LA TELA DE ARAÑA DE LA CORRUPCION DEL PSOE EN ANDALUCIA

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LA TELA DE ARAÑA DE LA CORRUPCION DEL PSOE EN ANDALUCIA

Mensajepor Invitado » Jue 22 Jun, 2017 12:51 am



Queda archivado el caso de los cursos de formación de la Junta de Andalucía

La Guardia Civil sacaba cajas y documentación de la sede de UGT de Sevilla, de centros de formación, de empresas, de sedes de otros sindicatos y de fundaciones. Era parte de la investigación que dirigía la juez Alaya, que investigaba el supuesto fraude de los cursos de formación de la Junta de Andalucía. Pero lo que empezó en 2013: más de 17 empresas implicadas, 200 personas investigadas, 24 exdirigentes de la Junta de Andalucía acusados y un supuesto fraude que ascendía a más de 2.000 millones de euros, ha terminado en nada. La juez María Núñez, que sustituyó a la juez Alaya, ha decidido archivar el caso por segunda vez. Un cierre de sumario durísimo en el que acusa a su antecesora de haber elaborado "teorías sobre la conspiración y tramas delictivas".

Absueltos los diez acusados por el caso Mercasevilla

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lajuezalaya

la jueza al servicio del PP

Mensajepor lajuezalaya » Vie 07 Jul, 2017 11:50 pm

la juez puesta a dedo para alargar los casos y poder ensuciar al psoe ya nadie habla de los casos y bien que jodieron hasta hace nada con mentiras ?

POLÉMICA ESTRELLA MEDIÁTICA DE LA JUDICATURA
Corrupción: así se desmoronan los grandes casos judiciales investigados por Alaya

Los ERE, los cursos de formación, el Betis… y ahora Mercasevilla: la instrucción que impulsó la juez sevillana acaba en desimputaciones, absoluciones y procesos que se eternizan


Mercedes Alaya abría causas y más causas. Casos que se convertían en macrocausas. Procesos que acababan en macroinstrucciones. Gran parte de los escándalos de corrupción instruidos por la juez sevillana en Andalucía se han caído como los cursos de formación, han acabado con todos absueltos (Mercasevilla) o están pendientes, en una instrucción eterna (como los ERE) o pendientes de solución (caso Real Betis). Episodios indispensables de la crónica de la Andalucía corrupta.
Carlos Leal, abogado imputado en los ERE, califica como “desastre” la instrucción de Alaya en el proceso. “No conoce la ley ni la normativa. Y eso es muy grave”, apunta Leal, que se refiere a cómo la magistrada sevillana desconocía el Real Decreto 1035/1984, de 9 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la comunidad autónoma de Andalucía en materia de ERE. Hasta ahora, según el escrito que adelantó El Confidencial, ni la jueza Mercedes Alaya ni su sustituta (María Ángeles Núñez Bolaños), ni la Fiscalía Anticorrupción, la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil y tampoco la Junta de Andalucía habían informado de la existencia de este real decreto, que sigue vigente.

La sentencia de Mercasevilla, otro gran fracaso de la juez Mercedes Alaya
AGUSTÍN RIVERA. MÁLAGA
La magistrada, ex titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, envió al banquillo a los hoy absueltos en esta trama, que fue el origen del caso ERE.
La Orden del 5 abril de 1995 del Ministerio de Trabajo incluía un apartado que no aparecía en la normativa de 1994: las ayudas a la reestructuración de empresas. La Intervención General del Estado no presentó ninguna objeción al pago de estas prejubilaciones. La Junta de Andalucía admitió la legalidad de las ayudas sociolaborales y afirma que no existe perjuicio al erario público.
Seis años y medio de instrucción
Tras seis años y medio de instrucción, en el caso de los ERE sí se ha abierto apertura de juicio oral contra los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, pero la macrocausa no termina de aclararse. La juez Núñez Bolaños decidió trocear el proceso para facilitar y agilizar el enjuiciamiento. La división en 86 piezas distintas no ha hecho sino ralentizarlo todo. Cada sala de los penal va a tener que celebrar 28 o 29 juicios distintos. Aún no hay fecha en este "caos y desconcierto judicial", como escribió Javier Caraballo.
La descoordinación entre la Policía y la Guardia Civil en el caso de los cursos de formación fue clave para el fracaso judicial de la causa
En la investigación de los cursos de formación destinados a los parados andaluces entre 2002 y 2012 la juez Alaya, siempre respaldada en su investigación por la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil entró en el asunto tras las pesquisas de la UDEF (Policía Nacional) con la ‘Operación Edu’. Los interventores de la Junta llegaron a declarar ante la Guardia Civil, aportando datos, que se acumularon casi 3.000 millones en subvenciones sin controlar ni supervisar. Finalmente, esa cifra fue rebajada a 980 millones pendientes de justificación.
Fuentes de la UDEF lamentan en declaraciones a este diario que la “intromisión” de Alaya siguiendo idéntico ‘modus operandi’ que en los ERE “montó una causa general” que perjudicó el proceso. Una comisión parlamentaria, que como la de las prejubilaciones falsas se cerró en falso, declaró que Chaves y Griñán no eran culpables. La Junta no vio fraude, aunque reclamó la devolución de 143 millones de euros de estas subvenciones por irregularidades. ¿Consecuencia? Una instrucción desordenada, descoordinación entre la UCO y la UDEF, delitos penales convertidos en sanciones administrativas y una causa zanjada con un sonoro carpetazo por Núñez Bolaños en octubre de 2016 cuando la instructora consideró que la pieza política de los cursos (con 24 ex altos cargos del PSOE acusados) no revestía “el carácter de delito" de malversación ni de prevaricación los hechos investigados sobre las "presuntas irregularidades".

El caso del Real Betis Balompié también lo convirtió la juez Alaya en una cruzada procesal. Cuando se hizo famoso por su instrucción en los ERE, ya llevaba investigando el caso (desde 2008). En julio de 2010 impidió que Lopera vendiera el club a un supuesto testaferro. La Audiencia de Sevilla celebra desde el 18 de abril y hasta finales de octubre el juicio contra el expresidente del Betis Manuel Ruiz de Lopera. La Fiscalía que aprecia “una circunstancia atenuante de dilaciones indebidas”, achacable a la magistrada sevillana, solicita tres años de prisión por un delito de apropiación indebida durante su gestión en el club. Hasta el último momento se intentó llegar a un acuerdo entre las partes. “No lo hubo, pero no se descarta. Fue desproporcionado lo que hizo la jueza”, aseguran a El Confidencial fuentes jurídicas próximas al caso.
Ya hubo una condena en Mercasevilla
A la sentencia absolutoria de ayer del caso Mercasevilla se une la primera rama de este asunto, que también fue instruida por Alaya y recibió condena del Tribunal Supremo en noviembre de 2014 para el exdirector general de la lonja pública, Fernando Mellet, y su vicedirector, Daniel Ponce. A ambos se les puso una multa de 600.000 euros de multa por un delito de cohecho por su intento de soborno a los empresarios del Grupo La Raza solicitándoles una mordida de 450.000 euros si se les concedía la gestión de una Escuela de Hostelería en el mercado subvencionada por la Junta de Andalucía. El delegado provincial de Empleo de la Junta en 2009, el socialista Antonio Rivas, quedó absuelto.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ofreció seis razones para apartar a la juez Alaya del caso de los ERE
La juez Alaya también instruyó el caso Madeja, que empezó en Andalucía y acabó con ramificaciones en media docena de comunidades autónomas. En 2015 elevó la causa a la Audiencia Nacional tras imputar a 88 personas (40 funcionarios) por el supuesto cobro de 4,3 millones de euros a cambio de la adjudicación de contratos públicos. La jueza acusó a la empresa sevillana Fitonovo de presuntamente repartirse sobornos durante ocho años, de ser el centro de una "organización criminal jerarquizada". La Audiencia Nacional aún sigue con la investigación.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ofreció seis razones para apartar a la juez Alaya del caso de los ERE, aunque también admitió que la juez debería haber seguido en el puesto de titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. “Lo deseable que hubiera sido la continuidad y aprovechamiento de los conocimientos de la misma. Sin embargo, dicha magistrada ha exteriorizado tanto su discrepancia con los términos de la comisión de servicio acordada por esta Sala, como su falta de voluntad de colaboración y entendimiento con la actual titular, cuestionando su idoneidad e independencia”, dijo la Sala de Gobierno del TSJA en 2015. El Consejo General del Poder Judicial adoptó la tesis del Alto Tribunal andaluz y Alaya perdió el caso.
La "juez de porcelana" es odiada y querida con una intensidad sólo comparable al abogado (y ex juez) Baltasar Garzón
El Confidencial publicó en marzo de 2013 cómo el calendario electoral de Alaya con imputaciones, detenciones y entradas en prisión beneficiaba el calendario electoral del PP-A. Alaya lo negó y dijo que ella no interfería en las elecciones. En esa época el presidente de los 'populares' andaluces tras la retirada de Javier Arenas era Juan Antonio Zoido, que compagina la dirección del partido en Andalucía con la Alcaldía de Sevilla. Zoido fue acusado de haber mantenido una relación fluida con Alaya. El actual ministro del Interior también lo desmintió.
Los cincos meses que Alaya estuvo de baja por enfermedad tampoco ayudaron a agilizar los procesos que había abierto. Una instrucción llena de claroscuros la de esta magistrada poco amiga de trabajar en equipo; la juez de porcelana odiada y querida con una intensidad sólo comparable al abogado (y ex juez) Baltasar Garzón, le abrieron hasta un club de fans (51.000 personas en el grupo de Facebook en homenaje a ella). Y ahora ve cómo su legado se desmorona.

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EL IMPUESTO DE SUCESIONES

Mensajepor Invitado » Dom 30 Jul, 2017 12:25 am



Susana Díaz, se ríe en el parlamento Andaluz de los Ciudadanos afectados por el impuesto de Sucesiones

Esto ocurrió el 19/07/2017 en la Votación para bonificar la Ley sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Un insulto en la cara de todos los ciudadanos Andaluces, se ríe de sus desgracias, se ríe de la clase obrera y ahorradora!

Todo un insulto a la inteligencia, propio de un régimen Fascista, Susana Díaz esta mas cerca del un régimen dictatorial Comunista y Totalitario.

Movimiento Social, sin colores políticos, por la supresión del impuesto de Sucesiones y Donaciones en Andalucia. ¡Es tu herencia, lucha por ella!

La dura realidad que nos quieren ocultar sale. Por que la verdad no se puede mantener en secreto durante mucho tiempo.

El Injusto impuesto de Sucesiones que saquea a la clase trabajadora y ahorradora.

www.stopimpuestosucesiones.org
#StopImpuestoSucesiones
Facebook: https://www.facebook.com/StopImpuestoSucesiones
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Twitter: @impuestosucesio
Youtube: https://www.youtube.com/c/StopImpuestoSucesiones

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Mensajepor Invitado » Mié 02 Ago, 2017 1:51 am



Destituido el cónsul de Washington por burlarse de Susana Díaz

El cónsul publicó ayer en su cuenta de Facebook un comentario en el que parodiaba el acento de la presidenta andaluza.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha cesado al cónsul de España en Washington, Enrique Sardà Valls, después de conocerse un comentario suyo en una red social en el que ridiculizaba a la presidenta andaluza, Susana Díaz, y el acento de los andaluces.


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Assia
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Re: LA TELA DE ARAÑA DE LA CORRUPCION DEL PSOE EN ANDALUCIA

Mensajepor Assia » Mié 02 Ago, 2017 12:01 pm

Perdon Invitado, yo acabo de colocar esta noticia en el TEMA: ACTUALIDAD ESPANOLA..?
Saludos,
Assia

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Mensajepor Invitado » Vie 20 Oct, 2017 10:37 pm

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Andalucía lidera la pobreza en Europa a pesar de discursos triunfalistas

El informe de la EAPN refleja la pobreza que existe en Andalucía a pesar de los datos macroeconómicos que exhiben Susana Díaz y Mariano Rajoy

El demoledor informe de la EAPN, la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, indica que la tasa de pobreza en Andalucía la colocan en la segunda región más deprimida de España y de la Unión Europea, solo detrás de Canarias y junto a regiones rumanas.

En Andalucía, a pesar de los discursos triunfalistas de la presidenta de la Junta Susana Díaz, criticados por la oposición, y del presidente del Gobierno Mariano Rajoy, viven en riesgo de pobreza y de exclusión social 3,5 millones de andaluces, el 41,7% de la población, a 13,8 puntos de la media nacional.

La EAPN se basa en sus informes en datos oficiales así como en el indicador europeo Arope que analiza las condiciones de vida de las familias.

El informe señala:

  • El 78% de los andaluces llega con dificultad a final de mes y el 25% lo hace con muchas dificultades.
  • En Andalucía abundan los ingresos que apenas llegan a 8.000 euros anuales, situados el umbral de la pobreza, y los andaluces en situación de pobreza extrema, aquellos que apenas ingresan 4.000 euros al año, un 9,9% de la población.
  • Cada año, 160.000 andaluces emigran a otras comunidades españolas o a otros países de la Unión Europea.
  • Casi un millón de andaluces han caído en los últimos 9 años en riesgo de exclusión social, como le ocurre al 33% de los menores de 16 años.

En su informe, la EAPN en Andalucía denuncia a su vez el aumento de la desigualdad social, de las ejecuciones hipotecarias, la grave depreciación de los salarios o las dificultades para controlar el alto grado de fracaso escolar en Andalucía.

Por otra parte, Jesús Maeztu, el Defensor del Pueblo Andaluz, ha exigido al Gobierno de Susana Díaz que solucione “con la máxima urgencia” la convocatoria de ayudas al alquiler de 2016 ya que aún hay pendientes de cobro 13.798 familias andaluzas.

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Mensajepor Invitado » Lun 13 Nov, 2017 5:29 pm

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23.899 personas componen la Administración Paralela de la Junta de Andalucía

Este año nos hemos enterado, al fin, de los números exactos que componen la llamada administración paralela de la Junta de Andalucía. Y nos hemos enterado por primera vez en el Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2018, donde en el apartado Informe de Evaluación de Impacto de Género en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el epígrafe sobre el análisis del personal en las agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles del sector público y entidades asimiladas nos indica que el conjunto de entidades instrumentales cuenta con una plantilla de 23.899 personas.

Hasta la fecha sólo teníamos constancia por la Cámara de Cuentas que en 2008 cifró en 26.000 las personas contratadas en empresas públicas y Fundaciones de la Junta, ajenas al Derecho Administrativo y, como aseveran muchos de los informes del órgano de Control, dotada de un personal seleccionado sin convocatorias públicas en general y sin necesidad de demostración de mérito y capacidad. Es decir, sin seguir el procedimiento obligado a todo ciudadano para entrar a formar parte de la administración general andaluza.

Desde 1997 hasta 2016, la Cámara ha fiscalizado con diferentes intensidades a entidades de esta administración paralela con un resultado común, detectando irregularidades en la contratación del personal. En este artículo vamos a analizar lo que ha venido diciendo la Cámara de Cuentas sobre algunos de estos entes instrumentales que conforman lo que se conoce como la Administración Paralela de la Junta de Andalucía.

DAPSA
EPSA y AVRA
AMAYA
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
Fundación Andaluza de Servicios Sociales
FISEVI
Fundación Andalucía Emprende
Agencia Andaluza de Promoción Exterior
ETC

http://www.eldemocrataliberal.com/2017/ ... en-la.html

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Mensajepor Invitado » Mar 21 Nov, 2017 6:57 pm

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La UE señala a Andalucía como la autonomía más corrupta de España

El Índice de Competitividad Regional de la UE sitúa a Andalucía y La Rioja como las CCAA con mayor y menor corrupción del país

Los EREs, Madeja, Malaya, Astapa, Formación, Bahía Competitiva…, son solo algunos de los grandes caso de corrupción que salpican la geografía andaluza, a los que hay que unir otros a niveles más provinciales o locales, que convierten a la comunidad, según la Unión Europea, en la región de España con mayor incidencia de la corrupción.

Este dato se desprende del Índice de Competitividad Regional, un estudio que cada tres años realiza la Comisión Europea, y que evalúa tres grandes categorías que determinan el dinamismo económico ay la calidad institucional de las regiones de los 28 estados miembros de la Unión Europea.

El diario El Mundo, cifraba hace dos años en más de 1.000 imputados y 6.000 millones supuestamente defraudados en toda la comunidad, con una acumulación de casos que afectaba a PSOE a nivel sobre todo regional, y a PP e IU, a niveles más locales.

El informe incluye varios índices, aunque tal vez el de mayor interés hay sido el del nivel de corrupción, donde la comunidad que preside la aspirante a dirigir al PSOE nacional, es la que se lleva la peor nota. El indicador dedicado a la corrupción evalúa su incidencia en el ámbito de los servicios públicos y combina datos de dos proyectos de investigación: Quality of Government, un informe elaborado por la Universidad de Gotemburgo, y Worldwide Governance Indicators, una iniciativa ligada al Banco Mundial.



Según los datos del informe, la comunidad autónoma con menos corrupción es La Rioja, que recibe una nota de 0,13 y, por tanto, se sitúa por encima del promedio comunitario. El top cinco lo completan Cantabria, Extremadura, Murcia y País Vasco, seguidas de cerca por Madrid, Navarra, Castilla y León y Asturias. En el extremo opuesto nos topamos con las comunidades en las que la incidencia de la corrupción es más grande. La peor nota se la lleva Andalucía, seguida de Galicia, Canarias, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. También destaca para mal la calificación que reciben Cataluña, Baleares y Asturias.

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Mensajepor Invitado » Mié 13 Dic, 2017 7:55 pm



Caso ERE: arranca el juicio a Chaves, Griñán y 20 altos cargos

Este miércoles comienza el juicio por corrupción más relevante para el PSOE desde el caso Juan Guerra.


Este miércoles, siete años después del comienzo de la instrucción por la juez Mercedes Alaya, la Audiencia Provincial de Sevilla, vía el tribunal designado, tendrá que comenzar a decidir si hubo o no delitos en el comportamiento de 22 acusados entre los que se encuentran dos expresidentes de la Junta, siendo los demás altísimos cargos. Para ello tendrá que examinar más de un millón de folios en casi 400 tomos de sumario o, en soporte informático, 8.500 archivos.

Hace ahora 25 años del primer juicio a Juan Guerra, que tuvo como consecuencia previa la dimisión de su hermano, el todopoderoso hasta entonces vicepresidente del gobierno y vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, en 1991. Aunque aquel juicio tuvo una resonancia popular y política extraordinaria, sus asuntos penales fueron de mucha menor relevancia y cuantía que el actual. Juan Guerra había ocupado irregularmente un despacho en la Delegación del Gobierno de Sevilla y se le acusaba de casos puntuales de tráfico de influencia, que entonces no era delito, de una dimensión más que moderada y de fraude fiscal.

El caso Juan Guerra, que se veía venir, estalló el día después de los Reyes Magos de 1990 cuando el alcalde socialista de Barbate Serafín Núñez reconoció la participación del "hermanísimo" en la operación urbanística Puerto de la Plata en su término municipal. Antes hubo otros casos de corrupción vinculados al PSOE, pero ninguno tuvo el alcance político y social del caso Guerra, especialmente, por la envergadura de "dales caña" Alfonso Guerra.

Poco después, ese mismo año, Manuel Chaves llegaba a la presidencia de la Junta de Andalucía donde se ha mantenido hasta 2008, siendo sucedido por José Antonio Griñán hasta 2003. Esto es, son 23 los años que abarca la gestión que ambos han hecho del dinero y de las formas políticas andaluzas, desde la hegemonía socialista obtenida en 1982 y jamás abandonada hasta el momento.

Como en el caso Guerra, en que el juez instructor Ángel Márquez fue objeto de todo tipo de ataques e incluso de intentos de soborno por parte del PSOE a nivel nacional, la juez Alaya ha sido objeto de constantes ataques por haber sido implacable en llegar hasta la "cúspide de la pirámide" de este gran caso de corrupción de la historia reciente de España y Andalucía.

Algunos elementos llamativos del proceso es que ha afectado con imputación precisa a alrededor de 300 personas; que trata de dirimir el destino de más de 854 millones de euros si se tiene en cuenta el tiempo transcurrido (741 millones en origen); que decide si los dineros públicos empleado en ayudas sociolaborales fue fraudulenta y clientelar (el que la Junta haya reclamado como irregulares 135 millones da una idea de que los indicios eran sólidos) y si todo el entramado fue un diseño político establecido desde la cúpula de la Junta para apuntalar su sistema clientelar desde el año 2000 hasta el 2010.

En resumen, determinadas empresas y colectivos de trabajadores, con participación de UGT y CCOO, obtenían arbitrariamente ayudas bajo la forma de subvenciones o articulación de EREs que eran financiados anómalamente por la Junta de Andalucía sin atender a consideraciones legales ni de mercado.

El dinero destinado a tal menester se cargaba, sobre todo, a la partida presupuestaria 31L, conocida como "fondo de reptiles" desde donde llegaba a la Agencia IDEA, antes IFA, bajo el ropaje de las conocidas como "transferencias de financiación", un mecanismo sólo permitido para equilibrar cuentas públicas, no para albergar subvenciones encubiertas.

El caso es que el procedimiento, irregular según el Interventor General de la Junta de Andalucía y otros expertos, se mantuvo a pesar de las advertencias con la excusa de "agilizar" los procedimientos administrativos que retrasaban las ayudas consideradas urgentes. Además, se perpetró un indiscriminado incremento de las comisiones para intermediarios de las aseguradoras intervinientes en el pago de las prejubilaciones decididas por la Junta de Andalucía.

Según la Fiscalía, nadie puso coto ni freno a estas prácticas irregulares y arbitrarias para conceder subvenciones y financiación a según qué empresas y colectivos de trabajadores dejando a otros con el mismo derecho sin cobertura y ninguno de los altos cargos eliminó durante diez años el procedimiento de las "transferencias de financiación" cuyo uso había sido denunciado por la Intervención General.

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José Antonio Griñán, que además de expresidente de la Junta fue el consejero de Economía y Hacienda que debió haber cortado de raíz las irregularidades, se lleva la peor parte, con una petición de penas de seis años de cárcel por malversación de caudales públicos. Manuel Chaves sólo afronta penas de inhabilitación para ejercicio de cargo público como consecuencia de un delito de prevaricación. Los demás combinan ambas penas, cárcel y/o inhabilitación siendo el más grave el del ex delegado del gobierno y exconsejero, José Antonio Viera, al que se le piden ocho años de cárcel.

La sala del juicio alojará durante casi un año, si no hay retrasos, a los 22 acusados, a 116 testigos, de ellos 59 de las defensas, y el resto de la acusación que ejercen la Fiscalía, el PP y Manos Limpias. Entre ellos, se conoce ya que habrá tres expresidentes del Parlamento andaluz y algunos miembros de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Además, desfilarán numerosos peritos para aclarar las cuestiones técnicas.

Se trata de esclarecer si hubo una trama política que decidió actuar irregularmente a sabiendas, que tal trama funcionaba jerárquicamente y sin atender a legislación alguna y si los procedimientos utilizados eran incompatibles con la legalidad vigente. No hubo enriquecimientos personales en las altas instancias, que se conozcan, pero sí importantes réditos políticos.

Que eso fue lo que ocurrió es la tesis que defendió la juez Alaya, la tesis que asumió la Fiscalía Anticorrupción, la misma que aceptó el Tribunal Supremo y la que se plasmó finalmente en el auto del juez de instrucción Álvaro Martín, que dio comienzo a este juicio oral.

Frente a esta tesis, derivada sobre todo del peritaje de la Intervención General del Estado y de la homónima de la Junta de Andalucía y de la declaración del ex director general Francisco Javier Guerrero, está la posición de los acusados de que las irregularidades eran cosa de "tres o cuatro golfos", el mencionado Guerrero entre ellos.

Según esta versión, en todo momento se tuvo en cuenta la legalidad vigente nacional y las transferencias de financiación eran el instrumento legal adecuado para conceder las ayudas. Las comisiones a las aseguradoras eran totalmente legales y ajustadas al mercado. Por tanto, las ilegalidades se produjeron más abajo, en los dominios de los chivos expiatorios perfectos, los consejeros de Trabajo y los directores generales de Trabajo de la Junta de Andalucía.

La Junta de Andalucía, que estuvo personada como acusación particular durante toda la instrucción, ha solicitado el archivo de la causa. Con ello, acepta la tesis de las defensas de que no hay trama política alguna en esta tela de araña de irregularidades. En ayuda de esta versión, está la decisión de la juez Núñez Bolaños archivando la pieza de la trama política del caso de la formación.

Las primeras sesiones del juicio, este 13 de diciembre, mañana y pasado mañana, estarán destinadas a la presentación de las cuestiones previas, que podría incluir alguna petición de nulidad total del juicio. Ya después del Reyes, el día 9 de enero se reanudarán las sesiones con la declaración de los 2 acusados sin que se sepa aún quiénes serán lo primeros. Sólo se sabe que los últimos serán Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Desde el 9 de enero, habrá cuatro sesiones a la semana durante un tiempo no inferior a seis meses, por lo que la sentencia no se producirá previsiblemente antes de octubre de 2018.

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Mensajepor Invitado » Lun 12 Feb, 2018 3:57 pm


CASO ERE ¿QUIÉN TIENE LA CULPA? Los Morancos (Parodia).

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Mensajepor Invitado » Mar 20 Feb, 2018 4:47 pm



La Junta de Susana Díaz no sabe en qué se han gastado 2.324 millones

Más de 710 millones corresponden al programa de formación para el empleo, en su mayoría ayudas que están financiadas con fondos europeos. La empresa de la hermana de Mario Jiménez, que recibió 19 millones, está exonerada por la Junta

El fraude detectado en abril de 2014 en las subvenciones para cursos de formación sigue pesando como una losa en las cuentas de la Administración autonómica. La prueba es que la propia Junta de Andalucía admite en su cuenta general de 2016, consultada por ABC, que todavía tiene 2.324,26 millones de euros pendientes de justificar a pesar de que ya había caducado el plazo legal para hacerlo. La altísima cifra de fondos sin justificar se arrastra desde 1987 hasta el 31 de diciembre de 2016, es decir, de casi 30 años anteriores. En la mayoría de los casos, se trata de subvenciones que se anticiparon a diversas entidades pero, en unos casos, éstas no presentaron las facturas para acreditar el gasto realizado y el dinero no ha sido devuelto, mientras que en otras ocasiones la responsabilidad es de la Junta, que repartió durante años más dinero público del que era capaz de controlar. Tales ayudas estaban cofinanciadas con el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), cuya finalidad es ayudar al desarrollo económico de las regiones deprimidas de la Unión Europea.

Como consecuencia de la falta de comprobación de los expedientes se generó un atasco burocrático que obligó al Gobierno andaluz a paralizar durante cinco años los cursos de formación en una de las autonomías con más paro de España.

Con todo, la Memoria de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma destaca, como dato positivo, que en un año se ha recortado en mil millones de euros el dinero pendiente de justificar, dado que esta cuantía ascendía a 3.385,8 millones en 2015.

Sin embargo, el agujero sigue siendo profundo. De los 2.204,6 millones de euros que sumaban los libramientos [nombre técnico de estos gastos] que no se justificaron en el plazo legal hasta el 31 de diciembre de 2016, casi la mitad (48,92 por ciento) pertenecen a abonos realizados por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. El resto, hasta completar el importe total de 2.324,26 millones de euros, corresponde al dinero gastado sin justificar por las agencias e institutos autonómicos.

Atasco de la formación

La Consejería de Empleo acumula desde hace años e incluso décadas gastos pendientes de justificar que suman 987,28 millones de euros. De esta cuantía, 710 millones son pagos realizados desde 2007 hasta 2014 que se han endosado al programa presupuestario 32D, con el que se abonaban las subvenciones de Formación para el Empleo.

La «bola» de los fondos sin justificar apenas ha menguado casi cuatro años después de que la juez Mercedes Alaya empezara a investigar la concesión de los fondos de la formación para desempleados. En un auto de abril de 2014, la entonces instructora del caso —que luego heredó y archivó la juez María Núñez Bolaños— acusó al Gobierno autonómico de otorgar 950 millones en subvenciones para cursos entre 2008 y 2011 que permanecían «sin justificar» en octubre de 2013, según reveló un atestado de la Guardia Civil.

Para desatascar la formación profesional, el actual consejero de Empleo, Javier Carnero, ha vuelto a recurrir a una figura que Alaya cuestionó: las llamadas «exceptuaciones» o «exoneraciones» masivas. La excepción legal acabó convirtiéndose en la regla en la Junta porque los funcionarios no daba abasto para revisar las ayudas y resolver los expedientes.

Como el problema persiste, el actual Gobierno de Susana Díaz ha utilizado de nuevo esta figura para permitir que ayuntamientos y entes municipales puedan volver a cobrar subvenciones para cursos de formación profesional para el empleo aunque no hayan justificado ayudas anteriores.

El gráfico que muestra la evolución de los pagos pendientes de justificar en la Junta de Andalucía muestra un gran salto cuantitativo a partir del ejercicio de 2007. Hasta entonces estos gastos estaban bajo control e incluso habían decrecido año a año desde 1987. La cuenta general de 2006 contabilizó 7,93 millones de euros en pagos pendientes de comprobar. Un año después, se desbocó hasta los 109,65 millones. En 2008 llegó a 239,56 millones, pero el récord de fondos sin justificar se batió en 2012, cuando ascendieron a 296,86 millones de euros.

¿Qué sucedió a partir de 2007 para que se produjera este crecimiento exponencial? Andalucía empezó a recibir dinero a espuertas de la Unión Europea. El Programa Operativo del Fondo Social Europeo para el período 2007-2013 asignó a esta comunidad autónoma un total de 1.599 millones de euros, el 37,2% del total de los fondos que desde Bruselas llegaron a España. Europa inyectó cantidades multimillonarias en las políticas activas de empleo activas de empleo de la región «Objetivo 1», porque su renta era inferior al 75% de la media europea.

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I+D andalú

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Mensajepor I+D andalú » Mié 14 Mar, 2018 5:27 pm



Medio centenar de obreros para arreglar una acera en Granada

Un sorprendente vídeo subido a Twitter muestra hasta 52 obreros 'trabajando' en una acera de unos 200 metros, un número de trabajadores que parece desmesurado para acometer dicha obra en Granada.

https://tv.libertaddigital.com/videos/2 ... 64294.html

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Mensajepor Invitado » Mié 02 May, 2018 8:27 pm

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‘Las ayudas de los ERE se daban por vecindad, amistad o afinidad política’

Un sargento de la UCO de la Guardia Civil, que instruyó varios atestados sobre la concentración de ayudas de la Junta con cargo al fondo de los ERE a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, ha declarado hoy que estas ayudas “eran opacas” y “se daban por vecindad, amistad o afinidad política”.


El agente ha testificado en la pieza política del caso ERE contra 22 exaltos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un “procedimiento específico” con el que entre 2001 y 2010 el Gobierno andaluz repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, según la Fiscalía, de forma arbitraria y eludiendo los controles administrativos.

En su caso investigó concretamente las ayudas sociolaborales para la prejubilación de trabajadores del restaurante Riogrande de Sevilla y la concentración de ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, especialmente a sociedades de los exediles del PSOE en El Pedroso José Enrique Rosendo -ya fallecido- y José María Sayago, que llegaron a recibir ayudas por 34 millones.

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A preguntas del fiscal, el sargento ha señalado que entre enero de 2003 y abril de 2004 “hay un crecimiento exponencial” de ayudas a empresas de esta comarca que “coincide con la etapa en la que José Antonio Viera -exconsejero de Empleo juzgado en esta causa- es presidente del IFA”, el ente público a través del que se pagaban las ayudas que concedía la Consejería de Empleo con fondos que ésta le hacía llegar mediante transferencias de financiación, según la Fiscalía, para eludir la fiscalización previa.

El investigador ha relatado que en una misma sesión del Consejo Rector del IFA, presidido por Viera, se llegaron a aprobar cinco ayudas para empresas de Rosendo y Sayago por un total de seis millones de euros, empresas que la investigación constató que estaban “vacías de contenido, no tienen trabajadores, son meros instrumentos para captar fondos públicos”.

También ha apuntado a la concentración de hasta 8 millones en ayudas a empresas del sector del corcho del que fuera alcalde de Cazalla de la Sierra Ángel Rodríguez de la Borbolla.

Ha subrayado que en la mayoría de los casos no consta solicitud de ayuda por parte de las empresas ni expediente administrativo de concesión ni seguimiento de las mismas ni “se intentó su reintegro” cuando un informe de auditoría detectó irregularidades en algunas de ellas.

“No había absolutamente nada, el procedimiento era totalmente opaco”, ha repetido en varias ocasiones.

Una opacidad que se producía también porque la convocatoria de ayudas no era publicada y al final esas ayudas se daban “bien por vecindad, por relaciones de amistad y también por afinidad política”, ya que en el caso de la Sierra Norte hay “muchísimos alcaldes socialistas” beneficiarios, y “es imposible que un empresario de una almazara de Jaén pudiera conocer” su existencia.

Eran ayudas “al margen de lo que debería haber sido utilizado”, el Reglamento de Subvenciones de la Junta que aprobó la Consejería de Presidencia a finales de 2001, tres meses después del convenio marco firmado entre la Consejería de Empleo y el IFA por el que se creó el llamado “procedimiento específico” para pagar estas ayudas a través del ente público.

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LA TELA DE ARAÑA DE LA CORRUPCION DEL PSOE EN ANDALUCIA

Mensajepor Invitado » Mar 08 May, 2018 9:38 pm

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Denuncian el uso de ‘tarjetas black’ de la Junta en prostíbulos

Los populares exigen explicaciones a Susana Díaz tras denunciar el uso de estas presuntas tarjetas opacas para festines, alojamientos y reparaciones de vehículos privados.

El PP ha denunciado que se pagaron servicios de un club de alterne de Sevilla con “tarjetas black” de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), “en el seno” de la Junta de Andalucía, además de otros gastos como comidas, alojamientos e incluso reparaciones de vehículos.

La existencia de estas tarjetas opacas fue denunciada por el PP el pasado fin de semana y este martes ha tenido respuesta por parte del Gobierno andaluz, que ha negado su existencia y ha asegurado que en la Faffe sólo un directivo utilizó una tarjeta “y con muy poco gasto”.

Mestre ha exigido a Díaz que dé explicaciones sobre este asunto y que diga cuántas “VISA opacas” hay, quiénes las han usado, qué movimientos han tenido y qué se ha pagado con ellas.

La dirigente del PP-A ha puesto en duda “si hay más” y ha aludido también a las declaraciones de varios trabajadores de la Faffe que confirman la existencia de esas “tarjetas black”.

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LA TELA DE ARAÑA DE LA CORRUPCION DEL PSOE EN ANDALUCIA

Mensajepor corruPSOE » Mar 12 Jun, 2018 8:22 pm

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Manuela Hurtado, afectada en su empresa por una de las prejubilaciones fraudulentas
Una testigo 'canta' por sorpresa en el juicio de los EREs y hunde a Griñán: "Lo sabía todo"

La mujer ha declarado ante el tribunal que remitió varias cartas al expresidente andaluz advirtiéndole de la estafa que este no hizo nada.

Si en España hay Justicia y todo somos iguales ante la ley, este 23 de mayo de 2018 se le habra empezado por fin a 'caer el pelo' al socialista José Antonio Griñan, expresidente de la Junta de Andalucía y del PSOE

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"Jamás fui alertado de las irregularidades", dijo durante su declaración en el juicio de los ERE el socialista Griñán.

Sin embargo, este miércoles, en el momento mas inesperado, su coartada ha saltado literalmente por los aires.

Una testigo, prejubilada en uno de los ERE fraudulentos, ha relatado en la fase testifical del proceso que Griñán sí que estaba al tanto de las graves irregularidades. "Él lo sabía todo", ha confesado esta testigo, Manuela Hurtado.

Es más, ha confesado al tribunal que ella misma le envió al ex presidente andaluz varios escritos en los que le advertía de las anomalías.

Hurtado era empleada de la empresa Surcolor cuando los dueños de la firma, un año después de tomar el control de la misma, impusieron un expediente de regulación de empleo que iba a afectara toda la plantilla.

Para tal fin, el gobierno de Griñán concedió ayudas por un importe de 2.516.135,77 euros para el pago de indemnizaciones por despido improcedente de 24 trabajadores de Surcolor y Surcolor Óptica, aunque la póliza se terminó suscribiendo para 26 personas. Los dos añadidos eran dos "intrusos" vinculados al PSOE de la localidad sevillana de Camas.

La prejubilada ha insistido, a preguntas del fiscal, en que el ex presidente "lo sabía todo" merced a esas cartas que le envió. Logró reunirse-ha explicado-, ella y una representación de los trabajadores de Surcolor, con algunos altos cargos, incluido el entonces exvicepresidente Diego Valderas (IU) y el ex director de Trabajo, Daniel Alberto Rivera. Sin embargo, ha denunciado la testigo Hurtado, "todos nos decían que era muy complejo".

Valderas le trasladó que haría llegar la carta a otro departamento. Más tarde, Manuela Hurtado logró reunirse con Rivera, quien inicialmente también estuviera encausado en este procedimiento, pero le dijo que "el proceso era complejo, pero que nos iba a pagar".




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