LA TELA DE ARAÑA DE LA CORRUPCION DEL PSOE EN ANDALUCIA

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LA TELA DE ARAÑA DE LA CORRUPCION DEL PSOE EN ANDALUCIA

Mensajepor Invitado » Sab 13 Feb, 2016 6:07 pm

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CORRUPCIÓN Los cursos de formación
Susana Díaz oculta expedientes clave de los cursos de formación

El PP pide a la comisión de investigación que exija 25 ayudas, entre las que figura la de UGT de la que cobró el marido de Susana Díaz

El Gobierno andaluz que preside la socialista Susana Díaz sigue ocultando 25 expedientes clave sobre el fraude de la formación que lleva meses reclamándole el PP a través de la comisión de investigación creada en el Parlamento autonómico sobre el escándalo de los cursos subvencionados.

Entre los 25 expedientes solicitados hace tres meses por el grupo parlamentario que encabeza el líder de la oposición andaluza, el popularJuan Manuel Moreno, y que la Junta retiene, está el de la subvención de ocho millones de euros a UGT de la que cobró José María Moriche, el marido de Susana Díaz que estuvo trabajando en el Instituto de Formación y Estudios Sociales (Ifes), el ente de UGT encargado de impartir los cursos.

La Junta también oculta los expedientes de ayudas que sirvieron para dar cursos de formación en varias sedes socialistas o Casas del Pueblo, otras concedidas al entramado empresarial del ex consejero de la Junta Ángel Ojeda y subvenciones a UGT y CCOO en las que la Cámara de Cuentas de Andalucía detectó irregularidades.

La nómina del marido de Díaz figura en el macroexpediente 98/2009/J/217, en el que el sindicato presuntamente coló facturas falsas y que está plagado de irregularidades, como han alertado tanto la Fiscalía Superior de Andalucía como la Cámara de Cuentas.

En este expediente de UGT, la Junta inició un proceso de reintegro en mayo de 2012 para recuperar una cantidad desviada, pero no le dio trámite hasta años después. La Fiscalía y la Cámara de Cuentas avisaron del riesgo de que prescribiera la reclamación.

El PP se ha dirigido al presidente de la comisión de investigación del Parlamento, Julio Díaz (Ciudadanos), para «rogarle» que inste al Consejo de Gobierno andaluz para que remita los 25 expedientes solicitados «con carácter urgentísimo», ya que se trata de una documentación «esencial para poder afrontar las comparecencias acordadas», entre las que están la de los interventores de la Junta.

«¿Por qué no mandan ya esta documentación? ¿Intentan ocultar alguna información comprometedora para el Gobierno de Susana Díaz? ¿Están arreglando los expedientes antes de enviarlos al Parlamento?», se preguntó ayer la diputada del PP Teresa Ruiz Sillero, una de las integrantes de la comisión de investigación.

Ayudas millonarias

La Junta también oculta los expedientes de varias ayudas millonarias concedidas a UGT para cursos que se impartieron en sedes socialistas o Casas del Pueblo repartidas por municipios de toda Andalucía. Precisamente, el pasado jueves Susana Díaz fue interpelada en el Parlamento por el líder del PP andaluz sobre este asunto.

«¿Cuánto dinero ha recibido el PSOE por el alquiler de sedes donde se impartían cursos de formación?», lanzó Moreno Bonilla a la presidenta andaluza, a la que preguntó si ella había firmado «algún contrato de alquiler» para aulas destinadas a la formación.

La presidenta dio la callada por respuesta. Simplemente, invitó al PP a «mirarse los expedientes», en referencia a los documentos que la Junta ha enviado a la comisión de investigación del Parlamento sobre el fraude de la formación y entre los que no están los 25 claves, como denuncia ahora el PP.

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Mensajepor Invitado » Mié 24 Feb, 2016 9:53 pm

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El alcalde de La Algaba del PSOE: «Se le dio (el contrato) porque me salió de la polla»

El socialista Diego Manuel Agüera Piñero reconoce que la grabación en la que se le escucha diciendo eso es cierta pero niega cualquier ilegalidad

La juez de Instrucción número 3 de Sevilla ha recibido la grabación en la que el alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera Piñero (PSOE), habla de la adjudicación de contratos a un empresario por el hecho de ser el padre de una militante socialista.

En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que la grabación del primer edil de La Algaba ha sido entregada a la juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Francisco, a fin de que se «investigue».

Esta juez fue la que investigó la adjudicación a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar, causa que archivó al no apreciar indicios de delito alguno.

e su lado, el alcalde ha reconocido ser el autor de las declaraciones grabadas pero las ha encuadrado en una conversación derivada de un conflicto político con el entonces marido de esa militante, asegurando que todas las contrataciones municipales están «bajo el paraguas de la legalidad», mostrando su «arrepentimiento» y pidiendo «perdón» por sus palabras.

Varios medios de comunicación han publicado una información en torno a una grabación sonora en el que el alcalde de La Algaba trasladaría a una empleada municipal y militante socialista que «aquí se está a los pies del PSOE», señalando que «se le dio (un contrato municipal al padre de esta militante del PSOE) porque me salió a mí de la polla» y que «hay más de cuarenta empresas y se la di a tu padre».


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1999

las botellonas de Susana

Mensajepor 1999 » Mié 20 Abr, 2016 6:28 pm

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Cuando Susana Díaz hacía "botellona"

La presidenta andaluza fue una firme defensora de que los jóvenes bebieran en la calle cuando fue delegada de Juventud en el Ayuntamiento de Sevilla.

Como todos, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha tenido un pasado. Gracias a la hemeroteca podemos ver a la lideresa socialista mucho más joven y defendiendo a capa y espada el botellón en la capital hispalense. Por aquel entonces, en el ocaso del siglo XX, Susana Díaz era delegada municipal de Juventud.

Se trata del ejemplar del diario El Mundo, en su edición sevillana, correspondiente al 30 de agosto de 1999. Entonces, Susana Díaz contaba con 24 años y hacía una fervorosa defensa del botellón ("botellona", según decía ella) entre los jóvenes sevillanos. "Yo hago 'botellonas' como todo el mundo, el que no las haga que tire la primera piedra", señalaba la joven Susana Díaz en las páginas del diario que, por aquel entonces, dirigía Pedro J. Ramírez.

No sólo estaba a favor de que bebiera en la calle todo aquel que quisiera hacerlo, sino que además se oponía a la creación de espacios específicos para hacer "botellona" y se mostraba en contra de "gastar nada del presupuesto de juventud" en generar "guetos" y crear "un sitio de movida artificial". Para Díaz, "si hay planes especiales de limpieza en Semana Santa o el Corpus, por qué no v a a haberlos los fines de semana", decía antes de proclamar: "¡Que beba en la calle todo el que quiera hacerlo!"

El motivo por el que Susana Díaz hacía esta férrea defensa de la ingesta de alcohol en la calle era claro: "no creo que a los jóvenes sevillanos les apetezca los fines de semana ir a bailes de salón."

Precisamente este fin de semana, no parece que Díaz vaya a irse de "botellona" ya que tiene cita con el Comité Federal del PSOE para aprobar el aplazamiento del 39 Congreso Federal, que iba a celebrarse en mayo para elegir al secretario general, pero que finalmente quedará pospuesto sin fecha hasta que se forme el nuevo gobierno.


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Mensajepor Invitado » Dom 24 Abr, 2016 3:40 pm

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La Junta pudo desviar ayudas para crear empleo en la provincia a paraísos fiscales

Detectadas irregularidades en el Plan Bahía Competitiva y su relación con los llamados papeles de Panamá. Se habrían perdido más de 21 millones para creación de empleo.


La diputada autonómica del PP Teresa Ruiz Sillero ha pedido "explicaciones" a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y a la secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ante el supuesto desvío a "paraísos fiscales" de subvenciones destinadas a la reindustrialización y encuadradas en el Plan Bahía Competitiva. En rueda de prensa en Cádiz, Teresa Ruiz Sillero ha señalado el papel del socialista Juan Manuel Bouza, otrora delegado provincial de la Consejería de Empleo en Cádiz y quien recientemente comparecía ante la comisión de investigación por los cursos de formación, dado que su etapa en dicho cargo coincidiría con las "irregularidades" detectadas en la gestión del Plan Bahía Competitiva, investigado desde 2011 por un presunto fraude en las subvenciones a la reindustrialización inyectadas en la zona entre entre 2009 y 2010.

Señalando el "entramado financiero" detectado por la investigación en lo referente a los métodos presuntamente usados para desviar el dinero de tales subvenciones, Ruiz Sillero ha señalado las publicaciones que señalan que las partidas de las subvenciones habrían recaído en "paraísos fiscales", concretamente Panamá, Seychelles, Islas Vírgenes y Luxemburgo, pasando por "sociedades opacas" a través del bufete Mossack-Fonseca, el mismo que se ha visto envuelto en el escándalo mundial de los llamados papeles de Panamá. "Pedimos explicaciones a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y a la secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, de lo que está ocurriendo y lo que ocurrió en el Plan Bahía Competitiva. No pueden seguir guardando silencio en esta trama de fondos de empleo ligada siempre a la Agencia IDEA. Curiosamente la gerente en Cádiz en IDEA era por entonces Rosa Mellado y sigue estando al frente", concluye Teresa Ruiz Sillero. A su juicio, la socialista Susana Díaz "sigue viviendo en el país de las maravillas", mientras continúa "la pérdida de fondos públicos, perjudicando a los desempleados andaluces".

En esta línea, el secretario provincial del PP y parlamentario andaluz, Antonio Saldaña, ha afirmado que "éste es el resultado de la nefasta gestión socialista", lamentando el "descontrol de los gobiernos del PSOE en el Ministerio, la Junta y Diputación que ha derivado en la pérdida de más de 21 millones de euros que tenían que venir a la provincia para la creación de empleo y que, según la Policía, su recuperación es improbable".

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El juez de los ERE procesa a Chaves y Griñán

Mensajepor Invitado » Mié 01 Jun, 2016 2:37 pm



El juez de los ERE procesa a Chaves y Griñán por prevaricación

El magistrado Álvaro Martín cierra la instrucción de la rama política de la macrocausa y manda al banquillo a los expresidentes andaluces


El juez Álvaro Martín ha emitido este miércoles el auto de procesamiento para los expresidentes de la Junta andaluza Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y otros 23 ex altos cargos del Gobierno en la rama política del caso ERE. Chaves está encausado por un delito continuado de prevaricación y Griñán por prevaricación continuada en concurso medial con malversación de caudales públicos. Ambos se han dado de baja en el PSOE esta mañana. De los 48 investigados más, la mitad no afrontará juicio. El magistrado cierra así la investigación tras cinco años de pesquisas y cuatro jueces que han señalado a la cúpula del anterior Ejecutivo socialista. A solo 26 días de las elecciones, el procesamiento de los dos dirigentes históricos del PSOE- que fueron ministros y presidentes federales del partido y que ahora se sentarán en el banquillo de los acusados— puede dañar a los socialistas en su principal bastión para el 26-J, Andalucía.

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La anterior cúpula del Gobierno andaluz ha sido encausada, y junto a los expresidentes afrontan el banquillo seis exconsejeros: Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo. Además, están señalados cinco viceconsejeros, dos secretarios generales, cuatro directores generales y otros seis cargos directivos de la Administración, entre los que destacan el ex interventor general Manuel Gómez y el jefe de los servicios jurídicos, Francisco del Río.

El instructor finaliza con su auto la rama que analiza el procedimiento de pago de los ERE, un fondo para empresas en crisis dotado por la Junta andaluza con 855 millones entre 2001 y 2010. Ahora las acusaciones y defensas deben presentarán sus calificaciones de delitos y plantear las penas antes de que se celebre el juicio previsiblemente en 2017.

Tanto Chaves como Griñán, de 71 y 69 años y jubilados, abandonaron la vida política hace un año tras su imputación en el Tribunal Supremo, y ahora afrontan un futuro judicial en el que se juegan una mancha que oscurecería toda su carrera política. El de hoy es solo el primer paso de un largo recorrido judicial con parada en la Audiencia de Sevilla, que celebrará el juicio, y final en el Supremo tras los recursos de defensas y acusaciones.

Para Chaves, la prevaricación administrativa no contempla pena de cárcel, sino inhabilitación para cargo público, y ya está retirado de la primera línea política. Sin embargo, Griñán y otros 17 ex altos cargos encausados por malversación afrontan una posible condena de entre cuatro y ocho años de cárcel. El juez les acusa de conocer los informes de la Intervención General de la Junta que advertían de que desde la Consejería de Empleo se estaba otorgando "ayudas de manera arbitraria, sin procedimiento, e incumpliendo las garantías y fines propios de las ayudas y subvenciones a las que se destinaban aquellas partidas, y no hicieron nada para evitarlo".

El auto abunda: "No era posible desconocer los graves hechos que se ponían de relieve en el informe ni su conexión con el sistema de reparto de ayudas y subvenciones instaurado en 2000, de modo que quien decidió proseguir con la praxis instaurada lo hizo asumiendo todas sus consecuencias, es decir, asumiendo que fondos públicos eran puestos en manos de persona no autorizada para disponer de ellos". Esta persona fue Javier Guerrero, director general de Trabajo y responsable de la mayoría de las subvenciones concedidas. El juez censura su actuación: "Esta persona los repartía con total discrecionalidad o arbitrariedad, sin justificar los motivos de la concesión, sin controlar el destino de los fondos concedidos, asumiendo obligaciones de manera discrecional y comprometiendo con ello el erario de la Junta de Andalucía".

Esta pieza clave que se acaba de cerrar marcará el destino de las otras que incluye la macrocausa —con un total de casi 300 imputados—, y su resolución en Sala afectará a las penas o absoluciones de muchos de los políticos y técnicos implicados por las diferentes ayudas —más de 200— concedidas desde 2001 por el Gobierno andaluz. Cuando acudieron a declarar ambos expresidentes se ratificaron en su declaración ante el Supremo, en la que ambos rebatieron la mayor: la ilegalidad del fondo de los ERE.

La juez Mercedes Alaya señaló a los principales líderes del Gobierno andaluz como responsables ya en 2012, y posteriormente el magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro compartió su tesis de la prevaricación pero descartó la malversación. Más tarde, el caso regresó a finales de 2015 a Sevilla tras perder los expresidentes su aforamiento en el Congreso y el Senado, y la juez María Núñez compartió brevemente este criterio hasta que varios meses después designó a Martín, su juez de refuerzo, al frente de la pieza clave de la macrocausa.

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Mensajepor Invitado » Jue 02 Jun, 2016 2:28 pm

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Felipe González dice que pone la mano en el fuego por la honradez de Chaves y Griñán

El ex presidente del Gobierno Felipe González ha asegurado hoy que pone "la mano en el fuego" por "la honradez personal" de los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y ha matizado que "además" cree que se demostrará su inocencia "de los delitos que les imputan".

Felipe González ha sido preguntado por los periodistas antes de asistir a una conferencia sobre Venezuela en la Casa de América de Madrid y ha querido ser más expresivo en su apoyo a Chaves, a Griñán y a Magdalena Álvarez, ha añadido él, que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que mostró cierta frialdad. Sin embargo, ha matizado su apoyo a los ex presidentes de la Junta de Andalucía.

Preguntado si "pone la mano en el fuego" por ellos, ha respondido que "desde el punto de vista de honradez personal, sin duda alguna". Y a continuación ha añadido que "además, creo que son inocentes de los delitos que les imputan y que quedará demostrado".


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Susana Díaz: “Son dos personas honestas que nunca se han beneficiado de los cargos”

La presidenta defiende la integridad personal de Chaves y Griñán, mientras que Pedro Sánchez sugiere, con más frialdad, que se respete la presunción de inocencia de ambos.

“Son dos personas honestas que nunca se han beneficiado de los cargos que han ocupado”, los defendía la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en declaraciones a los periodistas en Córdoba, después de que el juez que investiga el caso de los ERE ha dictado auto de procedimiento abreviado contra Chaves y Griñán y otros 24 ex altos cargos de la Junta, entre ellos seis exconsejeros.

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El saqueo de los ERE

Mensajepor corruPSOE » Dom 18 Sep, 2016 2:35 pm

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El saqueo de los ERE dejó sin ayudas a 120.000 trabajadores

La Fiscalía recuerda que en los diez años del 'fondo de reptiles' hubo miles de personas afectadas por expedientes de regulación de empleo

El 'caso ERE' o cómo asegurarse el poder con el dinero público



Una de las tesis que el PSOE andaluz y los dirigentes salpicados por la investigación del fraude de los ERE han utilizado en su defensa tiene que ver con los trabajadores que, gracias a las ayudas del conocido como 'fondo de reptiles', pudieron salir adelante tras un despido. Entre los periodistas y abogados que han seguido el caso se conoce como la tesis de las criaturitas, utilizando así la expresión paternalista con que el ex director general de Empleo Javier Guerrero se refería a los beneficiarios de los fondos.

Quienes se abonan a esa tesis no niegan que por las cañerías de la Consejería de Empleo se perdiera parte de esos fondos (741 millones de euros, según los cálculos de la Fiscalía para la década 2000-2010) como consecuencia de la actuación de un grupo de aprovechados. Pero defienden que las grandes cifras del fraude que se manejan no se corresponden con las cantidades malversadas, sino con el montante global del presupuesto manejado que, en su mayor parte, sí fue a parar a las empresas en crisis y a sus trabajadores. Y, efectivamente, parte del dinero fue a financiar despidos y prejubilaciones reales, pero los beneficiarios fueron seleccionados de manera igualmente arbitraria.

En aquella década, en la que en algunos casos bastaba con marcar el teléfono móvil de Guerrero para ser agraciado con una subvención millonaria, hubo muchas empresas y miles de empleados abandonados a su suerte por la Junta, pues ni siquiera tuvieron la opción de solicitar alguna de aquellas ayudas porque, sencillamente, ni existían convocatorias públicas ni procedimiento reglado que garantizara la igualdad de oportunidades.

La Fiscalía Anticorrupción por primera vez le ha puesto cifras a esas personas olvidadas por quienes tenían bajo su responsabilidad «el dinero de los parados andaluces», como se refiere a los fondos perdidos el Partido Popular.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público detalla que, en los años de la malversación de los fondos, hubo en Andalucía exactamente 9.461 empresas que presentaron expediente de regulación de empleo (ERE) y 120.829 trabajadores se vieron afectados por aquellos expedientes. Prácticamente ninguno de esos ERE fueron bendecidos por el maná de los fondos que arbitrariamente repartía la Junta. El número de empresas que sí recibieron fondos es de 77 y, a la vista de las irregularidades en los expedientes, no necesariamente fueron compañías en situación de crisis, como se ha demostrado en numerosos casos.

«Al no haberse regulado como era exigido una convocatoria de estas ayudas que garantizase su publicidad y conocimiento general por los potenciales beneficiarios de las mismas, al no publicarse como es exigida su concesión y no registrarse como es obligado en la base de datos y subvenciones de la Junta de Andalucía, se han visto privados de su derecho a acceder a estas ayudas un importante número de trabajadores afectados por el desempleo y/o situaciones de crisis empresarial», afirma la Fiscalía Anticorrupción en su escrito, redactado en este punto casi como un lamento.

Estadística de Empleo

El Ministerio Público utiliza datos de la Subdirección General de Estadística de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para detallar, año a año, el número de empresas que atravesaron un ERE en aquella década.

Por otro lado, y como ejemplo, el escrito cita el número de parados de 55 años o más registrados en Andalucía en los años 2002 a 2010: 40.000 y 87.000 personas, según el ejercicio consultado.

En cuanto a las ayudas a las empresas en crisis, la Fiscalía subraya cómo se emplearon fondos en fines que nada tenían que ver con el objeto de las subvenciones, como el pago de nóminas, el pago de deudas, el pago de avales o minutas de asesoramientos jurídicos. Y cita varios ejemplos. Entre ellos, llama la atención que se pagara con fondos públicos parte de la subida salarial de trabajadores de las empresas FCC, FCC Medio Ambiente o Cespa, como consecuencia de la firma de un convenio colectivo que puso fin a los conflictos laborales de la limpieza pública en Granada.

También se fija la Fiscalía en el hecho de que se destinaran fondos de la partida 31L que debían ir a parar a empresas en crisis a la financiación de 16 muestras de artesanía y jornadas relacionadas con el empleo organizadas por municipios andaluces entre los años 2002 y 2004, con la particularidad de que todos esos municipios estaban gobernados por el PSOE, salvo uno en manos de IU y otro en manos del PA, siendo mayoritariamente todos de la provincia de Sevilla, salvo dos de Cádiz y uno de Jaén.

De todos estos hechos tuvieron conocimiento José Antonio Griñán -para el que la Fiscalía pide seis años de prisión- y buena parte de los altos cargos acusados, debido a que fueron advertidos de ello a través de sucesivos informes de la Intervención general de la Junta.

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100 beneficiarios de los cursos de alta dirección

Parte de los fondos de la partida 31L, el famoso 'fondo de reptiles', se destinó a pagar a 100 personas vinculadas al PSOE un Curso de Alta Dirección de Instituciones Sociales, organizado por la Fundación San Telmo, según detalla la Fiscalía. El curso era utilizado por el partido para promocionar a un candidato determinado con un currículum académico y profesional insuficiente para los cargos a los que aspiraba, de manera que pudiera mejorar su formación. Durante la instrucción del caso ya se llegaron a conocer algunos de los nombres de los dirigentes socialistas que habían sido beneficiarios con esa 'beca', entre los que se incluye Susana Díaz. La presidenta andaluza sostuvo en su día que, en su caso, el curso lo había pagado «de su bolsillo».

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Mensajepor Invitado » Dom 29 Ene, 2017 2:03 am

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CUARENTA MINUTOS CON LA JUEZA ALAYA

CHEMA RODRÍGUEZ

“NOS ENCONTRAMOS SOLOS ANTE EL PELIGRO ” “VOY A HABLAR SIN TAPUJOS DE TODO LO QUE ACONTECE EN EL MUNDO JUDICIAL” “YO SOY UNA PERSONA MUY PASIONAL EN TODO LO QUE HAGO” “SIN ACUSACIÓN POPULAR LA JUSTICIA NO ES IGUAL PARA TODOS: HAY UNA JUSTICIA PARA LOS PODEROSOS Y OTRA PARA LOS QUE NO LO SON” “EL EJECUTIVO SE HA PUESTO MANOS A LA OBRA PARA TRATAR DE DEBILITAR LO MÁS PROFUNDAMENTE QUE PUEDA EL PODER JUDICIAL”


Audiencia Provincial de Sevilla. Viernes 27 de enero. Hace sólo una semana la jueza Mercedes Alaya habló sin tapujos de lo que más le preocupa: la independencia judicial. La siente amenazada, y de qué manera: «Nos encontramos solos ante el peligro». Dice, con sorprendente vehemencia: «Yo soy una persona muy pasional en todo lo que hago». En un pasillo del edificio que alberga la Sección Séptima, saliendo del despacho que comparte con otros tres magistrados, un espacio reducido y anticuado en el que Crónica la encuentra entre montañas de papel, accede, por vez primera en todos estos años, a explicarse. Durante 40 minutos se sienta con este reportero en un banco de madera y conversa. Nunca hasta ahora la magistrada más popular del país, adalid contra la corrupción para muchos, había dado pie a mantener una charla así. Hasta hoy. Tiene una advertencia. Una alarma: la Justicia corre peligro.

Siempre ha hablado poco, pero menos en público. Lo que tiene que decir prefiere decirlo en sus sentencias y sólo ha hecho contadas excepciones con motivo de conferencias como la que protagonizó hace unos días en Granada, invitada por el Foro de la Concordia Civil. Eso desde que dejó el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla y las investigaciones contra las grandes tramas de corrupción que la hicieron famosa. Porque antes, cuando era juez instructora y su día a día era levantar las alfombras del poder andaluz, su silencio era impenetrable.

Se estrenó como conferenciante de lujo en Madrid y además de la de Granada sólo ha dado otra charla, en la Universidad de Sevilla el pasado mes de marzo. Siempre rodeada de los suyos, de futuros jueces y abogados, y lo más alejada posible de la prensa, de la que recela y de la que durante años ha tratado literalmente de huir mientras el interés mediático crecía en torno a su hierática figura. En el pasillo de la Audiencia, la juez Mercedes Alaya Rodríguez se manifiesta con rotundidad, como sus resoluciones; una rotundidad que contrasta con su tono de voz, suave, que apenas eleva cuando, junto al banco, pasa algún compañero camino de otro despacho. No hay muchos más sitios en los que hablar en una sede judicial construida en tiempos de Franco y en la que muchas cosas siguen exactamente igual que entonces. Tampoco ha cambiado mucho —dice ella— el ansia de los políticos por controlar el poder judicial. Más allá, denuncia cómo ese control es cada vez más asfixiante en forma de reformas legislativas que, critica, se anuncian con el hipócrita fin de luchar contra esa corrupción. Pero a más corrupción, señala, más interferencia política y, por lo tanto, menos independencia.

MENOS FOCO, LA MISMA PASIÓN HABLA EN EXCLUSIVA

Las cámaras ya no la buscan con tanto ahínco como antaño. A su alrededor ya no se levanta el mismo revuelo que años atrás, cuando era el azote de la corrupción y en sus manos estaba el destino de cientos de personas implicadas en las macrocausas que dirigía con mano de hierro. Durante años, la llegada cada mañana de la juez Mercedes Alaya a su despacho del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, en el Prado de San Sebastián, era un acontecimiento mediático que llegó a retransmitirse. La magistrada que se dio a conocer por el ‘caso Mercasevilla’, el de los ERE o el de los cursos de formación, se convirtió ella misma en noticia y el foco de los medios de comunicación estaba permanentemente sobre su rostro blanquecino y su cuidadísimo estilismo. Nada en la juez Alaya pasaba desapercibido y a su alrededor crecían tanto sus admiradores, incondicionales, como sus detractores, acérrimos. Alaya, que se confiesa «pasional», levantaba amor y odio a partes iguales. Hoy, las cosas han cambiado. Su marcha del juzgado desde el que emprendió su particular cruzada contra la corrupción política, a finales de 2015, le ha quitado buena parte del protagonismo y, también, de la presión continua a la que se veía sometida. Con menos foco, pero la misma pasión que le genera admiradores y odiadores. Tanto es así que en Facebook siguen activos, y muy activos, dos grupos de apoyo a la juez que suman cerca de 25.000 seguidores que, pese a todo, aún se siguen declarando incondicionales de la magistrada. Actos públicos como la conferencia de hace una semana en Granada reactivan su legión de ‘followers’ y se multiplican los mensajes. Como el de María Hernández: «Siga usted siendo como es: muy valiente. Necesitamos justicia justa», escribió. O como Amparo Chulvi, para quien «jueces como ella hay muy pocos»... Quienes la conocen aseguran que está contenta en su nuevo despacho en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, que han quedado atrás los malos momentos por los que pasó tras su enfrentamiento con su sustituta, la juez María Núñez, y con el Poder Judicial, un pulso que terminó perdiendo y que la apartó para siempre de las macrocausas a las que dio vida y alimentó durante tantos años. Se ha refugiado, de nuevo, en el trabajo y echa muchas horas resolviendo los sumarios que llegan a su mesa. Su fama de trabajadora sigue intacta y los datos estadísticos de su sala lo avalan: está prácticamente al día. Cuando presume de que el trabajo no le da miedo, no miente. Ser juez es, cuentan en su entorno, más vocación que otra cosa, hasta el punto de que no es raro escucharla decir que no necesita el trabajo para vivir. Lo suyo es vocacional, desde que tenía 11 ó 12 años quiso ser juez y lo ha logrado. Es juez y no una juez cualquiera. Eso le ha costado críticas muy duras, ataques personales que, no obstante, se ha tomado con naturalidad. Porque, explican en su entorno, asume que las críticas van con el sueldo. Al menos, las críticas externas, porque las internas, ésas sí, le han dolido, especialmente las de aquellos órganos que, en su opinión, debían velar por la independencia judicial y no lo hicieron. No se arrepiente de nada de lo que ha hecho y tampoco de lo que no ha hecho porque, asegura a quienes la tratan, ha llegado hasta donde ha podido. Alaya después de Alaya sigue siendo Alaya. Hay juez para rato.



«Estas reformas recortan la independencia judicial que hemos conocido, que yo he conocido», afirma Ayala para señalar, acto seguido, la forma de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como el paradigma del despropósito, el mejor ejemplo, a su juicio, y como ha repetido en sus escasas apariciones públicas, de cómo la independencia judicial se está yendo por el desagüe del control político. La independencia judicial es una especie en peligro de extinción, cada vez queda menos y cada vez son más, añade, los que la echan de menos. Es el mensaje que ha reiterado en sus tres únicas charlas. A continuación recogemos los extractos más relevantes de su intervención más reciente, la de Granada, y la conversación de 40 minutos mantenida en el banco de madera del pasillo por el que se accede a su despacho en la Audiencia Provincial de Sevilla…

    Voy a hablar sin tapujos de todo lo que acontece en el mundo judicial... Nadie duda que vivimos en una sociedad formalmente democrática, pero unos pocos, yo creo que cada vez muchos más, dudamos de que efectivamente exista independencia judicial. Y si no existe independencia judicial nuestro Estado de Derecho está seriamente debilitado...

La magistrada que se atrevió a señalar a dos ex presidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el caso de los ERE, la misma que puso del revés todo un régimen político que durante más de tres décadas ha hecho y deshecho en Andalucía, la que hizo lo que otros no se atrevieron a hacer, no entra en los procedimientos que ha dirigido con mano de hierro. Mide sus palabras consciente de que cualquier desliz se puede volver en su contra, de que se ha granjeado no pocas enemistades.

Y no es que tenga miedo. Es prudencia. Pero no tiene reparos en denunciar que ella misma ha sufrido las consecuencias de los «apabullantes» recortes en la independencia judicial y acusa sin medias tintas a la Fiscalía de ser el brazo ejecutor del control político, la misma Fiscalía a la que las más recientes reformas legislativas pretenden dotar de más poder en la instrucción de los procedimientos, y la misma Fiscalía a cuyo máximo responsable nombra el poder político.

En casos de corrupción, con los que lleva lidiando desde hace años, mucho antes de los ERE, el fiscal tiene tanto control como que señala los límites de lo que se investiga. Sobre todo, aclara, porque no hay acusaciones particulares y el juez no puede ir «más allá».

    El Ejecutivo se ha puesto manos a la obra para tratar de debilitar lo más profundamente que pueda el poder judicial... En los casos de corrupción la reforma supone divide y vencerás. Otorga al ministerio fiscal el control de los periodos de investigación judicial, es decir, la instrucción tiene que durar seis meses y entonces queda exclusivamente en manos del Ejecutivo... Aborda una legislación muy necesaria de intervenciones postales, telefónicas, etcétera, instrumentos necesarios para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y para los jueces para poder investigar los delitos. Pero en este tema yo creo que se adoptan dos decisiones inadecuadas. La primera es que las intervenciones telefónicas podrá adoptarlas el Ministerio del Interior sin jueces, con el compromiso de avisar en 24 horas al juez, aludiendo a casos de terrorismo. Esta medida no era necesaria. Es un arma tan de doble filo que yo creo que los riesgos son más grandes que los beneficios.

Había una esperanza. O mejor dicho, la juez Alaya, la ciudadana Mercedes Alaya Rodríguez, vio lo que ella misma califica como «un momento de esperanza» en los pactos políticos obligados tras los resultados de los últimos procesos electorales. «Pero ha habido un enrocamiento, una pinza absoluta entre el PP y el PSOE» que, añade, se ha traducido en que «el PSOE apoya al PP en el Gobierno y el Gobierno [o sea, el PP] apoya al PSOE en Andalucía». ¿Y qué pasa con los partidos emergentes, con Podemos y Ciudadanos? Pues que tampoco se libran de las críticas de la magistrada, que les reprocha que no hayan llevado a cabo los compromisos que adquirieron. Como Ciudadanos, que afirmó que no iba a comprometer su voto con partidos con imputados y no lo está cumpliendo. En Andalucía está ocurriendo con C’s, que respalda los presupuestos de Susana Díaz.

Alaya sigue siendo la juez que puso contra las cuerdas al sistema político y que no se arredró ante los furibundos ataques que sufrió y sufre. Quizás esté más relajada —una conversación como ésta con un periodista era impensable hace no ya unos años, sino hace sólo unos meses—, pero el mensaje es el mismo y la convicción, idéntica.

    Y actualmente se está produciendo otro fenómeno: los pactos políticos. Un fenómeno que hace meses podíamos recibir con cierta alegría cuando abordábamos las primeras elecciones [las de 2015], por lo que podía redundar en beneficio de todas las instituciones. Pero, sin embargo, el resultado ha sido un pacto de no agresión. (...) Es decir, tú te quedas aquí, yo no hago sangre con tus temas y tú me vas a permitir que yo esté en este otro sitio y no nos vamos a agredir mutuamente, porque a nosotros nos interesa mantener calladas nuestras cosas, nuestros abusos, nuestros errores. En definitiva, un intercambio de cromos, ni más ni menos lo que vemos cada día que se está produciendo...

En la conferencia de Granada Alaya defendió el papel de la acusación popular y ésa, enfatiza, es la gran esperanza, casi la única esperanza que encuentra para que los delitos de corrupción y los que amenazan los intereses públicos en general no queden impunes.

    La Constitución dice que la justicia emana del pueblo y no hay mayor representación de este mandato que el ejercicio de la acusación popular. (...) En este tipo de casos donde no hay más acusación que la pública y lo que se debate es un caso de corrupción o que le interesa al poder político, la justicia no es igual para todos; hay una justicia para los poderosos y otra justicia para los que no lo son. Esto desgraciadamente lo vemos los jueces todos los días: vemos cómo los escritos de acusación se modifican en función de las personas. En estos casos, no en los delitos comunes. Cuando se trata de estos delitos se la cogen mucho con papel de fumar y tienen muy en cuenta a quién se le imputa...

«La acción popular es imprescindible, hay que pasar a la acción», reitera en su encuentro con Crónica la magistrada, que confía aún en que el asociacionismo ciudadano, eso que algunos llaman la sociedad civil, dé un paso adelante para defender los intereses generales «hasta el final». Para ello, argumenta, no hay que esperar a ninguna reforma.

No se puede confiar, insiste Alaya, en la Fiscalía, a la que tilda de «floja» en su labor cuando se trata de corrupción, y basándose en los «muchos años» que acumula como juez instructora. «Dándole el control a la Fiscalía se corre un riesgo enorme», apostilla.

    Los principios que conforman el ministerio fiscal y el nombramiento del fiscal general del Estado son un auténtico problema. Un problema para la independencia judicial el hecho de que se conforme el ministerio bajo el principio de unidad de actuación y de dependencia jerárquica: ahí no hay el menor atisbo de posibilidad de actuación al margen del que está por encima. Al fiscal general del Estado, de acuerdo con la Constitución, lo nombra el Gobierno y esto, cuando están en juego delitos contra la Administración, supone entrar de lleno en los intereses del Estado. En esos procedimientos de corrupción está por un lado el ministerio fiscal, que representa los intereses del Estado y al que no le va a interesar en determinados momentos que se investigue hasta cierto punto o que se investigue a determinadas personas. Lo mismo puede ocurrir donde haya un cierto círculo de poder, no sólo en corrupción política. En estos casos nos encontramos solos ante el peligro. La única solución, y es mi principal objetivo, es que estos procedimientos se mantengan gracias a las acusaciones populares. ¿Cómo es posible que un fiscal que puede tener interés en un asunto siga ejerciendo la acusación pública por el hecho de que el ministerio fiscal es uno?

Queda claro que para la magistrada el ministerio público es lo mismo que decir poder político y lo razona señalando la «dependencia jerárquica» en la Fiscalía, donde sus miembros están sometidos a «las órdenes de arriba» y «no se plantean discutir».

La política, lamenta, está metida en la Justicia de lleno. Hubo un tiempo, cuenta sentada en el mismo banco y tras media hora de conversación, en el que la política ventilaba sus asuntos en los juzgados. Ya era grave, pero lo de ahora es peor, porque, asevera, la Justicia está totalmente politizada y «se trata de interferir en las decisiones judiciales».

    Yo soy una persona muy pasional en todo lo que hago. (…) El ataque a la independencia judicial es un tema totalmente actual. Yo aprobé las oposiciones con 24 años y por aquel entonces lo único que percibíamos los jueces era que efectivamente las luchas políticas trataban de llevarse al terreno del mundo judicial; no había esa interferencia del poder ejecutivo que lamentablemente desde hace unos años y en la actualidad venimos viendo en una progresión absolutamente proporcional a los casos de corrupción política. Es decir, a medida que aumentan los casos de corrupción política, aumenta cada vez más la injerencia del poder político.

A modo de veredicto, suelta un mensaje de optimismo. «Tenemos en nuestras manos la posibilidad de que no queden impunes tantos fondos públicos que se han ido por la alcantarilla», sentencia la juez más famosa de España. Y tras 40 minutos de conversación franca, se levanta del banco, estrecha la mano al periodista y vuelve al trabajo, a sus sentencias, a su mesa atestada de papeles, a su vida. La juez Alaya en estado puro.


EL MUNDO / CRÓNICA / DOMINGO 29 DE ENERO DE 2017

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Andalucía la autonomía más corrupta de España

Mensajepor Invitado » Vie 10 Mar, 2017 8:08 pm

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Bruselas señala a Andalucía como la autonomía más corrupta de España

El Índice de Competitividad Regional de la UE sitúa a Andalucía y La Rioja como las CCAA con mayor y menor corrupción del país.


La Comisión Europea publica cada tres años su Índice de Competitividad Regional, un informe en el que se evalúan tres grandes categorías que determinan el dinamismo económico y la calidad institucional de las divisiones territoriales de los 28 países miembros de la UE.

El Índice incluye diversos subíndices. Quizá el de mayor interés de todos es el dedicado a la corrupción. Al fin y al cabo, las encuestas llevan años confirmando que este asunto es uno de los que más preocupa a los españoles, solo por detrás del problema del paro. El indicador dedicado a la corrupción evalúa su incidencia en el ámbito de los servicios públicos y combina datos de dos proyectos de investigación: Quality of Government, un informe elaborado por la Universidad de Gotemburgo, y Worldwide Governance Indicators, una iniciativa ligada al Banco Mundial.

Según el documento de la Comisión Europea, la comunidad autónoma con menos corrupción es La Rioja, que recibe una nota de 0,13 y, por tanto, se sitúa por encima del promedio comunitario. El top cinco lo completan Cantabria, Extremadura, Murcia y País Vasco, seguidas de cerca por Madrid, Navarra, Castilla y León y Asturias.

En el extremo opuesto nos topamos con las comunidades en las que la incidencia de la corrupción es más grande. La peor nota se la lleva Andalucía, seguida de Galicia, Canarias, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. También destaca para mal la calificación que reciben Cataluña, Baleares y Asturias.

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LA TELA DE ARAÑA DE LA CORRUPCION DEL PSOE EN ANDALUCIA

Mensajepor Invitado » Vie 31 Mar, 2017 4:09 pm

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La misma herencia paga 167.829 euros en Andalucía y sólo 1.673 en Madrid


Andalucía, gobernada por la socialista Susana Díaz, que aspira a ser secretaria general del PSOE, y Asturias, por Javier Fernández, presidente de la gestora socialista, son las comunidades autónomas con los impuestos de sucesiones más altos de toda España.Toda la vida trabajando y tributando para que al final la comunidad autónoma en cuestión, que tiene transferidas esas competencias, vuelva a recuadar por lo dejado por un fallecido a su mujer e hijos por el impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Este impuesto, de naturaleza injusta por el doble gravamen que supone para el contribuyente, en vida y muerto, tiene una diferente tributación que depende de las comunidades autónomas. siendo la tres más caras Andalucía, Asturias y Aragón, curiosamente las tres gobernadas por el PSOE.

Según ha publicado Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente del PP andaluz, en su Facebook, las diferencias de pago en impuestos de sucesiones entre comunidades autónomas son abismales.
El líder de los populares andaluces pone el siguiente ejemplo:

Fallecido viudo con dos hijos mayores de 30 años.

Su patrimono es:

Vivienda habitual: 300.000 euros

Segunda vivienda: 200.000 euros

Posiciones financieras: 350.000 euros.

Pues bien, en Andalucía la tributación acumulada de ambos hijos por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones sería de 167.829 euros, el 19,74% del total, mientras en Asturias asecendería a 167.492 euros, el 19,70%. La otra comunidad con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones más cara también está gobernada por el PSOE. El presidente, con el apoyo de Podemos, es Javier Lambán. Su Impuesto de Sucesiones y Donanciones es del 11,55%, por lo que con el mismo ejemplo de la herencia, los dos hermanos tendrán que pagar para poder hacerla efectiva 98.184 euros.

Por la misma herencia, en Madrid, la capital del Estado, sólo se pagaría por el impuesto de Sucesiones y Donaciones, 1.673 euros, el 0,20% del total. En el País Vasco, serían 750 euros, el 0,09%. En Canarias, sólo 162 euros. Una vez más se pone de manifiesto el injusto sistema fiscal español por su nula uniformidad y unidad de mercado, que castiga a los ciudadanos dependiendo quien gobierne… Ya se comentó cuando falleció la duquesa de Alba: corazón sevillano, cabeza madrileña.

Y Susana Díaz aspira a gobernar España -si gana a Pedro Sánchez en las primarias del PSOE- a la que freirá a impuestos para pagar despilfarros tales como la construcción de mezquitas en Marruecos como denuncian los propias andaluces en las redes sociales.



Sucesiones, el impuesto de los muertos
De los muchos impuestos que hay en España, el de Sucesiones es el más impopular de todos. En Andalucía y Asturias alcanza niveles confiscatorios y está dejando muchas víctimas en el camino.

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LA TELA DE ARAÑA DE LA CORRUPCION DEL PSOE EN ANDALUCIA

Mensajepor Invitado » Sab 01 Abr, 2017 3:27 am



La infancia de Susana Díaz son recuerdos

“Mi infancia son recuerdos políticos”, dijo este domingo Susana Díaz, parafraseando al poeta sevillano Antonio Machado, ante 9.000 militantes y altos cargos del PSOE que abarrotaron IFEMA. “Por menos quitan custodias”, pensé. En realidad, Susana Díaz lo que quiso decir con esta expresión es que para ella el PSOE no es una herramienta de transformación social, sino un artefacto emocional, irracional, identitario y consanguíneo.

Cuando Susana Díaz afirma que su infancia son recuerdos políticos está queriendo decir que no se hizo socialista tras la lectura de ningún libro, ni tras ver ninguna película, ni por conocer a algún profesor en el instituto o en la universidad que le marcara, ni por mejorar la situación de su barrio, de los jóvenes, de las mujeres, de los trabajadores o de las ballenas. Díaz se hizo del PSOE porque era el partido al que votaba su padre, del que ella presume que era fontanero para intentar empatizar con la gente sencilla. Lo que se olvida decir Susana Díaz es que su padre era funcionario del Ayuntamiento de Sevilla y, hace 40 o 50 años, ser funcionario no era precisamente ser un desgraciado en Andalucía y que la defensa del origen no tiene ningún valor si cuando superas el origen te olvidas de él y de quienes lo habitan.

Que Susana Díaz diga que su infancia son recuerdos políticos quiere decir que todo en su vida gira en torno al PSOE. Todo es todo. Sus amigos de adolescencia, de juventud y edad adulta, su estabilidad económica, su vida laboral, sus parejas, la vida laboral de su pareja, sus enemigos, sus referencias, sus paisajes… Absolutamente todo. Sin quererlo, Susana Díaz ha explicado el pecado capital del PSOE y el porqué este centenario partido ha dejado de ser la referencia hegemónica de los progresistas españoles.

En Andalucía es bien conocido, desgraciadamente, qué significa que Susana Díaz sólo tenga recuerdos políticos de su infancia. Sabemos cómo sobreviven empresas, ONG’s, productoras, periodistas, periódicos, asociaciones de la prensa, sindicatos de periodistas, televisiones y radios públicas o privadas, asociaciones de mujeres o de personas LGTB, cooperativas, hermandades o entidades pseudoecologistas sólo por formar parte de los recuerdos de infancia de los miembros del PSOE.

Los recuerdos llegan incluso hasta la cola de los Servicios Sociales de los ayuntamientos andaluces. Si el alcalde te recuerda, vas a lograr un trabajito de un mes limpiando las calles o arreglando las aceras de pueblos donde se supera el 40% de paro y en el que muchas criaturas tienen que acudir al alcalde a que les dé cheques de comida para ir tirando. Y cuando llegan las elecciones, un abrazo fortalece el recuerdo con el que se te avisa de lo peligroso que es que te entre amnesia el domingo de los votos. Y así se va alimentando el silencio, que es el lenguaje oficial de los pueblos andaluces, el miedo y se consigue desactivar a la sociedad para exigir derechos.

Este modelo de entender la política, fruto de no haber tenido ni aspirar a tener vida más allá de las paredes del partido-empresa, no se olvida jamás de las personas que trabajan por la causa. En la Diputación Provincial, en la Junta, en los múltiples consorcios o empresas públicas, de rango local, comarcal, provincial o autonómico, siempre hay hueco para contratar de asesores a los alcaldes o concejales, a los hijos de éstos o al delegado local del PSOE, si es que tuvieron la mala suerte de perder las últimas elecciones. Susana Díaz no olvida y controla al dedillo el territorio andaluz. Sabe cómo se llama no sólo la mujer en silla de ruedas que la saluda en el mitin, sino que habla continuamente con sus alcaldes y concejales, a los que conoce desde la infancia, con quienes creció, vivió sus primeras botellonas y los encuentros de fin de semana de Juventudes Socialistas donde fueron formados para hablar en público, a mirar a cámara, a abrir la boca para darle aire al acento andaluz, a modular el soniquete mitinero y a repetir siempre la última palabra justo en el momento en el que quieran recibir los aplausos apasionados de sus seguidores: “¡¡Vamos a estar unidos para ganar, para ganar (subiendo el volumen)!!”. Y los 9.000 militantes de IFEMA, llegados en AVE pero también en autobuses tras largas horas de viaje, tocan con los dedos el cielo socialista con lo aprendido en los contubernios de Juventudes Socialistas.

El PSOE susanista es una religión fervorosa: “Viva el Betis, Viva Susana y Viva Andalucía”, escribió hace unos días en Twitter una concejal de San Juan de Aznalfarache, el pueblo natal de Verónica Pérez, ‘la única autoridad del PSOE’ que, como su íntima amiga Susana Díaz, de su infancia sólo tiene recuerdos políticos. De concejal de Hacienda de San Juan (21.000 habitantes) con 19 años, sin formación universitaria y sin vida laboral, Verónica Pérez ahora es la secretaria provincial del PSOE de Sevilla, la más poderosa de España. Susana Díaz no olvida nunca a los suyos. Tampoco a sus enemigos de la época de secretaria provincial del PSOE de Sevilla: Nieves Hernández, Gómez de Celis, el exalcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín o Evangelina Naranjo. Susana Díaz quiere devotos, no compañeros de partido.

Paradigmática es la contratación como asesor de Hacienda de la Diputación de Sevilla de Jerónimo Guerrero, exalcalde de El Coronil, quien dejó al Ayuntamiento de este municipio sevillano con una deuda del 150% del presupuesto municipal, tal y como denunció la oposición que ahora gobierna el municipio. Guerrero, en contrapartida, es muy activo en redes sociales a favor del argumentario oficial que cada mañana recibe en el email y es uno de los enlaces que recorre los pueblos andaluces para controlar que ninguna agrupación se salga del redil.

Luego están las colaboraciones en las tertulias de la radio y televisión pública, donde no existe ni una sola colaboración que disienta de la línea oficial. Y si se disiente, siempre con un perfil bajo para no que no destaque mucho. Por ejemplo, el Consejo de Administración de la Radio y Televisión de Andalucía, ya caducado, no se renueva para no introducir a representantes de Podemos como marca la legislación. O las llamadas a Canal Sur para que los jefes de informativos tengan cuidado con el enfoque informativo que van a dar a las noticias que en San Telmo son consideradas importantes. En Canal Sur no hay censura porque no hace falta, la autocensura que se imponen los periodistas para evitar tener problemas es más útil que cualquier mordaza.

El mundo de la universidad tampoco queda al margen del control omnipotente de Susana Díaz y el PSOE en Andalucía. Dos consejeros actuales de la Junta fueron rectores de universidades andaluzas. Una de ellos, Adelaida de la Calle, lo fue de la Universidad de Málaga y como favor a la causa le abrió un expediente a Iñigo Errejón por una beca que luego la justicia ha anulado con muchas menos portadas que cuando se abrió el expediente.

No son pocos los ayuntamientos que contratan un boletín bimensual o trimestral con algunas de las cabeceras de prensa andaluzas que publican editoriales de entronización a Susana Díaz. Entre 40.000 o 50.000 euros al año, a cambio de lanzar una versión local del periódico con apariencia de información que encierra propaganda y donde se silencia infamemente a la oposición, es lo que gastan muchos ayuntamientos socialistas, aunque el ciudadano piensa que recibe la versión del periódico sin más, sin saber que es propaganda y que se está pagando con el dinero de su bolsillo. Eso sin contar la propaganda institucional y las productoras privadas que sólo le facturan a Canal Sur y que están frenando el desarrollo de la industria cultural andaluza por esta forma caciquil de delimitar el territorio y ponerle freno al talento.

De esto nada dicen las asociaciones de la prensa ni los sindicatos de periodistas, donde también hay vínculos directos con el PSOE y/o relaciones de pareja con distinguidos periodistas de la RTVA en funciones de jefatura o de relevancia. Las presiones del poder político a los medios de comunicación sólo son denunciables por los periodistas estupendos si es Podemos la diana. Nada escapa al control del PSOE de Andalucía. Y si te atreves a denunciarlo o a contarlo, el premio es que ni Susana Díaz ni su guardia pretoriana te recuerden. O al menos, que no te recuerden como Susana Díaz recuerda su infancia. No fue casualidad que en el Comité Federal del PSOE de octubre casi llegaran a las manos el ejército de Susana Díaz y el de Pedro Sánchez, no por ideas políticas, sino por si se votaba en urna o a mano alzada. Se votó a mano alzada como defendía la presidenta andaluza. Susana Díaz no olvida. Su infancia son recuerdos.

http://www.paralelo36andalucia.com/la-i ... recuerdos/

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STOP IMPUESTO DE SUCESIONES

Mensajepor Invitado » Dom 23 Abr, 2017 1:37 pm

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#STOPimpuestosucesiones

Somos un grupo de personas procedentes de distintos sectores y de diferentes puntos de Andalucía, que nos hemos unido para luchar contra la injusticia que supone la diferencia entre vivir en una comunidad autónoma o en otra, ante el pago del impuesto de sucesiones y donaciones. Queremos ser la red social que apoye a todas esas personas que de pronto se ven entre la espada y la pared, debiendo elegir por ejemplo entre renunciar a la casa de sus padres o endeudarse. Estamos aquí para aportar apoyo jurídico y también emocional, porque esta injusticia nos afecta a todos. Queremos ser esa voz social que reclame a las instituciones un tratamiento justo y no abusivo. Es nuestra esperanza, en definitiva, suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones,

LAS MENTIRAS DE LA JUNTA “NO TE DEJES MANIPULAR”

Luchar contra el Impuesto de Sucesiones y Donaciones no consiste sólo en protestar, manifestarse y gritar contra la injusticia de ese tributo. Es necesario, también, desmontar las mentiras y falsos argumentos de la Junta de Andalucía para justificar ese expolio. Es lo que pretendo hacer con este texto.

La Junta de Andalucía, ante el incuestionable drama social de miles de familias trabajadoras afectadas por el cobro de un tributo injusto y desproporcionado, que acarrea la ruina económica, impotencia y desesperación de aquellos a quienes dice representar y proteger, quiere acallar la voz del pueblo con una campaña, pagada con los fondos aportados por el contribuyente, cuyos únicos fines son frenar la justa rebelión popular con el tributo más injusto de España y ocultar una realidad que refleja vicios como el abuso de poder, la burla a los muertos, la humillación de miles de familias y el desacato a los mandatos de la Constitución.

Muchos andaluces nos sentimos sorprendidos de que la Junta no dude ni le tiemble el pulso a la hora de mantener la injusticia y enfrentarse a sus propios ciudadanos con tal de alcanzar el que siempre es su gran objetivo egoísta: mantenerse en el poder.



Sucesiones, el impuesto de los muertos. Robo a las clases trabajadoras y ahorradoras de Andalucía

Primera Mentira: “Es un impuesto para los ricos”.

Completamente falso porque lo dicen las estadísticas y porque las personas con sobrados recursos económicos tienen la capacidad, asesorados por gabinetes de especialistas, para crear sociedades instrumentales y adquirir productos financieros que eluden el impuesto, recursos que no están al alcance de las familias trabajadoras, que son las que sufren el expolio que ese impuesto conlleva. Es sobre el ahorro y esfuerzo de la clase trabajadora sobre quien recae este injusto tributo, privándola de su pasado, expoliando su presente e hipotecando su futuro.


Segunda Mentira: “En Andalucía este impuesto solo afecta al 7%”.

Esas cifras hacen referencia únicamente a las personas que pasan por “caja”, una gran parte de ellas endeudándose para pagar nuevamente por lo ya pagado y tributado. La Junta de Andalucía no cita las renuncias que se producen cuando las familias no pueden acceder a créditos, que les permitan liquidar el impuesto, prueba de ello el dato del último informe 2016 del Colegio Notarial que cifra un aumento del 420% de las renuncias en Andalucía desde el comienzo de la crisis. Más de 7.000 familias andaluzas se vieron afectadas el último año por este motivo.

Tercera Mentira: “Las renuncias lo son por deudas acumuladas del difunto”.

Por norma, las personas fallecen a edad avanzada, justo en el momento de la vida en el que ya cuentan con un capital consolidado y libre de cargas. Los casos de ciudadanos que fallecen a edad temprana y por tanto con “cargas”, son la excepción a dicha norma. Este dato se mantiene con leves oscilaciones a lo largo del tiempo, y prueba de ello es lo reflejado en el punto anterior. Antes de la crisis había un número similar de “herencias con cargas”, y es la ausencia de acceso al crédito lo que obliga a renunciar al no poder satisfacer en modo alguno el impuesto, perdiendo así todo por cuanto luchó tu familia para darte un futuro mejor.


Cuarta Mentira: “La vivienda habitual del difunto no tributa”.

La máxima bonificación requiere que el heredero viviese al menos los dos años anteriores en la vivienda del difunto. Además, el importe de dicha bonificación queda anulado si la masa hereditaria total supera los 250.000€, pues en ese caso se pagaría desde el primer euro heredado.


Quinta Mentira: “En una familia con dos hijos, estos no pagaría nada”.

Es uno de los ejemplos más expuestos por la Junta de Andalucía. En este supuesto no hablan de los valores del capital preexistente, es decir, el capital financiero e inmobiliario que el heredero ya pudiera tener previamente y que se tendrá en cuenta reduciendo las posibles bonificaciones que pudieran aplicarse, esto sin contar que la media de natalidad esta en 1,5 hijos por familia.


Sexta Mentira: “Se tributa por el valor real de los bienes inmobiliarios heredados”.

Es la mayor y más sangrante de las mentiras difundidas. La Junta de Andalucía aplica a los bienes inmuebles una fórmula resultante de aplicar al valor catastral un coeficiente multiplicador específico para cada localidad, añadiendo además para asegurarse el cobro del tributo un 3% de ajuar, dando igual que se trate de una vivienda vacía, local o campo. Esto provoca una sobre tasación de los bienes que multiplica varias veces su valor real de mercado, obligando así al pago del tributo. Lo anterior es tan prepotente y descarado que la Junta de Andalucía fue apercibida en el informe anual del defensor del pueblo andaluz, de 2015, y también del defensor del pueblo español, de 2016. Igualmente, hay sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que cuestionan el método de cálculo empleado sobre los valores catastrales, por colocar a las familias andaluzas en una completa indefensión ante el voraz injusto y desmedido afán recaudatorio de sus gobernantes.

Séptima Mentira: “El gobierno de la nación es quien debe de dar solución”.

El impuesto de sucesiones y donaciones, pese a estar siendo eliminado en toda Europa, fue revisado e implantado en España en 1987 por el gobierno socialista de Felipe González, transfiriéndose plenamente su gestión a las autonomías con el de Zapatero, en el marco de la financiación autonómica. La Ley estatal únicamente establece cómo calcular la base imponible del impuesto. Sin embargo, el cálculo de la base liquidable (coeficientes multiplicadores) y la tarifa aplicable (deducciones) depende de cada Comunidad Autónoma. Es precisamente esta facultad legislativa la que provoca las enormes diferencias entre comunidades autónomas llevando en la práctica a que un ciudadano andaluz tenga que pagar cien veces más que un madrileño, o mil veces más, en algunos casos concretos, que un residente en Canarias. La Junta de Andalucía, tras la revisión a la baja realizada por otras comunidades autónomas, es la que mantiene en la actualidad los tipos mas altos de este injusto y desproporcionado tributo, provocando con ello un manifiesto daño moral y económico en miles de familias andaluzas, llevadas al límite de la desesperación e impotencia. Bastaría un simple cambio de la norma tributaria andaluza para acabar con tanto dolor y sufrimiento innecesario.


Octava Mentira: “Devolvemos al gobierno central este impuesto”.

Esa frase, repetida hasta la saciedad, es únicamente “un brindis al sol”; además su sólo planteamiento es una afrenta a nuestro estatuto de autonomía y un reconocimiento intrínseco de la alarma social suscitada y el fracaso de su modelo de gestión. Se trata simplemente de un intento a la desesperada de echar balones fuera, aún a sabiendas que dicho planteamiento es inadmisible, pues requeriría de una renegociación del modelo de financiación autonómico con el consiguiente consenso del resto del Estado español. Un gobierno democrático y decente no debería convertir en juego político el dolor y el sufrimiento de parte de sus ciudadanos. La catadura moral que ello conlleva invita a una profunda reflexión sobre la calidad democrática y ética de nuestros gobernantes.


Novena Mentira: “Con este impuesto pagamos la sanidad y educación”.

Es una vieja y rancia variante de aquel: “con esto pagamos las pensiones”, un trasnochado y caduco recurso al miedo, propio sólo de quienes no tienen otro argumento que esgrimir. La sanidad y educación son servicios básicos obligatorios para el Estado que se prestan en el resto de las autonomías, incluso en aquellas que tienen bonificado este impuesto al 99%. En algunas de ellas, la calidad de esos servicios son muy superiores. La Junta de Andalucía no ofrece por tanto, nada que justifique la desproporcionalidad de este tributo que para más vergüenza, es una ínfima parte de la recaudación total en comparación con el gasto que intentan justificar.


Décima Mentira: “Todo esto son maniobras partidistas”.

Cuando todo lo demás falla, el victimismo es el más usado de los recursos, sólo que en esta ocasión se pone en duda la integridad de una sociedad andaluza que ha decidido decir "basta" y de una asociación sin ánimo de lucro ni color político alguno, nacida por y para defender y apoyar a los afectados, dando a conocer una aplastante realidad largo tiempo e intencionadamente ocultada, aprovechándose para ello del drama, indefensión y sensación de aislamiento que hasta ahora provocaba en quienes lo padecían. Durante demasiado tiempo se estuvo vertiendo pólvora sobre el camino y bastó la chispa de unos pocos indignados ante el abuso para que la realidad de un drama injustificable, auspiciado por la codicia del poder, prendiera con fuerza en el corazón de la sociedad andaluza.


STOP IMPUESTO SUCESIONES

Jamás tomará por bandera otra causa que la justicia social. Nunca consentiremos que nos manipulen en función de intereses partidistas, ni toleraremos nos identifiquen con ellos. Nunca nos cansaremos de llamar una y otra vez a las puertas de quienes son responsables de este drama y en su mano tienen acabar con toda esta injusticia. Lo haremos con todas nuestras fuerzas y energías y cuando nos sangren los nudillos de una mano emplearemos la otra y si ésta también se destroza en el intento, otros vendrán a relevarnos. No cejaremos en nuestro empeño por más que una maquinaria de poder bien engrasada quiera impedírnoslo. Al final del camino abriremos la puerta a la justicia acabando con tanto sufrimiento o esta será derribada a fuerza de tanto llamar sin respuesta.

Dos peticiones concretas a los políticos andaluces: la primera es obligada y consiste en que bonifiquen al máximo ese impuesto y terminen con el suplicio y la injusticia que están generando; la segunda es que desciendan del pedestal y se acerquen al pueblo, que conozcan los casos de injusticia y sufrimiento que ellos están provocando y que dialoguen con las víctimas, como hacemos nosotros cada día. Es seguro que, si lo hacen, ese impuesto brutal dejara pronto de existir.

Que nadie se confunda. Nacimos con un único objetivo y cuando se logre nos marcharemos con la misma entereza y serenidad de nuestros comienzos, sin otro bagaje que la satisfacción de quien alcanza una justa meta, acompañados por la amistad de quienes la hicieron posible.

https://stopimpuestosucesiones.org/
https://twitter.com/impuestosucesio
https://www.youtube.com/channel/UC9bBDB ... r8Q/videos


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LA TELA DE ARAÑA DE LA CORRUPCION DEL PSOE EN ANDALUCIA

Mensajepor Invitado » Lun 01 May, 2017 11:42 pm

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:shock: :shock: :shock:
cuando abc te saca en portada ....... flaco favor le hace ajajajajajajaajaajaj (donde se quedaron los eres ????? ......)

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Impuesto de Sucesiones: LADRONES

Mensajepor Invitado » Mié 17 May, 2017 12:22 am



Granada también se rebela contra el Impuesto de Sucesiones: "¡Ladrones!"

La plataforma STOP Impuesto Sucesiones señala que el tributo sobre las herencias es una forma de "bandolerismo institucional".

Unas 1.500 personas, según la Policía Local, participaron el pasado domingo en una manifestación en Granada a favor de la supresión del Impuesto de Sucesiones y para exigir a la Junta de Andalucía la bonificación al máximo de esta tasa, al considerar que está "arruinando" a "miles" de familias andaluzas.

En declaraciones a Efe, el presidente de la Asociación STOP Impuesto Sucesiones, Juan Carlos Valverde, calificó de éxito la protesta, que discurrió sin incidentes desde la Plaza del Carmen de Granada hasta la Delegación de Economía y Hacienda, en donde los organizadores leyeron un manifiesto. La cita estaba convocada contra lo que consideran es una "injusticia" para los herederos en la comunidad autónoma y porque esta ley, aseguraron, está dejando en la "más absoluta ruina" a "miles" de familias de la comunidad.

Valverde recalcó que se trata de un impuesto mediante el que se aplica un "bandolerismo institucional" a los andaluces, por lo que aseguró que "no hay derecho" a que "se expolie" de esta forma. Del mismo modo, censuró que la Junta de Andalucía utilice, entre sus "falsos" argumentos, que esta ley existe para poder pagar la sanidad y la educación, materias en las que Andalucía está "a la cola" de España.

El portavoz de los afectados, llegados desde diversos puntos de Andalucía para participar en la marcha, incidió en que "no hay derecho" a que la Administración autonómica esté "metiendo la mano en el bolsillo del difunto" y a sus herederos los deje "completamente hipotecados" pese a que se trata de algo que es "suyo legítimamente".


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La manifestación también sirvió para rechazar la "disparidad" de criterios que sobre este asunto existe en el resto del país, al tiempo que rechazó los datos que ofrece la Junta de Andalucía, que cifra en un 7% a los afectados por este impuesto. "Este dato no es real, porque son las personas que han podido liquidar el impuesto", afirmó Valverde, que recordó que la asociación cuenta con letrados gratuitos para poder ayudar y asesorar a todos aquellos ciudadanos que se vean inmersos en este problema, dado que una vez que se genera el impuesto "la mordida es tan fuerte" que no se puede hacer "absolutamente nada".

Los afectados también criticaron la campaña desarrollada por la Junta de Andalucía pagada con los "impuestos de todos", con la única finalidad de desprestigiarles pese a que "no lo han conseguido". Esta plataforma anunció que, después de trasladar su problema hasta el Defensor del Pueblo Andaluz y al Parlamento regional, ahora pretenden llevarlo hasta el Congreso con la finalidad de que el Gobierno central pueda intervenir para derogar la ley junto a las plataformas asturiana y extremeña. Cumplidos estos pasos, que incluye el Defensor del Pueblo nacional, Valverde anticipó que otro de los objetivos pasa también por presentar la situación ante los organismos europeos en Bruselas.

https://stopimpuestosucesiones.org/
https://www.facebook.com/StopImpuestoSucesiones/
https://twitter.com/impuestosucesio




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