Boi Ruiz plantea pólizas privadas a partir de un nivel de renta
El conseller catalán de Salut insta al futuro Gobierno de Rajoy a introducir la medida. Su departamento matizó después que la Generalitat no se está planteando un seguro obligatorio para la sanidad
El Gobierno catalán (CiU) ansía reducir el número de usuarios de la sanidad pública y no teme hacerlo por la vía de aumentar el negocio del sector asegurador privado. Así lo reconoció ayer el conseller de Salut, Boi Ruiz, quien aseguró que desde la Generalitat serían "partidarios de una póliza básica de obligado seguro para aquellos que tienen un determinado nivel de renta", siguiendo otros modelos europeos. Es decir, que las clases con mayor poder adquisitivo deberían contratar obligatoriamente un seguro privado para recibir asistencia sanitaria. El conseller añadió que le gustaría que en España se abriera un debate para construir un "modelo asegurador diferente", aunque precisó que no es optimista y desconoce qué medidas podría aplicar el futuro Gobierno de Mariano Rajoy al respecto.
El titular de Sanidad generó tal revuelo con sus palabras que obligó a un "desmentido" desde su propia Conselleria, como lo calificó el portavoz del Govern, Francesc Homs. Así fue. Un comunicado matizó posteriormente las palabras de Ruiz: no se está considerando esa medida, pero es uno de los "modelos posibles" que apunta la Generalitat gobernada por CiU.
Pajín pide a Rajoy que "no consienta" al Govern "fragmentar" el sistema sanitario
La cuestión es saber con qué calendario sueña el conseller. Y si el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy aceptará una propuesta como el globo sonda lanzado ayer desde Catalunya. La dirección estatal del Partido Popular rechazó pronunciarse al respecto, al considerar que el Gobierno de CiU había rectificado su propuesta. Quien sí se pronunció fue su presidenta en Catalunya, Alicia Sánchez-Camacho, que se posicionó como contraria a los seguros obligatorios. No obstante, aseguró que estudiará el impacto económico de la medida, que avanzó que no cree que sea un ahorro muy grande, ya que pólizas privadas y sanidad pública ya conviven en la actualidad, según Europa Press.
Un perjuicio para la sanidad
Por su parte, la ministra de Sanidad en funciones, Leire Pajín, mostró su confianza en que el futuro Gobierno de Rajoy "no consienta" a la Generalitat "fragmentar" el Sistema Nacional de Salud (SNS). Pajín denunció que obligar a pagar una póliza "supone claramente un perjuicio" para la sanidad pública y un "beneficio" para la privada, según Efe. La también socialista Marina Geli, exconsellera de Salut, también criticó la medida. "La propuesta es la descapitalización definitiva del sistema, porque al final la gente se preguntará por qué tiene que pagar por la sanidad pública si le animan a contratar pólizas privadas", aseguró.
El Foro de Pacientes prefiere una subida de impuestos a las rentas altas
En la misma línea, el diputado electo de Izquierda Unida Gaspar Llamazares denunció que todas las medidas que está impulsando Ruiz, "desde el momento de su nombramiento son tendentes a ahondar la privatización encubierta de la sanidad catalana, con el pretexto de la crisis".
El Govern de Artur Mas está imponiendo la reforma sanitaria que inició hace un año un ritmo frenético. No se ha puesto en marcha todavía una medida, cuando Ruiz sorprende con otro planteamiento igualmente revolucionario.
Hace una semana, se planteaba la nueva tasa moderadora para las recetas farmacéuticas una forma de copago para evitar un sobreconsumo, justificaba la Generalitat. Ayer ya se hablaba de la posibilidad de ceder actividad y usuarios a las aseguradoras. El business friendly del que hace gala el Gobierno autonómico va viento en popa. Incluso el anuncio llegó ayer desde la escuela de negocios Esade, con el micrófono patrocinado por una patronal sanitaria.
La de ayer es una más de una larga enumeración de propuestas que han provocado las críticas entre los profesionales de la sanidad pública y los defensores del SNS, como el pago por los servicios hosteleros de los hospitales y el transporte, la posibilidad de que cooperativas de médicos gestionen agrupaciones de ambulatorios o la deducción fiscal por contratar mutuas de seguros.
La consejera de Salud de Andalucía, la socialista María Jesús Montero, rechazó la vía de reformas que ha tomado Boi Ruiz e instó al futuro Ejecutivo de Rajoy a que "inicie las oportunas acciones legales" contra las autonomías que "están conculcando derechos reconocidos a los ciudadanos a lo largo de las diferentes legislaciones".
Críticas de los pacientes
Para el Foro Español de Pacientes, formado por decenas de asociaciones, la opción de Boi Ruiz no es la deseable. "Lo más lógico, si queremos un sistema para todos, y lo más sencillo sería un cambio por la vía de impuestos", defiende su presidente, Albert Jovell. El SNS se financia, desde 1999 a través de los impuestos y no de la cotización a la Seguridad Social, como hasta entonces.
Además de incrementar los impuestos a las rentas altas, Jovell considera que este grupo también debería pagar más en tasas indirectas, como las que gravan productos que no son básicos y pueden provocar problemas de salud, como la llamada comida basura. El representante de los pacientes también reclama un aumento de los impuestos que gravan el tabaco y el alcohol de alta graduación.
EL CAPITALISMO DE AMIGUETES DE ZP
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Invitado
las clínicas privadas quieren pastel ...
ya lo dije ... en españa no existen empresas y empresarios ... EMPRENDEDORES .... acá siempre medrando a costa de papá estado.
como veo la cosa ... muy clarita está la cosa .... como la educación ...
los pudientes pagando una poliza ... con derecho a habitación privada y todos los adelantos y buenbos médicos .... los OTROS .... los currantes asinados .... los activos toxicos olvidados .... ya los de la caridad ... curas y monjitas dando extamausiones de esassss. (y a pelo... que sepan lo que sufrió el señor por nuestra culpa)
ya lo dije ... en españa no existen empresas y empresarios ... EMPRENDEDORES .... acá siempre medrando a costa de papá estado.
como veo la cosa ... muy clarita está la cosa .... como la educación ...
los pudientes pagando una poliza ... con derecho a habitación privada y todos los adelantos y buenbos médicos .... los OTROS .... los currantes asinados .... los activos toxicos olvidados .... ya los de la caridad ... curas y monjitas dando extamausiones de esassss. (y a pelo... que sepan lo que sufrió el señor por nuestra culpa)
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Invitado
IU renuncia al plan de pensiones del Congreso
Lara y Garzón no suscriben la póliza que BBVA gestiona para las Cortes
Lara y Garzón acudieron ayer por la mañana a acreditarse al Congreso y a rellenar toda la documentación para esta X Legislatura. Ambos se toparon con un formulario que se entrega a todos los parlamentarios electos, el plan de previsión social. Preguntaron qué era eso. Los funcionarios de la Cámara les explicaron que era una póliza que gestiona el BBVA, que incluye un seguro de accidentes y de vida y un plan de pensiones. Son las Cortes, con cargo a su Presupuesto, las que aportan por cada uno de sus parlamentarios un 10% de la asignación constitucional, idéntica para todos unos 281 euros al mes, y durante todo su mandato.
Las Cortes abonan al mes casi 300 euros para cada uno de sus miembros
No se trata, por tanto, de los complementos de pensiones y el resto de "privilegios" que se eliminaron ya el pasado julio por acuerdo de todos los partidos. Es una aportación colectiva que arbitran las Cortes para parlamentarios y trabajadores, como ocurre en otras empresas privadas.
Hecha la explicación, Lara y Garzón renunciaron al fondo. El diputado por Málaga tuiteó de inmediato el momento: "Rellenando datos en el Congreso. Acabamos de renunciar al plan de pensiones privado. No hay precedentes, nos dicen". En efecto, según confirmaron después a Público fuentes de la Cámara Baja, hasta ahora no se había producido tal rechazo al plan de previsión social. Ni siquiera los pasados representantes de IU se habían opuesto a él. En el Congreso, de hecho, tenían ayer serias dudas de que se pudiera formalizar la renuncia, ya que se trata de un plan colectivo, y no individual.
No hay "directriz" colectiva
ICV y CHA también se muestran partidarias de rechazar el fondo
Junto a Lara y Garzón, se acreditaron las diputadas por Madrid Ascensión de las Heras y Caridad García. Y un día antes había hecho el papeleo José Luis Centella, electo por Sevilla. Ninguno había reparado en ese formulario. Los tres lo habían rellenado. El líder del PCE señaló a Público que había presentado una nota a la Mesa del Congreso, para hacer constancia de su renuncia. Lo mismo harán las dos parlamentarias madrileñas, según fuentes de la federación.
Y así sucederá, "previsiblemente", con los ocho diputados que son cien por cien de IU. Los otros tres miembros del grupo dos de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y uno de Chunta Aragonesista (CHA) tendrán que discutir qué hacer. En todo caso, un portavoz de IU insistía ayer en que "no existe una directriz de la dirección", ya que quedarse o no con el plan de pensiones privado es una "decisión personal".
"Yo aún no me he acreditado. Y haré lo que determine la organización colectivamente señalaba Gaspar Llamazares. El plan es como un salario en especie al que sólo contribuye el Congreso, y que no tiene que ver con privilegios ni pensiones ni con un régimen especial. Hasta ahora no existía la orden de la renuncia".
Desde CHA, su diputado electo, Chesús Yuste, reconocía el carácter "sobrevenido" de la situación. "Yo no tenía información de que existía esto, y por tanto no habíamos hablado de ello en el partido. Pero sí, parece razonable que lo planteemos. Y si decidimos que debemos renunciar, lo formularemos a la Mesa de la Cámara".
ICV también se muestra partidaria del rechazo del fondo de pensiones, aunque aún tendrá que cerrar la postura en sus órganos de dirección. Así lo confirmaba a este diario Jordi Guillot, vicepresidente de los ecosocialistas y senador por Barcelona desde 2004: "Si así lo decidimos, no tendré problema".
Lara y Garzón no suscriben la póliza que BBVA gestiona para las Cortes
Lara y Garzón acudieron ayer por la mañana a acreditarse al Congreso y a rellenar toda la documentación para esta X Legislatura. Ambos se toparon con un formulario que se entrega a todos los parlamentarios electos, el plan de previsión social. Preguntaron qué era eso. Los funcionarios de la Cámara les explicaron que era una póliza que gestiona el BBVA, que incluye un seguro de accidentes y de vida y un plan de pensiones. Son las Cortes, con cargo a su Presupuesto, las que aportan por cada uno de sus parlamentarios un 10% de la asignación constitucional, idéntica para todos unos 281 euros al mes, y durante todo su mandato.
Las Cortes abonan al mes casi 300 euros para cada uno de sus miembros
No se trata, por tanto, de los complementos de pensiones y el resto de "privilegios" que se eliminaron ya el pasado julio por acuerdo de todos los partidos. Es una aportación colectiva que arbitran las Cortes para parlamentarios y trabajadores, como ocurre en otras empresas privadas.
Hecha la explicación, Lara y Garzón renunciaron al fondo. El diputado por Málaga tuiteó de inmediato el momento: "Rellenando datos en el Congreso. Acabamos de renunciar al plan de pensiones privado. No hay precedentes, nos dicen". En efecto, según confirmaron después a Público fuentes de la Cámara Baja, hasta ahora no se había producido tal rechazo al plan de previsión social. Ni siquiera los pasados representantes de IU se habían opuesto a él. En el Congreso, de hecho, tenían ayer serias dudas de que se pudiera formalizar la renuncia, ya que se trata de un plan colectivo, y no individual.
No hay "directriz" colectiva
ICV y CHA también se muestran partidarias de rechazar el fondo
Junto a Lara y Garzón, se acreditaron las diputadas por Madrid Ascensión de las Heras y Caridad García. Y un día antes había hecho el papeleo José Luis Centella, electo por Sevilla. Ninguno había reparado en ese formulario. Los tres lo habían rellenado. El líder del PCE señaló a Público que había presentado una nota a la Mesa del Congreso, para hacer constancia de su renuncia. Lo mismo harán las dos parlamentarias madrileñas, según fuentes de la federación.
Y así sucederá, "previsiblemente", con los ocho diputados que son cien por cien de IU. Los otros tres miembros del grupo dos de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y uno de Chunta Aragonesista (CHA) tendrán que discutir qué hacer. En todo caso, un portavoz de IU insistía ayer en que "no existe una directriz de la dirección", ya que quedarse o no con el plan de pensiones privado es una "decisión personal".
"Yo aún no me he acreditado. Y haré lo que determine la organización colectivamente señalaba Gaspar Llamazares. El plan es como un salario en especie al que sólo contribuye el Congreso, y que no tiene que ver con privilegios ni pensiones ni con un régimen especial. Hasta ahora no existía la orden de la renuncia".
Desde CHA, su diputado electo, Chesús Yuste, reconocía el carácter "sobrevenido" de la situación. "Yo no tenía información de que existía esto, y por tanto no habíamos hablado de ello en el partido. Pero sí, parece razonable que lo planteemos. Y si decidimos que debemos renunciar, lo formularemos a la Mesa de la Cámara".
ICV también se muestra partidaria del rechazo del fondo de pensiones, aunque aún tendrá que cerrar la postura en sus órganos de dirección. Así lo confirmaba a este diario Jordi Guillot, vicepresidente de los ecosocialistas y senador por Barcelona desde 2004: "Si así lo decidimos, no tendré problema".
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Invitado
La Obse escribió:Me olvidaba. Te presento al indultao por el PSOE, partidario de quitarte la tarjeta sanitaria y lo que se tercie
Alfredo Sáenz afirma que hay que desmontar el estado del bienestar en Europa rápidamente
Alfredo Sáenz, vicepresidente segundo y consejero delegado de Santander, aseguró hoy en Bilbao que es imprescindible "desmontar el welfare" (estado de bienestar) europeo y recalcó que "no tenemos demasiado tiempo para hacerlo".
Novagalicia ha indemnizado con casi 30 millones a cuatro directivos desde hace un año
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/12/0 ... 35718.html
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P$OE
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Estaba condenado a tres meses de inhabilitación
Zapatero, sobre el indulto a Sáenz: 'Se entendió que era razonable y punto'
El presidente del Gobierno en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que no tiene "ninguna" deuda "en absoluto" con el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, y que el indulto al consejero delegado de la entidad "se entendió que era razonable y punto".
En declaraciones a ABC Punto Radio, Zapatero ha recalcado que el indulto tenía el informe favorable de la Fiscalía y "no tiene más explicaciones". "Le parecía razonable al ministro de Justicia y así lo hicimos", ha apostillado.
El pasado 25 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó el indulto al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, de la condena de tres meses de arresto e inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo por acusación falsa cuando presidía Banesto.
El indulto conmuta la pena de arresto mayor y la extensión de suspensión de ejercicio profesional "por la multa máxima prevista en la legislación aplicable al caso".
"Bien, los ciudadanos pueden entenderlo como estimen conveniente", ha señalado el presidente del Gobierno, antes de explicar que se estaba tramitando el expediente desde hacía tiempo, que contaba con el informe favorable de la Fiscalía y que hubo "una puesta encima de la mesa" del Consejo de Ministros por parte del Ministerio de Justicia.
"Se entendió que era razonable y punto", ha apostillado.
Sobre si la medida de gracia responde a alguna deuda con el presidente del Santander Zapatero ha negado que sea así. "No, no, ninguna, en absoluto", ha respondido al ser preguntado por si tiene alguna deuda pendiente con Emilio Botín.
Así, y sobre el texto del decreto del indulto, ha explicado que tiene las "características que acompañan a cualquier medida de esta naturaleza y por supuesto, las consecuencias que son razonables a lo que es el propio indulto".
[/imageleft]Estaba condenado a tres meses de inhabilitación
Zapatero, sobre el indulto a Sáenz: 'Se entendió que era razonable y punto'
El presidente del Gobierno en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que no tiene "ninguna" deuda "en absoluto" con el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, y que el indulto al consejero delegado de la entidad "se entendió que era razonable y punto".
En declaraciones a ABC Punto Radio, Zapatero ha recalcado que el indulto tenía el informe favorable de la Fiscalía y "no tiene más explicaciones". "Le parecía razonable al ministro de Justicia y así lo hicimos", ha apostillado.
El pasado 25 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó el indulto al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, de la condena de tres meses de arresto e inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo por acusación falsa cuando presidía Banesto.
El indulto conmuta la pena de arresto mayor y la extensión de suspensión de ejercicio profesional "por la multa máxima prevista en la legislación aplicable al caso".
"Bien, los ciudadanos pueden entenderlo como estimen conveniente", ha señalado el presidente del Gobierno, antes de explicar que se estaba tramitando el expediente desde hacía tiempo, que contaba con el informe favorable de la Fiscalía y que hubo "una puesta encima de la mesa" del Consejo de Ministros por parte del Ministerio de Justicia.
"Se entendió que era razonable y punto", ha apostillado.
Sobre si la medida de gracia responde a alguna deuda con el presidente del Santander Zapatero ha negado que sea así. "No, no, ninguna, en absoluto", ha respondido al ser preguntado por si tiene alguna deuda pendiente con Emilio Botín.
Así, y sobre el texto del decreto del indulto, ha explicado que tiene las "características que acompañan a cualquier medida de esta naturaleza y por supuesto, las consecuencias que son razonables a lo que es el propio indulto".
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Invitado
Acusa al FROB de tasar la caja por debajo de su valor, pero con esos precios supuestamente bajos la entidad no ha atraído capital privado
Feijóo recurre a la Justicia porque se le hace poco el dinero público inyectado en Novacaixagalicia
La Xunta ha interpuesto esta misma mañana un recurso contencioso-administrativo en Madrid contra la valoración que realizó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de Novacaixagalicia el pasado mes de septiembre por considerar que "no es justa". Así lo ha anunciado el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa tras el Consello de la Xunta de este viernes, en la que ha recordado que el FROB valoró la caja gallega NCG en 181 millones de euros, algo que según él "perjudicó el valor de la caja y las opciones de futuro de la obra social". El FROB se hizo con el 93% de la antigua caja tras inyectarle 2.465 millones de euros. Sin embargo, con esos precios supuestamente bajos la entidad no ha atraído capital privado de empresarios gallegos, de los que apenas obtuvo 70 millones de euros tras muchas negociaciones y peticiones, y además maquillando los números.
http://www.elplural.com/politica/feijoo ... xagalicia/
Feijóo recurre a la Justicia porque se le hace poco el dinero público inyectado en Novacaixagalicia
La Xunta ha interpuesto esta misma mañana un recurso contencioso-administrativo en Madrid contra la valoración que realizó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de Novacaixagalicia el pasado mes de septiembre por considerar que "no es justa". Así lo ha anunciado el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa tras el Consello de la Xunta de este viernes, en la que ha recordado que el FROB valoró la caja gallega NCG en 181 millones de euros, algo que según él "perjudicó el valor de la caja y las opciones de futuro de la obra social". El FROB se hizo con el 93% de la antigua caja tras inyectarle 2.465 millones de euros. Sin embargo, con esos precios supuestamente bajos la entidad no ha atraído capital privado de empresarios gallegos, de los que apenas obtuvo 70 millones de euros tras muchas negociaciones y peticiones, y además maquillando los números.
http://www.elplural.com/politica/feijoo ... xagalicia/
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Invitado
La carta que el Santander envió al BdE por la inhabilitación de Sáenz
El Banco Santander envió una carta en septiembre al Banco de España para tratar de impedir la inhabilitación de su consejero delegado, Alfredo Sáenz, antes de que el Gobierno se pronunciara sobre la petición de indulto. Esta misiva, a la que ha tenido acceso El Confidencial, llegó al gobernador Fernández Ordóñez, quien no se ha pronunciado, ni lo va a hacer, sobre la medida de gracia, según fuentes del Banco de España.
Esta solicitud cubría el tercer flanco de la defensa de Sáenz, junto a la citada petición de indulto y el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. La carta, de 15 folios, está firmada por el secretario general del Santander, Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca, y adjunta la notificación de suspensión de ejecución de la sentencia de la Audiencia de Barcelona, el tribunal que condenó a Sáenz por el delito de acusación falsa (condena ratificada posteriormente por el Supremo) con pena accesoria de inhabilitación.
En el documento, el banco trata de convencer al supervisor de que no ejecute lo dispuesto en el Real Decreto 1245/1995, que establece que pierden la honorabilidad para ejercer la actividad bancaria quienes hayan sido condenados a inhabilitación o tengan antecedentes penales. Sustenta su petición en tres argumentos principales.
El primero es que, si el indulto abarcaba "todas las consecuencias" de la sentencia -como así ha sido finalmente-, no sería de aplicación este Real Decreto y, por tanto, inhabilitar a Sáenz antes de conocerse el alcance del indulto supondría convertirlo en "puramente ilusorio" porque el daño ya estaría hecho. Para apoyar esta tesis cita el caso del induslto concedido a Javier Gómez de Liaño en el año 2000, que le permitió reintegrarse a la carrera judicial. A su juicio, la suspensión de la ejecución de la condena por la Audiencia de Barcelona vincula a todos los poderes públicos, incluido el Banco de España.
Los antecedentes penales no significan nada
El segundo se refiere a los antecedentes penales. El Santander insiste en que estos antecedentes -que no son borrados por la Audiencia de Barcelona ni tampoco por el indulto finalmente otorgado por el Gobierno- son un mero registro informativo de una resolución; y si ésta queda sin efecto por el indulto, ocurre lo mismo con los antecedentes. Lo importante es, razona la carta, que la sentencia esté suspendida, no si está inscrita en un registro. Pero incluso aunque se haga una interpretación "puramente formalista" de esa referencia a los antecedentes, pide que se suspenda temporalmente la aplicación del Real Decreto por el perjuicio "de imposible reparación" que causaría a Sáenz y al propio banco.
En tercer lugar, el Santander asegura que, si el Banco de España suspendía a su consejero delegado, estaría vulnerando los derechos constitucionales de elección de profesión y de libertad de empresa, porque para que éstos se restrinjan no basta la comisión de un delito, sino que éste "ponga en peligro manifiesto la correcta gestión de la entidad". Y eso no ocurre en este caso por "la brillante e intachable trayectoria" de Sáenz, de la que destaca el hito de su nombramiento por el supervisor como administrador de Banesto tras su intervención en 1993 (posteriormente vendido al Santander, donde Sáenz acabó como consejero delegado), que se salvó de la quiebra gracias a la gestión de este ejecutivo.
El escrito de Benjumea añade el argumento de la porporcionalidad, que se vulneraría si no se suspendiera la aplicación del Real Decreto. Incluso llega a afirmar que "si el Banco de España obligara a D. Alfredo Sáenz Abad a cesar en sus cargos por considerar, pese a la solicitud de indulto, que incurre en causa de pérdida de honorabilidad, estaría privando al Gobierno de la facultad de determinar el alcance del indulto solicitado" (subrayado en el original).
MAFO se lava las manos
El hecho es que el Banco de España no adoptó ninguna medida sobre Sáenz antes de la concesión del indulto. Éste fue otorgado el 25 de noviembre en el penúltimo Consejo de Ministros presidido por Zapatero. El 1 de diciembre, Miguel Ángel Fernández Ordóñez declaró públicamente que se pronunciaría al respecto en cuanto se conociera el texto del mismo, que fue publicado en el BOE el 10 de diciembre.
Fuentes del supervisor aseguran que no va a pronunciarse sobre el caso. "Silencio administrativo", es la expresión utilizada por las fuentes. En realidad, daría lo mismo que se pronunciara o no porque el indulto deja expresamente "sin efecto cualesquiera otras consecuencias jurídicas o efectos derivados de la sentencia, incluido cualquier impedimento para ejercer la actividad bancaria". Pero numerosos expertos creen que el gobernador tenía la obligación de "retratarse" en un caso tan grave.
