¿Para qué quiere el gobierno andaluz un banco público?PSOE e IU crearán en Andalucía un organismo financiero sufragado con fondos públicos tras la debacle de las cajas de ahorro regionales y a pesar de los abundantes casos de corrupción que afectan a sus antiguas cúpulas directivas. De la fallida caja única andaluza de Chaves pasamos al banco político de la Junta.La frase, brillante, se atribuye al escritor alemán Bertolt Brecht: “Es peor delito fundar un banco que robarlo”. El bipartito andaluz está a punto de perpetrar ambas acciones de forma simultánea. PSOE e IU piensan disponer por ley en los próximos meses de un instrumento financiero propio en un contexto social en el que parece bastante claro, casi meridiano, que todos los experimentos de supuesta banca pública –sería más exacto decir banca partidaria– terminan degenerando, antes o después, en un auténtico quebranto para el bolsillo de los contribuyentes. En pleno escándalo cósmico por las tarjetas opacas descubiertas en Bankia, y tras siete largos años de padecer el inmenso coste del rescate del sector bancario que lastrará las cuentas del Reino durante lustros, una ceremonia que ha estado plagada de abundantes casos de corrupción, derroche, especulación y avaricia, el gobierno de Susana Díaz apura sin pausa su calendario para repetir, con variantes, la misma experiencia. ¿Quién dijo miedo?
La idea no es nueva. De hecho, es una variante tardía del sueño fallido de la antigua caja única andaluza que, con la ex ministra Magdalena Álvarez en el papel de la mitológica Casandra, acarició hace tiempo el ex presidente Chaves antes de que llegara el apocalipsis de la burbuja inmobiliaria, en cuya expansión las antiguas instituciones de crédito andaluzas, gestionadas por ex políticos que todavía siguen manteniendo sus prerrogativas sociales y económicas, tuvieron bastante que ver, por no decir casi todo. La única diferencia es que este nuevo banco andaluz está impulsado por IU. La coalición de izquierdas, consciente de que su paso por el poder puede tener fecha de caducidad, quiere dejar en herencia una institución que simbolice su paso por la Junta y prolongue su influencia política más allá de las legislaturas parlamentarias. ¿Será el retiro dorado del vicepresidente Diego Valderas?
Dos visiones de un mismo afán
La intención oficial es crear el banco público andaluz con una ley específica antes de finales de este mismo año. Una comisión parlamentaria trabaja en su redacción pero el texto definitivo no ha llegado aún al consejo de gobierno. No tardará demasiado: IU sólo avalará en la cámara regional el presupuesto que necesita Díaz para mantener la estabilidad política a cambio de esta importante concesión. Si lo miramos por pasiva repararemos en la enorme trascendencia política de la iniciativa: si la presidenta de la Junta decidiera adelantar las elecciones no tiene más que bloquear la tramitación del banco público. De momento no está en sus planes hacerlo, lo que sugiere que el adelanto electoral no es inminente. Por ahora.
Lo que sí existen entre los socios son visiones contrapuestas sobre las funciones de este organismo financiero. La voluntad es “mejorar la financiación” de Andalucía a través de un instrumento que opere en el sector financiero. Los socialistas eran partidarios de un ICO andaluz cuyos clientes fueran las empresas, los profesionales y el sector de la economía social. IU quiere un banco en el pleno sentido (capitalista) del término: con ficha del Banco de España, órganos de gobierno, oficinas y capacidad para captar fondos en el mercado y entre los particulares.
La obstinación bancaria de la coalición de izquierdas es tan intensa que están dispuestos, si la autorización del Banco de España se complica, a pagar incluso a la banca privada para que deje el camino expedito. La hoja de ruta del bipartito contempla comprar el Banco Europeo de Finanzas (BEF), embrión de la frustrada entidad bancaria pública andaluza, a sus dueños: Unicaja, la Caixa y BMN. Esta entidad ya tiene autorización oficial para operar, aunque su actividad es discreta. La revolución, según la lectura de IU, exige no sólo crear un banco, sino hasta comprarle la franquicia a la banca tradicional si es necesario.
Argumentos populistas, viabilidad discutible
Claro que fundar una entidad de crédito por ley no significa que el banco público vaya a funcionar bien. Y no sólo por los problemas legales que pueda poner el Banco de España, impulsor del singular proceso de concentración bancaria durante la era Zapatero, sino porque no hay ningún banco que sea viable sin clientes o, lo que es lo mismo, sin mercado objetivo. Quizás por eso IU pretende que la creación de esta entidad pública de crédito, una sociedad anónima dotada por el presupuesto andaluz, reciba ayudas del Gobierno central. Para defender su posición usa el ejemplo de Esquerra Republicana, socio de CiU en la Generalitat, que también aspira a crear un instituto de crédito regional. También dan otras razones. Son bastante llamativas: “Los andaluces han contribuido con 4.000 millones de euros al rescate de la banca. Que dispongan ahora un banco público es de justicia”. Se trata de un argumento de perfil populista, al más puro estilo nacionalista: de entrada confunde a los contribuyentes con los territorios y oculta que la factura del banco andaluz, lejos de reducir el dinero que los contribuyentes de Andalucía han aportado ya a la reforma de la banca española, puede terminar incrementándola. La única diferencia es que quienes saldrían beneficiados son los actuales gobernantes andaluces. Como siempre, con el dinero de los impuestos.
El banco andaluz es un proyecto más político que estratégico. La experiencia demuestra que los bancos que funcionan con criterios partidarios –política hacen todos, sobre todo los privados– no presentan balances equilibrados, pero sí contribuyen de forma decidida a incrementar la dependencia del poder, que en Andalucía tiene el disfraz de las subvenciones, las ayudas, los programas de fomento y la concertación entre sindicatos, asociaciones y empresarios. No es raro que la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) haya sido una de las primeras instituciones en apoyar, aunque con matices, tal iniciativa. O que los sindicatos presten sus tribunas para su defensa. Son los grupos de interés más afectados por los escándalos políticos que vinculan a los ERE con los cursos de formación. La intención de PSOE e IU es que mientras se consiguen los 18 millones de euros de capital mínimo que necesitaría el banco andaluz la caja de esta entidad se nutra con todas las partidas del presupuesto destinadas a incentivar la economía andaluza, usadas durante más de una década para alimentar la extensa trama clientelar que sostiene a la casta andaluza. Para empezar la idea implica entregar 1.428 millones de dinero público para que sea gestionado a su antojo por políticos, sindicalistas y notables andaluces.
El inmenso riesgo que supone crear un banco ya lo pronosticó en 1802 Thomas Jefferson, tercer presidente de Estados Unidos: “Las entidades bancarias son más peligrosas para la libertad que un ejército de combate. Si el pueblo permite que un día los bancos controlen la moneda privarán a los ciudadanos de lo que les pertenece, primero mediante la inflación y más tarde con la recesión, hasta que sus hijos se despierten, sin casa y sin techo, sobre la tierra que sus propios padres conquistaron”. Andalucía tiene un paro sideral y está llena de problemas sociales. ¿Quieren los andaluces volver a pagar su quebranto con su propio dinero? Ellos tienen la palabra.
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