de tren que a quien publica en medios. Y eso porque tienen un nexo común: el uso del ordenador.
La objetividad absoluta no existe. Toda selección –en el orden de las noticias y hasta en la selección de las palabras- se rige por algún grado de subjetividad. El periodista debe aspirar a ser honesto y guiarse por el interés informativo, el de los ciudadanos. Aportar los datos imprescindibles y todos, sin escamotear ninguno.
Los lectores, oyentes y televidentes deben tomar una parte activa en el proceso. No pueden pedir lo que no dan. No deben exigir heroicidades a otros cuando ellos se refugian en la inacción y el acatamiento.
Es duro enfrentarse al momento actual. El poder, tantas veces corrompido, se juega mucho, pero el resto de los ciudadanos también. El periodismo tiene un papel fundamental, muchos lo cumplen y con riesgos. Pero hay que distinguir y evitar confusiones. Hay una gran distancia entre matar al mensajero y meter al vendedor de pianos en nuestra cama.
Me Gusta No me gusta De acuerdo No estoy de acuerdo Me parto Bingo Gracias Tema Repetido
Podemos debe disolverse. Podemos debe moderarse. Podemos debe esperar. Podemos debe radicalizarse. Podemos debe no poder.
La existencia de Podemos retrata a muchos de los que ocupaban el espacio político y también mediático. Se pueden leer sus intenciones como en una radiografía.
Rosa María Artal
72 comentarios
04/05/2015 - 20:51h
Podemos debe disolverse. Podemos debe moderarse. Podemos debe esperar. Podemos debe radicalizarse. Podemos debe no poder. La existencia de Podemos retrata a muchos de los que ocupaban el espacio político y también mediático. Se pueden leer sus intenciones como en una radiografía. Demasiados intereses en riesgo de mermar, emociones intensas. Más allá de tradicionales apoyos ideológicos, la prensa entra en el barro de la campaña, y es su mayor contrasentido. No ocurre solo en nuestro país. Pilares sólidos del periodismo se tiznan por diferentes puñados de beneficios.
[IMG]
The Times con un titular tendencioso contra los laboristas que se vio obligado a rectificar
The Times, un periódico con casi dos siglos y medio de historia, el primero en disponer de corresponsales y enviar periodistas a conflictos armados, acaba de publicar a toda portada un titular tendencioso a sabiendas. Invadiendo la campaña electoral en curso. Lo descubrió nuestro compañero Iker Armentia. No era cierto que los laboristas fueran a cargar con 1.000 libras anuales a las familias, como figuraba a 5 columnas. La propuesta de Miliband es añadir este impuesto a quienes tengan propiedades por un valor superior a dos millones de libras, sueldos elevados, y a grandes empresas, entre ellas las tabaqueras. En la “aclaración" -no con la relevancia del primer titular- se argumenta que el dato de a quiénes afectaba, se incluía al final del artículo. Luego fue absolutamente deliberado. “Algunos de estos impuestos y gravámenes sólo se aplicarán a las empresas, y los demás solo afectarán a una pequeña minoría de las familias, no a "cada familia trabajadora" como se informó”, precisaron. Y punto. Pero es lo que queda. Igual que esas portadas como puñales que se lanzan en España. The Times pertenece hoy a Murdoch.
Si esto ocurre con el Times, es de imaginar cómo andan las cosas en España. Aquí, en el pacífico bienestar del poder, les surgió un grano que se reveló con el tiempo muy peligroso para ellos: Podemos. La campaña de acoso y derribo tiene escasos precedentes, el temor es serio. Si se hubiera dedicado el mismo tiempo y esfuerzo a inquirir, analizar y denunciar al PP, su caja B, sus recortes y manipulaciones, con seguridad no nos veríamos como nos vemos. Se ve que no era lo pretendido.
Al tiempo, salía de su hibernación catalana Albert Rivera, como diseñado a propósito. Avanza en paseo triunfal, gozando del favor de los medios. Porque, igualmente, si hoy se empleara el mismo tratamiento para saber cómo se financia Ciudadanos, cuál es su programa real, en qué se inspira, o como recolectan a sus miembros, igual cabía alguna esperanza de regeneración de la derecha. La gran asignatura (o licenciatura) pendiente en España.
La minuciosidad informativa es necesaria, la crítica imprescindible, pero inexcusablemente debe alcanzar a todos, sin ley del embudo. Huele muy mal de otra forma.
A Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, le escudriñaron hasta su inscripción en el Registro Civil a tenor de lo que saben de él. El despliegue realizado desde su dimisión sigue reflejando en qué manos estamos informativamente en España.
Portadas dignas del peor tabloide, con imágenes dramáticas de Pablo Iglesias, y un nivel de comentarios que ni se molestaba en disimular el júbilo, ni el afán de dar el descabello. Tenemos –y disculpas por citarle- a un antiguo periodista de nombre alemán, devenido en fantoche, criticando la sensibilidad de Monedero y su poco aguante. “Se va por cobardía y porque le echan”, firma este macho hispánicus en traje de tirolés que se peleó con una banqueta y le echó la culpa a Wyoming.
Varios periodistas aconsejan la disolución inmediata de Podemos (no del PP con las gravísimas evidencias que le cercan). En todos los tonos. Hasta maternales. “Al final IU resucitará y acogerá a los de Podemos” firmaba una representante de la corriente periodística “con lo bien que estábamos como estábamos”. Ernesto Ekaizer saldría en El País hablando de egos y cultos a la personalidad. Y en la España en la que nos movemos, precisamente en ésta, se refería a los de Iglesias y Monedero.
Del fuego amigo tampoco se libra Podemos, pero las llamas consumen a la sociedad que conocimos, su nivel de vida y sus derechos. Su futuro. Esperar puede acabar con ella en cenizas.
No todos aguardan. Ni mucho menos. La gestora durante décadas de esa pocilga de corrupción que ha resultado ser el PP de Madrid no solo es candidata por su partido a la alcaldía, su presencia resulta perenne en los medios. Perenne. Como la de su colega para la Comunidad, jefa hasta hace nada de unos durísimos antidisturbios. Se diría que ellas, solo ellas, se presentan a las elecciones y que por tanto serán las que salgan elegidas. También algunas encuestas echan una mano. El embudo se hace cada día más extremo.
Pasa sin mayores problemas –Aguirre lo confirma- que el PP cobró sobresueldos en B, mientras apretaban el cinturón a los ciudadanos. Se presenta como un éxito la ilusión del gobierno de llegar al final de la legislatura con el mismo paro que encontró. El mismo. Solo que devaluado hasta límites intolerables para impulsar las cifras macroeconómicas que el común de los humanos no tocamos. La sociedad española sufre una precariedad inadmisible salvo en las élites para las que se trabaja. Pero cómo van a querer cambiar nada, con los beneficios que obtienen ambos lados de las puertas giratorias. Lo trágico es esa gente que –voluntariamente o por inducción- ha hecho dejación del uso de pensar ¿Cómo es posible que se estén avalando políticas que son puros atropellos?
Entonces irrumpe el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, e invita a debatir sobre la conveniencia de agregar el bozal a la mordaza de la libertad de información. Y todos, con mucha razón, reaccionamos enérgicamente para impedirlo. Quieren matar al mensajero, al periodista.
Pero me van a permitir una reflexión muy seria. Matar al mensajero jamás, ni siquiera a los vendedores de contratos de gas a domicilio ni a los Testigos de Jehová que dicen ser mensajeros porque también llaman a las puertas. Pero aprender a distinguirlos, sí. Resulta vital. El periodismo es una profesión con fuerte sentimiento corporativo, aunque en algunos casos yo misma me sienta más próxima a quien expende billetes de tren que a quien publica en medios. Y eso porque tienen un nexo común: el uso del ordenador.
La objetividad absoluta no existe. Toda selección –en el orden de las noticias y hasta en la selección de las palabras- se rige por algún grado de subjetividad. El periodista debe aspirar a ser honesto y guiarse por el interés informativo, el de los ciudadanos. Aportar los datos imprescindibles y todos, sin escamotear ninguno.
Los lectores, oyentes y televidentes deben tomar una parte activa en el proceso. No pueden pedir lo que no dan. No deben exigir heroicidades a otros cuando ellos se refugian en la inacción y el acatamiento.
Es duro enfrentarse al momento actual. El poder, tantas veces corrompido, se juega mucho, pero el resto de los ciudadanos también. El periodismo tiene un papel fundamental, muchos lo cumplen y con riesgos. Pero hay que distinguir y evitar confusiones. Hay una gran distancia entre matar al mensajero y meter al vendedor de pianos en nuestra cama.
Me Gusta No me gusta De acuerdo No estoy de acuerdo Me parto Bingo Gracias Tema Repetido